Por vacunarse abusando de su posición han tenido que dimitir altos cargos sin que les valiera el haber actuado por instinto de conservación que, precisamente actuando así, les negaron a otros.

¿Qué merecerá quien priorizó ilegalmente la vacunación de 1.500 personas que casi todas le ayudaban votándola ellas y sus próximos?

Eso es lo que acabamos de saber que hizo con 1.500 monjas la presidenta Ayuso que, si hay justicia, debe ser llevada ya ante el juez, cuando está candente el problema, antes de que pueda repetir el irreparable daño que ha causado o haya quienes la imiten, animados por su actual impunidad.