Condenado el empresario que organizó el asesinato de Bertha Cáceres

Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL) 06/07/2021

Los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional han declarado culpable al empresario Roberto David Castillo, militar y ejecutivo de DESA, por el asesinato de la defensora de los derechos humanos Bertha Cáceres. El 3 de agosto se anunciará la condena que le corresponde, entre 25 y 30 años de prisión.

El Ministerio Público advirtió que “la causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar a otros autores intelectuales involucrados en el asesinato”.

El 3 de marzo de 2016, los asesinos penetraron por la noche en la casa de Bertha Cáceres y la acribillaron. Era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que se oponía a un proyecto hidroeléctrico de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).

Según la fiscalía, “la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y de otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA en el territorio ancestral del pueblo indígena lenca”.

En 2018 fueron condenados por su participación Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA, y Mariano Díaz Chávez, miembro del Primer Batallón de Inteligencia y mayor de las Fuerzas Armadas hasta su arresto. También los sicarios Edilson Atilio Duarte Meza, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Elvin Heriberto Rápalo Orellana.

El equipo de abogados de la familia de Cáceres había acusado a Castillo, subteniente del ejército en condición de retiro, de “participar en la planificación, coordinación, aseguramiento de ejecución y verificación del asesinato de Berta Cáceres”.

Bertha Cáceres ganó en 2015 el premio internacional Goldman que se otorga a líderes ambientalistas comunitarios.

La comunidad lenca, que debió ser consultada según la ley sobre la presa concedida a DESA, se opuso al proyecto desde el principio bajo el argumento de que la hidroeléctrica pondría en peligro los recursos acuíferos y la forma de vida de la comunidad.

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