Iberdrola, saca tus sucias manos del agua de Extremadura

Rafa González 17/08/2021

Cáceres, con casi 100.000 habitantes, es la segunda ciudad más poblada de Extremadura y se encuentra en una situación crítica de abastecimiento de agua por las prácticas mafiosas de Iberdrola.

Tal y como suena. Una de las compañías del oligopólico eléctrico que, como no tiene suficiente con robarnos cada mes en la factura de la luz, está vaciando los pantanos extremeños para producir energía sin que le importe poner en riesgo el suministro de agua potable para la población.

Esto tiene su origen en los aprovechamientos hidroeléctricos, es decir, la concesión de un determinado caudal de agua y de utilización del tramo de río afectado mediante el conjunto de obras e instalaciones que permiten la generación de energía utilizando la fuerza del agua en una o varias centrales. Son otorgados mediante concesiones del Estado, directamente o a través de las confederaciones hidrográficas.

En Extremadura la mayoría de estas concesiones se otorgaron entre los años cincuenta y setenta, en plena dictadura franquista, aunque hay algunos casos posteriores. Las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, por lo general, al modelo por el que, a cambio de las inversiones privadas necesarias para la construcción de los saltos, la Administración otorgaba a los promotores una concesión de aguas con una duración de 75 años, sujeta a la condición de que al finalizar el plazo las instalaciones debían revertir al Estado.

ENERGÍA BARATA QUE VENDEN A PRECIO DE ORO

El negocio es redondo. Todas las centrales han sido amortizadas a lo largo de décadas y son de las más rentables para las empresas eléctricas, puesto que el singular sistema de retribución establece el mismo precio para la electricidad producida por las centrales más caras (ciclo combinado) que por las más baratas (hidroeléctricas). Con lo cual las empresas lo han utilizado para obtener enormes beneficios y alterar el precio de la electricidad, como han demostrado las reiteradas sanciones de la CNMC, que ni se aproximan al beneficio obtenido.

Este mercado perverso de la energía está diseñado para anteponer el beneficio privado frente a los derechos como tener acceso al agua o al propio suministro eléctrico y solo se puede resolver poniendo en manos públicas la producción energética del país que, en declaraciones de Enrique Santiago, Secretario General del PCE, “es una propuesta razonada y factible que desde Izquierda Unida venimos planteando y que Unidas Podemos también ha defendido y expuesto públicamente de manera argumentada durante esta etapa de gobierno de coalición”. Y añade que “no se puede perder ni un minuto más en realizar lo que en buena parte de los países de nuestro entorno es una realidad desde hace décadas, mucho antes incluso de que en España estallara esa inútil competencia para ver quién privatizaba más y más rápido que nos ha arrastrado hasta aquí”.

LA PUERTA GIRATORIA DEL AMIGO

Este robo a mano armada que cometen las eléctricas, al que ahora se suma el saqueo de los recursos naturales, no sería posible sin los colaboradores necesarios que pasan de la política a sentarse en los consejos de administración del oligopólico eléctrico. En el caso de Extremadura, como no podía ser de otra manera, es un político del PSOE el que se sienta casualmente en el Consejo de Administración de Iberdrola.

Este oscuro personaje nominalmente socialista se llama Manuel Amigo Mateos y fue conocido como “la mano derecha de Ibarra”. Entró en la política regional en 1987 como Director General de la Consejería de Presidencia y luego ocupó, sucesivamente, los cargos de consejero en Presidencia y Trabajo (1989-1993), Economía y Hacienda (1993-1999), Economía, Industria y Comercio (1999-2003) y Economía y Trabajo desde 2003 hasta 2007. Fue diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura durante dos legislaturas. Además de sentarse en el Consejo de Administración de la eléctrica que está dejando sin acceso al agua a una parte de la provincia de Cáceres, es responsable directo del sufrimiento de miles de extremeños y extremeñas. Pues mientras se llena los bolsillos, unos 65.000 hogares de la región sufren lo que se denomina pobreza energética, es decir, no pueden permitirse unos servicios energéticos suficientes para satisfacer sus necesidades.

LA ÚNICA SOLUCIÓN ES LA NACIONALIZACIÓN

Para la organización del Partido Comunista de España (PCE) en Extremadura resulta inaudito que estas eléctricas se estén haciendo de oro a costa de unas concesiones adjudicadas por el anterior régimen. Se demuestra así, una vez más, la vinculación de la dictadura con las grandes corporaciones empresariales, destacando entre ellas las del oligopólico eléctrico. Tanto o más sangrante es que la producción energética realizada en estas centrales no genera ningún beneficio ni para la hacienda extremeña ni para las poblaciones afectadas. Es aún más hiriente que la región exporte el 75% de su producción mientras que las personas más humildes de Extremadura tienen grandes dificultades o directamente no pueden acceder al suministro eléctrico.

El PCE denuncia que los desembalses salvajes de Iberdrola generan energía hidráulica a muy bajo precio, pues la producción de esta energía es la más barata, pero los consumidores la compramos al precio más alto. Para los extremeños y las extremeñas, al pillaje del agua -que amenaza con cortes puntuales de este bien básico- y la energía se suman los precios abusivos y desregulados que asfixian a una población robada y empobrecida en plena ola de calor. Muchas de las personas que viven en Extremadura no pueden poner en marcha sistemas de refrigeración con el consecuente riesgo para la salud que ello supone. Nuevamente vemos las prioridades del capital y las consecuencias del servilismo institucional a los especuladores.

Las y los comunistas de Extremadura exigen que las administraciones públicas reclamen la gestión directa de los aprovechamientos hidroeléctricos de la región mediante una empresa pública que asuma la explotación de los recursos hídricos, lo cual permitiría a los extremeños y a las extremeñas participar en el reparto de beneficios de la producción y distribución energética, opción que además incentivaría la transición energética en la comunidad, haría accesible a la ciudadanía de la región la participación en el nuevo modelo energético y garantizaría el uso del agua al servicio de la ciudadanía.

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