Garantía de la suficiencia de las pensiones, 2% del PIB de los PGE, adecuar las cotizaciones de los autónomos a los ingresos realesUn acuerdo que mejora las pensiones presentes y futuras y amplía derechos para su percepción Las movilizaciones de los sindicatos del movimiento cívico en defensa de las pensiones dignas han sido fundamentales para presionar al gobierno frente al ministro Escriba

Marga Sanz. Responsable Pensionistas y Jubilad@s del Área de MO del PCE
Juan Guil. Responsable Pensionistas PSUCviu 01/07/2021

Después de meses negociando, sindicatos, patronal y Gobierno han llegado a un acuerdo sobre pensiones beneficioso para pensionistas y clase trabajadora. El acuerdo es un importante paso adelante después de los periodos anteriores donde prevalecían las políticas neoliberales de los gobiernos de turno.

Por primera vez en todo el periodo democrático se consiguen avances sustanciales. Éstos venían reflejados en el programa de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, y se logran pese a la presión ejercida desde la UE, la CEOE y el IBEX-35 sobre el Gobierno en un sentido contrario a los intereses de los trabajadores pero muy de acuerdo con los de los grandes grupos económicos y financieros.

Los sindicatos CCOO y UGT están siendo instrumentos principales para influir en el Gobierno a través de las movilizaciones en la calle que vienen impulsando desde 2017 con las marchas a Madrid en defensa de las pensiones públicas dignas. Lucha que se ha venido reforzando con la incorporación de otras plataformas sociales al mismo objetivo.

Sin embargo, en esta coyuntura, el interlocutor del Gobierno, el ministro Escrivá, sin duda influido por el IBEX-35 y los neoliberales que manejan la política económica en la Unión Europea, ha mantenido una posición visceral negándose en principio a derogar el Factor de Sostenibilidad de la reforma del 2013 que impuso el PP con su mayoría absoluta y a lanzar globos sonda para estudiar la reacción social con propuestas que ponían todas las trabas para que la negociación no fuera en la dirección adecuada al cumplimiento de los compromisos electorales y del programa pactado en materia de pensiones.

Pero la movilización social y la paciencia y firmeza en la mesa de negociación por parte de los sindicatos de clase han influido de madera determinante en la firma de un acuerdo positivo desde el punto del que se partía.

Derogación de la reforma de 2013

El acuerdo supone la derogación de la reforma de 2013, paso sustancial en la garantía de la suficiencia de las pensiones, tanto para los actuales pensionistas como para los futuros jubilados y jubiladas. Y ello porque se aprueban dos medidas fundamentales. Una, se suprime el Factor de Sostenibilidad que al vincular la pensión a evolución de la esperanza de vida se convertía en un factor de minusvaloración de la pensión inicial. Y, otra, se garantiza por ley la revalorización de las pensiones ligadas al IPC medio anual registrado garantizándose el poder adquisitivo de las pensiones, a la vez que se contempla que si hubiera inflación negativa, no se aplicaría ninguna deducción en las mismas.

Como garantía para unas pensiones sostenibles, el Gobierno se compromete a realizar unos ingresos adicionales anuales en torno al 2% del PIB del los PGE culminándose el Principio de separación de fuentes de financiación, a la vez que al adecuar las cotizaciones de autónomos a sus ingresos reales, además de ser más justo, aportará mayores ingresos al sistema.

Respecto a las medidas de jubilación, es aquí donde los acuerdos posibles han sido más dificultosos y deberemos incidir en ellos en el futuro. Pero hay que reconocer, valorando la precariedad del mercado laboral, que se consiguen más derechos en la jubilación anticipada como son las involuntarias, especialmente en trabajos penosos, tóxicos, insalubres o peligrosos que afectan a más de 30 especialidades.

Nuevos derechos

Junto a ello, el acuerdo reconoce nuevos derechos como el de la pensión de viudedad a las parejas de hecho equiparándose a las del matrimonio; la extensión del derecho a cotización para las personas becarias, tanto universitarias como de Formación Profesional; o la mejora de los convenios especiales de cuidadores o cuidadoras familiares de personas en situación de dependencia. Igualmente, se blinda la “clausula de salvaguardia” de forma indefinida, que mantiene los derechos de los y las trabajadoras que perdieron el empleo en la anterior crisis sin encontrar nuevamente trabajo. Y respecto a la incapacidad temporal de los fijos-discontinuos, de trabajadores/as agrarios y de la industria agroalimentaria, se garantiza que la cuantía de la prestación se corresponda progresivamente con el salario realmente percibido en su periodo de actividad real.

Estos acuerdos inician el desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo y su contenido es producto del compromiso programático de Unidas-Podemos y el PSOE que sustenta la acción del Gobierno. En él se acordó atajar los temas pendientes del Pacto Toledo para avanzar positivamente en beneficio de la clase trabajadora. Las movilizaciones de los sindicatos CCOO y UGT y del movimiento cívico en defensa de las pensiones dignas: Plataformas, Mareas, COESPE y otras entidades reivindicativas, han sido necesarias para el avance de estas mejoras y para la consolidación del sistema público de pensiones. Establecer un espacio de cooperación sería positivo para influir más en la sociedad y cerrar el paso a esa parte del gobierno tan proclive a favorecer al gran capital.

No cabe duda que el camino será largo y quedan todavía aspectos pendientes como la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, el impulso de los planes de pensiones de empresa, o la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de solidaridad intergeneracional entre otros, cuya peligrosidad debe aunar la mayor movilización social nuevamente en defensa de los intereses de la clase trabajadora.

En todo caso el acuerdo marca un punto de inflexión que debería acometer la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral en el marco del diálogo social, para facilitar la generación de trabajo, de trabajo digno con mejores salarios, lo que también repercute en la mejora de los ingresos de la Seguridad Social.

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