Unidas Podemos urge rectificar ante la grave situación de los menores no acompañadosEl deber de proteger No se ha escuchado a los menores para tener un examen individualizado del que depende su seguridad

Mauricio Valiente Ots. Coordinador del Grupo Parlamentario Unidas Podemos 27/09/2021

La numerosa llegada de menores no acompañados a la ciudad de Ceuta ha generado un intenso debate político y social. Más allá de la evidente intencionalidad de las autoridades marroquíes que, una vez más, han utilizado la presión migratoria como un instrumento para favorecer sus propios intereses (anexión del Sahara Occidental, acallar el descontento ante el fiasco económico de su gestión, reclamar un trato preferente en la Unión Europea…), se ha puesto en cuestión la obligación ética de atender a un colectivo tan vulnerable como el de los menores en situación del mayor desamparo que se pueda concebir y el modelo de acogida en nuestro país.

El viernes 13 de agosto el Ministerio de Interior comenzó a devolver a los menores a Marruecos. Se ha utilizado un procedimiento en el que no se han observado las garantías previstas en la legislación nacional e internacional. En concreto, se ha ignorado el derecho de los menores a ser escuchados para tener en cuenta su situación individual, a hacerlo con un representante legal y una asistencia letrada eficaz, así como el de conocer previamente las decisiones que les afectan. El examen individualizado de la situación de cada menor no es un simple trámite burocrático, del mismo depende su seguridad ante casos de persecución, explotación o abuso. Cuando las normas establecen que debe primar el interés del menor, repatriar menores en procedimientos masificados supone una clara violación de su literalidad y de su contenido básico. Se debe intentar que los menores puedan regresar con sus familias pero, hacerlo sin contar con toda la información, después de un éxodo como el que hemos contemplado, conlleva un elevado riesgo y una ilegalidad manifiesta. Con razón los tribunales han paralizado las operaciones de repatriación.

El deber de proteger no se limita a la prohibición de expulsión. Desde hace años se están produciendo actuaciones que vulneran derechos de los menores de manera flagrante. La precariedad del sistema de acogida, como el alojamiento de los menores en centros de emergencia que no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad para una estancia de largo plazo, sumada a la lentitud de los procesos de determinación de la edad y la subsiguiente documentación, son algunas de estas vulneraciones. El estado y la sociedad española no pueden consentir este agujero negro para los derechos humanos. El sistema autonómico de acogida tiene capacidad suficiente para atender las situaciones que se producen y las carencias, cuando suceden, responden más a la intención de determinadas administraciones de sabotear la misma por razones partidistas.

Escolarización y otros derechos

El 6 de septiembre cientos de niños y niñas que habían sido privados del acceso a la educación en los últimos veinte años en Melilla pudieron por fin escolarizarse. Es un ejemplo más de prácticas ilegales que sólo son corregidas tras la insistencia de las organizaciones sociales en la denuncia y el pronunciamiento de los tribunales. En este caso, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas tuvo que señalar que “a pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa, la mayoría de los niños se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización. Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño”.

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha realizado una actuación permanente para acabar con este tipo de prácticas que un gobierno progresista no puede consentir. Su portavoz en la Comisión de Interior, Ismael Cortés, ha expresado al Ministerio la necesidad de rectificar y de actuar con transparencia facilitando todos los datos para rendir cuentas de todo el proceso. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se dirigió por carta al ministro de Interior para indicarle la necesidad de acabar con esta práctica. Para Unidas Podemos lo más importante son las medidas estructurales y los cambios normativos que den un nuevo rumbo a las políticas aplicadas. Tras anunciarse en el mes de abril la reforma del reglamento que modificaba el régimen de los menores extranjeros no acompañados con el fin de permitir la obtención de permiso de residencia y trabajo una vez alcanzada la mayoría de edad, se ha retrasado su aprobación en el Consejo de Ministros. El Ministerio de Derechos Sociales ha participado en la elaboración de dicha propuesta que considera crucial en este momento.

Las campañas demagógicas de la extrema derecha, plagadas de odio, lejos de acallarse con actuaciones como la que ha protagonizado este verano el Ministerio del Interior, se refuerzan con este tipo de prácticas. Hablar de que el respeto a los derechos humanos, que por definición son universales, provoca un efecto llamada debería producir sonrojo. La decencia de dimitir, cuando los tribunales certifican las ilegalidades cometidas y los más importantes organismos que supervisan la aplicación práctica de los derechos humanos denuncian estas prácticas, parece una consecuencia necesaria.

El deber de proteger a las niñas y niños, en cualquier situación, es un imperativo de los principios básicos que deben regir en la comunidad internacional. La inmoralidad del gobierno de Marruecos en la gestión de la crisis vivida, como en el tratamiento inhumano que vienen dando a los emigrantes que transitan por su territorio (no olvidemos la matanza de El Tarajal o los abandonos en pleno desierto de miles de personas), debe afrontarse desde la fortaleza de una diplomacia que debe exigir un comportamiento decente y humanitario, al mismo tiempo que desde la ejemplaridad de un estado que respeta los derechos humanos de verdad, no como retórica vacía. Hasta ahora la respuesta oficial no ha estado a la altura de lo que se necesita. Trabajaremos para que el gobierno de coalición dé la respuesta que nuestra sociedad reclama.

Publicado en el Nº 347 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2021

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