Vicepresidente del Tribunal Permanente de los PueblosJavier Giraldo: 'La respuesta del Estado colombiano a la protesta social encaja en la denuncia de genocidio' “Las dos vías que la legalidad actual nos da para un cambio de estructuras que necesita Colombia, que son el aparato electoral y el parlamento, están completamente putrefactas”

Guadalupe Barahona 27/07/2021

El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno es un referente de la defensa de los derechos humanos en Colombia. En él han tenido un acérrimo defensor las comunidades campesinas y líderes sociales de las regiones más castigadas por el terror estatal y paraestatal. Autor de varios libros en los que documenta la impunidad en el exterminio de estas comunidades victimizadas en las zonas rurales de Colombia, Javier Giraldo trabaja desde 1972 con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), y es fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ha recibido el Premio Internacional, Asociación de Derechos Humanos de España, el Premio John Humphrey a la Libertad y el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo. Fue miembro de la Comisión Histórica sobre el origen del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

GUADALUPE BARAHONA: Es la tercera sesión en la que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se ocupa de Colombia: en 1991 juzgó la impunidad en los crímenes de lesa humanidad, y en 2008 juzgó el accionar de las empresas transnacionales. ¿Qué aporta el TPP, teniendo en cuenta que no puede sancionar?

JAVIER GIRALDO:
El TPP es un tribunal de opinión. Se apoya en la sentencia del tribunal Russell que surgió con la guerra de Vietnam. El senador italiano Lello Basso fue relator del segundo Tribunal Russell sobre las dictaduras de América Latina y fue a la vez el fundador del Tribunal Permanente de los Pueblos en 1979, para continuar esa misma experiencia. Él enfatizó la convicción de que un tribunal no es necesariamente la emanación de un poder estatal o interestatal, sino que precisamente las razones de Estado son una limitación a una sentencia judicial que tenga una profunda dimensión ética y, por lo tanto, mayor independencia. El tribunal ya lleva 48 sentencias, y en todas ellas hay una sabiduría muy profunda y un análisis de lo que han padecido los pueblos que han sido más oprimidos en la historia de la humanidad. El esfuerzo que hace el tribunal es precisamente confrontar los hechos con los ideales jurídicos que la humanidad ha expresado en el Derecho Internacional, y que muchas veces se quedan en el papel. Se les entrega a las víctimas colectivas un arma ética y política de mucha trascendencia en estas sentencias.

G.B.: ¿Qué es lo más trascendente de este fallo histórico del TPP sobre Colombia?

J.G.:
La sentencia que se acaba de emitir sobre el genocidio en Colombia es ejemplar. Abarca la dimensión de un libro, y profundiza en dos siglos de la existencia y del sufrimiento del pueblo colombiano. Esto se ha motivado precisamente en que después de varias sesiones del TPP, los gobiernos nunca aceptaban poner en práctica las recomendaciones del tribunal, y los mismos movimientos sociales de Colombia empezaron a hacer una evaluación de fondo y vieron que las grandes masacres y las manifestaciones de opresión respondían a un mismo libreto, que tenía elementos que fueron constantes en todas las formas de represión estatal durante este último siglo y mucho más atrás. De ahí surgió la idea de pedirle al Tribunal Permanente de los Pueblos que hiciera una lectura de las estructuras genocidas del Estado colombiano, casi desde su fundación. Esa lectura la pudo hacer de manera muy ilustrada esta sesión del tribunal porque la causa fue promovida por los movimientos sociales y políticos, a través de sobrevivientes o de historiadores que los han estudiado. Durante este último siglo la mayoría de los movimientos sociales y políticos fueron exterminados. Esto quedó palpablemente demostrado en las audiencias que organizó el tribunal en el mes de marzo, resumidas en la sentencia. Allí se muestra esa larga trayectoria de exterminio violento y cruel de los movimientos que no comparten la ideología de la élite gobernante. En la sentencia se hizo un recuento histórico de las formas de represión y brutalidad del Estado, y se profundizó en el sentido y la tipificación del genocidio en el derecho internacional. Esos fueron tres elementos muy fundamentales en la sentencia.

G.B.: El fallo del tribunal habla de genocidio continuado. ¿Es novedoso que se hable de genocidio dentro del mismo país y del mismo grupo?

J.G.:
Es la primera vez que se habla de genocidio continuado. Pero la misma caracterización o tipificación del genocidio en el derecho internacional está aludiendo a la destrucción total o parcial de un grupo humano con una identidad común. El hecho mismo de que se haya profundizado en la trayectoria histórica del genocidio en Colombia hace que el término de genocidio continuado sea justificado.

G.B.: ¿Cuáles son las causas profundas de estas prácticas sostenidas de exterminio, de desplazamiento, de desaparición forzada, que van más allá de gobiernos, de distinto signo político?

J.G.:
El genocidio es estructural, el término también aparece en la sentencia. La conclusión a la cual se llega después de todos estos análisis es precisamente que esto no corresponde a gobiernos particulares, limitados, sino que en la misma estructura del Estado colombiano se ha ido arraigando una práctica que es estructural.

G.B.: Desde el 28 de abril de este año asistimos a un estallido social y una brutal represión. ¿Qué elementos de continuidad hay con respecto a las prácticas que identifica el tribunal?

J.G.:
Las audiencias tuvieron lugar en el mes de marzo, y el tribunal pidió un plazo de dos meses para elaborar la sentencia, porque la denuncia abarcaba un período muy extenso. Mientras se elaboraba la sentencia se empezó a dar la movilización del Paro Nacional y la respuesta brutal del Estado. La sentencia alcanza a mencionar eso, porque esa respuesta del Estado se acopla perfectamente a la denuncia de lo que es el genocidio. Es tratar de exterminar, de eliminar a los que tienen una identidad alternativa, lo que llamamos una otredad negativa. Los movimientos contestatarios, de rebeldía, son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, un otro demoníaco, que hay que exterminar. Ahí está la motivación para responder con una violencia que busca el exterminio de esa otredad. Esa es la característica central del genocidio y se aplica perfectamente en la respuesta a esta movilización de los últimos meses.

G.B.: ¿Qué peso ha tenido el incumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, por ejemplo en lo sucedido en Cali, que casi se ha convertido en la capital de la resistencia durante gran parte del Paro Nacional?

J.G.:
El incumplimiento de los acuerdos de paz es un elemento motivacional de la protesta a nivel nacional, cubre todo el país. Pero la situación de Cali, que es el epicentro de esta protesta, tiene características particulares también. Cali es una de las ciudades donde el neoliberalismo y las multinacionales se ha desarrollado intensamente, con una presencia étnica, sobre todo afrocolombiana, de un alto porcentaje de la población; donde también la población indígena está muy cerca. Y donde ese desprecio por lo étnico en los sectores medios y altos de la sociedad, así como la diferencia de clases se siente más fuertemente, todo para los jóvenes, que han sido protagonistas de esta movilización. Ellos se definen a sí mismos como “los jóvenes sin futuro”: no han podido tener una educación, un trabajo, un acceso a servicios fundamentales, a alimentación. Ellos mismos dicen que si no estuvieran en las barricadas, no tendrían qué comer. Están gozando de la solidaridad de otros sectores de la sociedad que han alimentado las ollas comunitarias. Esas características no son ajenas a otras regiones, pero en Cali se concentran.

G.B.: ¿Una salida electoral es suficiente o abre el camino de solucionar las causas profundas de la violencia estructural del Estado colombiano?

J.G.:
Precisamente ese es un punto central. En este mes va a haber después del 20 de julio una asamblea popular en Cali, con participación de todas las regiones del país. Y uno de los puntos de discusión es precisamente si el camino electoral es viable para los cambios que se están exigiendo. Yo he sostenido que las dos vías que la legalidad actual nos da para un cambio de estructuras que necesita Colombia, que son el aparato electoral y el parlamento, son vías que están completamente putrefactas. No las deberíamos utilizar en este momento, porque allí se concentra la corrupción: tanto en el sistema electoral como en el sistema parlamentario. En las asambleas que se están multiplicando se está debatiendo eso, y vamos a ver qué logra construir la imaginación para abrir una vía alternativa.

Publicado en el Nº 346 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto

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