Tampoco se ha permitido una investigación en sede parlamentariaOperación Salvar al Rey La Fiscalía del Tribunal Supremo podría archivar la causa contra Juan Carlos I agarrándose a la impunidad

Gorka Velle. Abogado 07/10/2021

Según se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, la Fiscalía del Tribunal Supremo estaría preparando un archivo de las diligencias indagatorias prejudiciales iniciadas el 5 de junio del pasado año al rey emérito, Juan Carlos de Borbón y Borbón. A la espera de conocer los motivos y hechos que habrían llevado a esta supuesta decisión, se ha avanzado por parte de los medios que la Fiscalía considera que serían hechos que se cometieron en el periodo durante el que era aplicable el privilegio de inviolabilidad (artículo 56.3 de la CE), que otros de ellos estarían prescritos, y que a los presuntos delitos fiscales les sería de aplicación la excusa absolutoria prevista en el artículo 305.4 del Código Penal tras las regularizaciones tributarias voluntarias realizadas en los meses de diciembre de 2020, por el impuesto de donaciones, y en febrero de 2021, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En relación a los delitos contra la Hacienda Pública, debemos recordar que con la nueva regulación que entró en vigor con la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, se introdujo una nueva disposición adicional decimoctava en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la que se establecía la obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero. Como consecuencia de esta nueva regulación, el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, que aprobaba el modelo 720 de esta declaración informativa y que determinaba el procedimiento para su presentación.

De manera muy resumida, esta normativa obligaba a declarar aquellos bienes que se encontraren en el extranjero cuya titularidad correspondiera a residentes fiscales en España, siempre que superaren el importe de 50.000 euros de valor total de adquisición o valor de mercado (con independencia del número de titulares). Entre los bienes que conforme a la normativa debían ser declarados, se encontraban las cuentas corrientes, fondos de inversión y depósitos en entidades financieras en el extranjero. La consecuencia directa más grave de haber omitido esta obligación informativa, o de haberlo hecho de forma tardía (fuera de plazo), sería la de que se entendería que son ganancias patrimoniales no justificadas (esto es, se incluirían en la declaración del IRPF del no declarante, pero en su base general, que va a tarifa progresiva). Por ello, al no haber informado, presuntamente, sobre la titularidad de dichos fondos situados en el extranjero y no haberlos integrado entre sus rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Juan Carlos de Borbón y Borbón estaría investigado por haber incurrido en un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal por el IRPF del más antiguo de los ejercicios no prescritos, siendo la cuantía defraudada la resultante de la aplicación de la tarifa progresiva al valor de los fondos no declarados, siempre que la cuota superase, al menos, los 120.000 euros.

Pues bien, según se ha divulgado por los medios, la Fiscalía presuntamente habría notificado al rey emérito la existencia de dichas diligencias de investigación, tras lo cual el propio investigado habría hecho supuestamente diversas regularizaciones. Cabe recordar que según el Código Penal sólo cabe la excusa absolutoria por el delito fiscal cuando el obligado tributario haya regularizado su deuda “antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”, extremo que al parecer no se habría producido en este caso. Por otro lado, el periodo de prescripción de estos delitos se amplía a los diez años cuando la cuantía defraudada excede de seiscientos mil euros; por lo que se ha trasladado a los medios, la regularización total habría ascendido a los cerca de cinco millones de euros, por lo que a priori no sería descartable este tipo agravado. El periodo de prescripción de diez años también aplicaría a actos que pudieran ser subsumibles en un presunto delito de blanqueo de capitales; actos que tampoco sería a priori descartable que se estuvieran presuntamente ejecutando actualmente o se hubieran ejecutado con posterioridad a su abdicación, momento en el que dejó de ser inviolable. Además de ello, la inviolabilidad e irresponsabilidad de la Jefatura del Estado está relacionada con el desempeño de sus funciones constitucionalmente previstas; no debería consistir en un manto de impunidad sin límites sobre actos que nada tienen que ver con su posición institucional y sobre los que además tampoco se ha permitido una investigación en sede parlamentaria. A todas estas y a más cuestiones deberá responder el Ministerio Fiscal en la resolución de sus investigaciones.

Ilustración: Juan Kalvellido

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