El gobierno de izquierdas acabó con la corrupción entre los empresarios y el PPAstorga, modelo de la municipalización de la recogida de residuos y la limpieza viaria No sólo es posible sino que es la opción más rentable, de más calidad y gestionada por el Ayuntamiento

José María Jáñez Franco. Teniente de alcalde, concejal de hacienda y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Astorga 11/09/2021

El Ayuntamiento de Astorga, al igual que sucediera en tantos otros municipios, privatizó durante los años ochenta sus servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio. Desde entonces, la gestión de estos servicios municipales ha corrido a cargo de diferentes contratas. En 2002, el Ayuntamiento sacó a licitación el último concurso, resultando adjudicataria la empresa URBASER, en ese momento aún filial del grupo ACS de Florentino Pérez y recientemente adquirida por un fondo de inversión norteamericano (Platinum Equity) por un valor de 3.454 millones de euros, tras haber pasado en 2016 a manos del fondo China Tianying.

En octubre de 2012 se extinguió el periodo de vigencia y las prórrogas del contrato de concesión existente entre el Ayuntamiento de Astorga y URBASER, aunque siguió prestando sus servicios por tratarse de servicios esenciales y haciéndolo además con toda la maquinara amortizada y sin implementar desde entonces ni una sola inversión, con un servicio precario y una maquinaria que se cae a pedazos.

En 2018, en la Operación Enredadera, detienen en calidad de investigados al alcalde y tres concejales popular, entre ellos el de medio ambiente, siendo el contrato de la basura y de la limpieza viaria el más importante de todos los que la UDEF y la Fiscalía estaban investigando. Al respecto, es importante recordar que:

- URBASER -entonces filial de ACS-, fue condenada junto al resto de las grandes empresas del sector a pagar una multa de aproximadamente 100 millones de euros por prácticas comerciales colusorias. La resolución fue emitida por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) el 8 de enero de 2015 y consideró probadas como habituales y estables en el tiempo prácticas prohibidas por anticompetitivas por el propio artículo 1º de la Ley de Defensa de la Competencia. En concreto, determinó como probado que estas empresas habían formado un cártel junto con las asociaciones sectoriales en las que se agrupan, destinado a concertar de forma global el reparto del mercado, respetando cada una de ellas los clientes de sus hipotéticos competidores, repartiéndose los nuevos e intercambiando entre sí información comercial sensible. La mayor sanción correspondió a URBASER y SERTEGO, las dos filiales de ACS en el sector, con una multa por importe de 23 millones de euros. Le siguieron FCC, VALORIZA-SACYR, CESPA, SAICA y así hasta 42 empresas, prácticamente la totalidad de los operadores.

- Y el otro dato relevante es que ACS -empresa entonces matriz de URBASER- aparecía citada entre los papeles de Bárcenas, o lo que es lo mismo: implicada en la trama Gürtel. Según la contabilidad B llevada por el extesorero del PP, ACS se comprometería a donar 1 millón de euros al PP. Dichos donativos se producirían encubiertos como anónimos, dado que, por su naturaleza de contratista con la Administración, ésta tenía prohibido entregar dinero a las formaciones políticas. El manuscrito escrito con la caligrafía de Luís Bárcenas bajo el epígrafe “Galicia” dice textualmente “ACS: se comprom. a 1 M€, ha dado 30.000 € / Ingr. 2006 en donat.: = 360 M./Pts”. Se trata de una época en la que además de coincidir con elecciones en Galicia, ésta y otras empresas que también aparecen citadas en la documentación de Bárcenas (OHL o FCC), eran adjudicatarios de contratas multimillonarias con las administraciones públicas gobernadas por el PP.

IU entra en el gobierno municipal

En 2019 se constituye en Astorga un nuevo gobierno municipal de coalición entre PSOE e IU, entre cuyos principales acuerdos programáticos de gobierno se incluyó la remunicipalización de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y punto limpio, un asunto del que la asamblea de Izquierda Unida había hecho bandera al menos desde 2011.

Los servicios de recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos y de la limpieza viaria (junto con los relacionados con el ciclo integral del agua), constituyen los servicios más importantes que gestionan los Ayuntamientos, tanto por su cuantía (que suele oscilar en torno al 10% del presupuesto municipal), como también por sus especiales características de esencialidad y el carácter de su prestación necesariamente ininterrumpida.

Para que los municipios puedan gozar de autonomía, tal y como viene consagrada en la Constitución de 1978, además de competencias y de financiación suficiente, es requisito imprescindible que sus principales servicios públicos se encuentren bajo su poder y control, ya que, si la gestión de los grandes servicios públicos se externaliza y pasan a manos de empresas multinacionales, los Ayuntamientos se encontrarán a merced de éstas, quedando el elemento democrático reducido sencillamente a un plano simbólico, formal, pero estéril en lo material.

Sin embargo, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en 2013, junto con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, normas ambas derivadas de la nefasta reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978 aprobada en 2011, con la que se dotó de rango constitucional al dogma neoliberal, no hacían otra cosa si no dificultar los procesos remunicipalizadores, logrando llevar al traste la gran mayoría de los procesos de recuperación de la gestión de los servicios públicos municipales iniciados a partir de 2015 con los nuevos gobiernos del cambio. ¿Acaso la lógica no debería ser la contraria? Que la gestión pública de los servicios esenciales estuviera blindada por ley, o fuera cuanto menos la regla general, debería ser lo normal. Es una reforma legislativa pendiente, fundamental.

Con IU se aprueba un Plan Municipal de Residuos

El Ayuntamiento de Astorga, a través del impulso de las concejalías de Hacienda y de Medio Ambiente, ambas en manos de IU, elaboraron un Plan Municipal de Residuos, el cual, incorporando la recogida de la fracción orgánica, definiera el modelo de gestión de residuos más avanzado de nuestra provincia (León) y a la vanguardia de la Comunidad (Castilla y León). Y el Pleno del Ayuntamiento aprobó la constitución de una Comisión de estudio de composición mixta (política y técnica), encargada de elaborar y aprobar una memoria que analizase las diferentes fórmulas de gestión de los servicios desde el punto de vista jurídico, social y económico- financiero.

La comisión dio luz verde al Plan Municipal de Residuos y a una Memoria para proponer al Pleno la gestión directa de dichos servicios a través de una sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, con subrogación de la plantilla que actualmente presta sus servicios. Es decir, a través de una sociedad mercantil pública. Se llegó a esta conclusión tras valorar todas las virtudes e inconvenientes de cada una de las fórmulas posibles, razonando que la empresa pública es la fórmula más adecuada, eficiente y sostenible para la gestión de dichos servicios en nuestro municipio.

Además, el nuevo servicio y la empresa municipal cuentan con el aval de un Estudio de Viabilidad serio y riguroso. Dicho Estudio refleja el coste de mercado (coste real), la viabilidad y la recuperación de inversiones de los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y punto limpio, acreditando que la fórmula elegida por la comisión es la más sostenible y eficiente de todas las permitidas por la legislación del régimen local vigente.

El Estudio de Viabilidad concluye que un servicio tan precario y obsoleto como el actual, el cual ni siquiera contempla la recogida de la fracción orgánica, costaría 1.041.219,51 euros anuales. Sin embargo, gracias a la gestión directa del servicio a través de una empresa 100% municipal, lograremos tener un servicio de altísima calidad, sin parangón en la provincia y en la Comunidad, con un crédito anual de 1.092.661,47 euros, solo 51.441,96 euros más, doblando en calidad el servicio actualmente prestado.

El servicio diseñado, pensado para un municipio con un alto valor patrimonial y preocupado por el medio ambiente, a través de una nueva privatización nos costaría 1.443.260,82 euros en el capítulo 2º del estado de gastos de cada presupuesto, algo inasumible para nuestra hacienda local, lo que conllevaría inevitablemente subidas de impuestos y recortes drásticos en servicios esenciales.

Por su parte, la inversión para renovar y adquirir por completo toda la nueva maquinaria, los contenedores, las instalaciones y en definitiva, la completa modernización del servicio, se podrá financiar con un crédito bancario con un interés máximo del 0,012%, con un capital vivo y un coste financiero no solamente sostenible, si no prácticamente inapreciable para nuestra hacienda municipal.

El Estudio de Viabilidad ha proyectado una actualización anual de gastos del 2,5%. Y la amortización de la inversión se ha previsto para un periodo de 10 años, pasados los cuales la propia entidad mercantil municipal tendrá capacidad de financiar por sí misma la renovación de su propia maquinaria de forma completa otra vez. La rentabilidad de la empresa pública diseñada para un periodo de 10 años es del 6,15%, acreditándose la viabilidad y la sostenibilidad de la empresa municipal, destacándose como la mejor opción sobre todas las demás.

Oponerse a la municipalización de los servicios públicos y defender las privatizaciones, implica defender los intereses de las grandes corporaciones. Sabemos de las presiones, somos conscientes también de las dificultades que implica ponerse a gestionar nuevos servicios, pero los cargos públicos de izquierdas debemos comprometernos a trabajar para asumir la gestión directa de los servicios privatizados. El caso de Astorga podría servir de ejemplo.

Publicado en el Nº 346 de la edición impresa de Mundo Obrero julio-agosto 2021

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