Balance de las medidas del Ministerio de Trabajo a favor de la creación y protección del empleoYolanda Díaz, una ministra comunista al servicio de la clase trabajadora

Ricard Juan. Área Movimiento Obrero PCE 26/09/2021

Subidas históricas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), datos de creación de empleo que baten todos los récords, lucha implacable contra la precariedad y el fraude laboral, medidas de protección de empleo en plena pandemia… Muchas de las medidas aprobadas han salido adelante con el diálogo social y acuerdos entre los sindicatos y… ¡la patronal! y todo… ¡Con una “comunista” al frente del Ministerio de Trabajo!, como no deja de recordar la derecha institucional y mediática. En las actuales circunstancias de pandemia y la situación económica que acarrea, es necesario explicar cuáles han sido las medidas del escudo social y demás políticas implementadas desde el Ministerio de trabajo dirigido por Yolanda Díaz, así como la importancia de las mismas en la defensa de los intereses de la mayoría trabajadora.

No es de recibo cómo el gobierno (sobre todo los ministerios dirigidos por Unidas Podemos) ha estado sujeto a enormes presiones y permanentes campañas de acoso y derribo, o directamente de boicots, por parte de quienes consideran ilegítimo que militantes de la izquierda y comunistas, ocupen puestos destacados en el gobierno central. No asumen nuestra existencia ni nuestra fuerza parlamentaria expresada en los resultados de las elecciones, puesto que consideran a los aparatos del Estado como su cortijo particular. Desde la gran patronal a las familias más poderosas, desde la derecha y la ultraderecha, pasando por las empresas de comunicación y los sectores más ultraliberales en el gobierno y el PSOE, actúan con un objetivo común: hacer fracasar y expulsar del gobierno a quien no responde ante sus intereses de clase.

Ante algunas relativizaciones y menosprecios, es imperioso explicar el calado y la dimensión del trabajo realizado desde los ministerios dirigidos por UP (en este caso el de Trabajo), que se han crecido ante tremendas dificultades en defensa de los intereses de la mayoría social trabajadora, en los momentos más adversos de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, superando todas las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse, tratando de activar unos servicios públicos laminados tras años de salvajes recortes y privatizaciones (SEPE, FOGASA, Inspección de Trabajo, etc), con plantillas tremendamente reducidas y medios tecnológicos muy desfasados, teniendo, además, sus competencias descentralizadas en Comunidades Autónomas, muchas de las cuales no han dudado en utilizarlas para actuar en contra del Gobierno.

La presencia de UP en el Gobierno pone en el centro a la clase trabajadora

En la anterior crisis, debido a las políticas austericidas impuestas por la UE y aplicadas por los distintos gobiernos bipartidistas, y luego ahondadas por Mariano Rajoy, la caída del 4,36% del PIB en el año 2009 significó un desplome del 6,69% de las afiliaciones a la Seguridad Social. En cambio, con la pandemia, gracias a las políticas auspiciadas por UP y aplicadas por el Gobierno, la caída del 21,51% del PIB ha significado solo un descenso de afiliación a la Seguridad social del 4,38%. La rápida creación de empleo que se está dando en estos meses, tiene mucho que ver con el escudo social, así como otras medidas que se han indo aplicando a lo largo de esta legislatura.

Una de las claves para salvar el máximo de empleos, velar por la salud pública y recuperar la economía sin dejar a nadie atrás, han sido los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Para ser conscientes de su magnitud en defensa del empleo, solo basta comparar las políticas del Gobierno del PP en la crisis del 2011 y las de Yolanda Díaz en 2020 y 2021. Los datos hablan por sí solos: Con M. Rajoy se acogieron a los ERTE solo 60.000 personas frente a los más de 3,4 millones con Yolanda Díaz. Unos ERTEs que han impedido la destrucción de millones de empleos, sumados a otras medidas como el teletrabajo, ayudas a empresas y autónomos, etc. Exponemos a continuación algunas de las medidas más importantes que el Ministerio de Trabajo ha implementado en defensa de los intereses de la clase trabajadora:

Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTEs)

Ya en el mes de febrero de 2020, antes de implantarse el estado de alarma y el confinamiento -y con muchas críticas de la patronal y desde el lado socialista del Gobierno-, el Ministerio de Trabajo redactó una guía con las medidas necesarias para paralizar la producción, velar por la salud frente al virus y defender el empleo, suspendiendo temporalmente los contratos para no extinguirlos, a través de los ERTE.

Con tal fin se modificaron las condiciones de los ERTE para cubrir al máximo de trabajadores con los recursos públicos del Estado: ERTEs por fuerza mayor por causa del Covid-19, así como los considerados ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas), con exoneraciones de las empresas a las cuotas a la Seguridad Social, y cubriendo tanto a las trabajadoras y los trabajadores de las plantillas como a los temporales.

Hay dos medidas trascendentales que han ayudado a generalizar la fórmula de los ERTEs. La primera ha sido el contador a cero, con la cual la persona afectada por un ERTE no consume ni se le contabiliza el paro, por lo que queda intacta la prestación en caso de ser despedida en un futuro, lo que sigue vigente en 2021. Esta modificación supone un cambio de modelo, ya que el Estado asume los salarios, frente al modelo de ERTE de los anteriores gobiernos, en el que el trabajador genera el derecho a la prestación con las retenciones en nómina. La segunda medida, que ha levantado ampollas entre la patronal, ha sido la Cláusula de mantenimiento y garantías del empleo, que obliga a las empresas a conservar las plantillas en los seis meses posteriores al ERTE, suprimiendo el Covid-19 como causa de despido e imponiendo la devolución de las exoneraciones de la Seguridad Social a las empresas que se sujeten a ERTEs.

Ha habido más medidas importantes para blindar el empleo y velar por los derechos de los trabajadores: la restricción de nuevas contrataciones durante la vigencia de los ERTE, tanto directas como indirectas (con algunas excepciones); la prohibición de las horas extra, con sanciones importantes a las empresas; el acceso de los/as afectados/as por paros de producción o la aplicación de ERTEs debido a la pandemia (tanto fijos como temporales), que podían acceder al desempleo, aunque no se tuvieran el tiempo mínimo cotizado de un año, además que no se les descontaba el paro que ya tuvieran acumulado; el mantenimiento del 70% de la base reguladora para cálculo de la prestación una vez consumidos seis meses de desempleo (el Gobierno del PP lo redujo al 50%); la inclusión de fijos-discontinuos en la cobertura de las prestaciones o la adaptación total de la jornada laboral para conciliar y cuidar a familiares.

DE REFORZAR A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO A LA LEY RIDER

Una de las mayores hazañas del Ministerio de Trabajo, y que ha obtenido unos resultados históricos e incuestionables, ha sido la campaña de lucha contra el fraude en la temporalidad, la persecución del fraude laboral, los falsos autónomos, sancionando a empresas y defendiendo los derechos de la clase trabajadora.

Los resultados del plan de choque de la Inspección son impresionantes. En el marco del Plan Director por un Trabajo Digno, en base a los datos de finales del mes de mayo, la inspección comunicó a 79.284 empresas de posibles irregularidades en contratos temporales que afectan a 168.819 trabajadores, lo que significó la conversión de 155.905 eventuales irregulares en fijos, que representa que un 40% de todas las conversiones a fijos del primer semestre son debidos a la actuación inspectora.

Las y los inspectores también detectaron graves infracciones en uno de cada seis ERTEs que han investigado, en más de 4.500 empresas, y sobre los que han impuesto sanciones de en torno a 22 millones de euros tras hacer 36.500 inspecciones. Una cifra que contrasta con la sustancial reducción de las inspecciones laborales que se llevó a cabo durante el Gobierno de M. Rajoy, que supusieron solo un 13% entre 2012 y 2017, en una clara muestra del claro interés de la derecha por tapar la acción ilegal de una parte importante del empresariado, contra los derechos laborales para trabajadores y trabajadoras.

El Ministerio de Yolanda Díaz también ha multiplicado por cinco el número de inspecciones de trabajo en el campo. La propia ministra ha tenido que soportar amenazas, e incluso agresiones violentas, de empresarios y asociaciones patronales agrarias, solo por querer intervenir, regular y aplicar la ley, en un mundo caciquil de empresarios de la peor calaña que pretenden mantener su orden social cuasi feudal. Según datos de finales del mes de mayo, un 42% de las 7.137 inspecciones en el campo han terminado sancionadas por fraude laboral, con multas de 18 millones de euros, por sobreexplotar bajo regímenes de semiesclavitud y tener a trabajadores/as hacinados, malviviendo en condiciones infrahumanas, a personas inmigrantes en situación irregular (muchas de ellas mujeres que también han sufrido explotación o abusos sexuales).

Otro ejemplo de la colosal actividad de la Inspección de Trabajo ha sido su acción para atajar el fraude de los falsos autónomos, detectando un fraude de cerca de 300 millones de euros a la Seguridad Social y regularizando a casi 50.000 trabajadores/as. Los números hablan solos si los comparamos con anteriores gobiernos: entre 2015 y 2017 solo fueron detectados 4.522, once veces menos que entre mediados de 2018 y finales de 2020.

El máximo exponente de la labor de la Inspección y Trabajo, con la participación de los riders y las organizaciones sindicales, arrastrando hasta la CEOE, se ha culminado con la "Ley Rider" para regularizar la situación de estos colectivos ultraprecarizados. Una ley que ampara los derechos laborales de los repartidores, como el desempleo y la jubilación, la baja por enfermedad o accidente de trabajo, o a organizarse sindicalmente y ejercer la negociación colectiva. Una ley de referencia internacional, frente a las nuevas formas de explotación que pretende imponer el capitalismo en la era de la digitalización, para que los y las repartidoras sean considerados legalmente como tales y no como falsos autónomos.

LA LEY DE TRABAJO A DISTANCIA

El trabajo a distancia, más conocido como eletrabajo, se ha ido extendiendo sin control, ya que está muy ligado a la introducción masiva de las nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos en las empresas y la sociedad, proceso que se ha acelerado con el confinamiento debido a la pandemia. Se estima que esta modalidad de trabajo ya alcanza a un 20% de trabajadores y trabajadoras, cuando antes de la pandemia apenas representaba el 5%. Debido a las dimensiones que ha alcanzado el trabajo a distancia durante la pandemia, y siendo consciente de peligro de disgregación e individualización que puede producir en la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo vio la necesidad de regular esta nueva realidad laboral.

Tras superar muchas resistencias empresariales, la acción del Ministerio permitió conseguir un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para establecer la Ley para regular el teletrabajo en las empresas. Una ley que establece un mínimo de al menos el 30% de la jornada para ser considerado “teletrabajo”, su carácter voluntario, acordado y por escrito entre el/la trabajador/a y la empresa antes de iniciar el trabajo a distancia, además de clarificar que la empresa hará inventario, proporcionará los medios de trabajo y se hará cargo de los costes que pudiera tener el/la trabajador/a (ordenador, portátil, tableta, móvil, silla ergonómica, mesa, reposapiés, línea de teléfono, rúter, datos, luz, etc.), así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma.

La Ley regula el tiempo de trabajo, así como el derecho a la desconexión digital de los/as trabajadores/as, estableciendo, siempre antes de iniciar el trabajo a distancia, su horario de trabajo, el porcentaje y distribución entre trabajo presencial y teletrabajo, su centro de trabajo y qué lugar ha elegido para desempeñar su labor, etc. Para dotar a las organizaciones sindicales de instrumentos para ejercer un control de las empresas, la Ley deja mucho margen a la negociación colectiva, tanto en los convenios como en los acuerdos de empresa. Además, la empresa debe entregar a la representación sindical copias de todos los acuerdos de trabajo a distancia diez días antes de su formalización. Si no existe representación de las personas trabajadoras deberá remitirse a la oficina de empleo correspondiente.

LOS REGLAMENTOS SOBRE IGUALDAD LABORAL

Para combatir la opresión patriarcal y la brecha de género en la mayoría de las empresas, el gobierno aprobó, a instancias de Trabajo e Igualdad, los reglamentos sobre igualdad laboral, de acuerdo con CCOO y UGT, pero con la oposición de la patronal. Reglamentos donde las empresas estarán obligadas a hacer auditorías salariales, y todas las empresas, independientemente del tamaño de sus plantillas, deberán tener registros salariales por categorías y sexo con sus correspondientes salarios y complementos, además de otro tipo de remuneraciones extrasalariales. En el caso que la brecha entre un sexo y otro fuera del 25% o más, las empresas deberán justificar por escrito cuáles son sus causas. Además del registro, las empresas de más de 50 trabajadores estarán obligadas a hacer una auditoria salarial que evalúe y valore cada puesto de trabajo, incluyendo también planes de acción para combatir las diferencias.

Un elemento fundamental de esta ley es su enorme valor como instrumento para reforzar la organización de la clase obrera, la negociación colectiva y reducir la brecha de género en las empresas de forma efectiva, es que los representantes de los trabajadores tendrán acceso a toda la información, si no hay representación sindical, cualquier persona podrá acceder una versión más básica de información (con los porcentajes de diferencia salarial, pero sin todos sus valores). Además, los empresarios están obligados a inscribir los planes de igualdad en el registro de los convenios (hasta ahora no era obligatorio), y solo si han sido negociados con la representación de sus plantillas. Otro instrumento que escuece mucho a la patronal porque permite a los sindicatos actuar en sectores muy precarizados, es que los sindicatos más representativos del sector podrán negociar el plan en el caso de que una empresa no tuviera representación.

Publicado en el Nº 347 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2021

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