Alocución de Santiago Carrillo sobre la detención de Julián Grimau (noviembre de 1962)

Santiago Vega Sombría. Sección de Historia de la FIM 21/09/2021

Presentación de documento nº 44

El discurso del secretario general del PCE, Santiago Carrillo, se produce unos días después de la detención en Madrid del destacado miembro del Comité Central del PCE, Julián Grimau, el 8 de noviembre de 1962. El tono solemne dirigido a todos los españoles -y no solo a los militantes comunistas- era norma habitual en las emisiones de “La Pirenaica”. Aunque era emisora de partido, pretendía ofrecer un enfoque plural fomentado especialmente desde la apuesta por la reconciliación nacional en 1956.

En 1962 la dictadura franquista se enfrentó a un intenso despertar del movimiento obrero con las huelgas de Asturias y el resto del país, que fueron contestadas con un recrudecimiento de la represión (doc. 43). Estas movilizaciones implicaban un crecimiento de la actividad del PCE, que en Madrid contaba -desde la detención de Simón Sánchez Montero- con Julián Grimau como responsable de la organización en el “interior”. Por ese motivo, al igual que todos sus predecesores, era el objetivo prioritario de la policía política franquista, la Brigada Político Social (BPS).

Tras la detención de Grimau se instruyó un procedimiento judicial por “intento de suicidio” en las dependencias de la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol, pues según la BPS “al invitarle a que pasase a la Inspección de Guardia […] se volvió rápidamente y tomando un gran impulso, al tiempo que ponía un pie en una silla próxima a una ventana, se arrojó a través de los cristales a la calle”. Desde la guerra los casos oficiales de “suicidio” habían sido recurrentes pues escondían muertes por torturas en los cuarteles de Falange o de la Guardia Civil, comisarías y sedes de la DGS. En 1939 hubo al menos una muerte a causa de la violencia policial en cada una de las 9 comisarías de distrito de Madrid y 12 en las sedes de la DGS (Serrano 108 y Puerta del Sol). Las malas prácticas policiales contaban con el respaldo judicial. Los jueces siempre otorgaban credibilidad a la Policía, descartaban la posibilidad de existencia de torturas y, en caso de que éstas fueran irrefutables, certificaban que aquéllas no habían sido determinantes para provocar la muerte del detenido. El sumario por intento de suicidio de Grimau fue sobreseído (15 de enero de 1962) sin apenas diligencias. No fue permitido el informe de un médico independiente, ni declaración de la víctima a propuesta de la defensa, ni recreaciones para verificar si efectivamente había sido un intento de suicidio o por el contrario, fruto de una actuación policial, es decir, lanzado al patio de la DGS desde el despacho donde le interrogaron. El parte médico describía los dos brazos escayolados y fractura de cráneo, de la que Grimau tuvo que ser operado de urgencia en una clínica de la calle General Ricardos en Carabanchel y de ahí trasladado al Hospital Penitenciario de Yeserías. A otros comunistas, como José Sandoval, Carlos Álvarez o Víctor Díaz Cardiel, cuando posteriormente pasaron por el mismo despacho de la DGS, la Policía quería convencerles de que su camarada se había lanzado por la ventana.

Las intensas movilizaciones de 1962 avivaron el debate en el seno de la dictadura, entre aperturistas e inmovilistas, sobre quién debía recaer la persecución y condena de toda oposición política o sindical. Desde 1936 esas competencias judiciales eran monopolio de la jurisdicción militar, lo que era objeto de denuncia por organismos como el Comité Internacional de Juristas de Ginebra. Para evitar esas críticas, los tecnócratas/aperturistas pretendían limitar ese protagonismo militar. No es ajena a esa pretendida modernización jurisdiccional la petición de ingreso en el Mercado Común cursada el 9 de febrero de 1962 por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella. Era preciso mostrar la cara más amable de la dictadura ante la Europa democrática. Los inmovilistas, en cambio, tenían sus “argumentos” para dar un escarmiento ejemplar a la oposición antifranquista. La víctima elegida, Julián Grimau, era el preso de mayor relevancia en el organigrama del partido más destacado entre sus enemigos.

A pesar de que en los consejos de ministros, desde febrero de 1963, ya se estudiaba el proyecto de creación del Tribunal de Orden Público para sustituir a la jurisdicción militar por la civil, retrasaron su puesta en marcha con el único objetivo de condenar a muerte y ejecutar al dirigente comunista, puesto que los tribunales civiles previstos no podrían imponer la última pena. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, tuvo un papel fundamental en la campaña de difamación a través de la prensa, primero para defender el presunto intento de suicidio (como haría años después con el asesinato de Enrique Ruano) y después con la presentación de Grimau como el “criminal responsable de una checa” en la Barcelona republicana, mediante pruebas manipuladas. El proceso judicial sufrió los vicios y la falta de garantías jurídicas habituales desde el golpe de 1936, pero 26 años después de éste y tras 23 años de “paz”.

Finalmente, el 20 de abril de 1963, Julián Grimau fue fusilado. Sería el último ejecutado por acusaciones sobre acontecimientos sucedidos durante la guerra civil. La dictadura permaneció inflexible, a pesar de la movilización del PCE y todas sus organizaciones hermanas, con manifestaciones ante las embajadas españolas y la presión internacional con las peticiones de clemencia, entre otros, de Isabel II de Inglaterra, Nikita Jruchsev, Juan XXIII, obispos de París, Santiago de Cuba, Milán,...

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