Entrevista a Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC)Regresan a Colombia las ‘batidas’: jóvenes detenidos arbitrariamente con fines de reclutamiento

Guadalupe Barahona 15/10/2021

A mediados de agosto, mientras Mundo Obrero informaba sobre la persecución desatada por el Gobierno de Iván Duque contra los jóvenes que se han movilizado durante el Paro Nacional, llamó nuestra atención otra noticia. Contagio Radio denunciaba que 13 jóvenes habían sido interceptados en el transporte público en Usme (Sur de Bogotá), y habían sido retenidos en el Batallón de reclutamiento. La Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) acompañó a las familias de estos 13 jóvenes y logró que fueran desacuartelados. Pero allí había 200 jóvenes en situación similar, que ahora están llamando desde distintos puntos del país, después de haber sido reclutados forzosamente.
Conversamos con Alonso Santamaría, abogado, y a Alejandro Parra, docente, integrantes de ACOOC en el área jurídica y en la pedagógica, sobre la lucha del movimiento por la objeción de conciencia en uno de los países más militarizados del mundo.

MUNDO OBRERO: El reclutamiento forzoso ¿se da solo en Bogotá o en todo el país? ¿es un fenómeno puntual o se produce regularmente?

ALONSO SANTAMARÍA: Normalmente los centros de reclutamiento están concentrados en Bogotá, en Cali y en Medellín, las tres mayores ciudades de Colombia.

ALEJANDRO PARRA: Las detenciones arbitrarias con fin de reclutamiento tienen una larga historia en el país. Pero, si bien es un fenómeno histórico, el movimiento de objetores de conciencia, de madres comunitarias y personas que tomaron conciencia de la ilegalidad de este proceso, llevaron a cabo un trabajo muy intenso contra esta práctica desde 2008, hasta que en 2016 logramos que se redujera en más de un 90%. Antes era habitual. De hecho, nadie las llamaba detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. Se decía “te tocó la batida”, como sinónimo de que tuviste la mala suerte de que te subieran a un camión. Es importante puntualizar que ocurren en las grandes ciudades, pero no en todas las zonas. La sociedad colombiana está dividida socioeconómicamente por estratos. 98 de cada 100 jóvenes reclutados para el servicio militar son de estratos 1, 2 y 3: población empobrecida, en la periferia, las familias que no cuentan con acceso a un abogado.

MO: ¿En base a qué criterios se fijan las cuotas de reclutamiento?

AS: Para este año la cuota de reclutamiento es de 80.000 jóvenes. El año pasado cuando comenzó la pandemia, como no hubo jornada de reclutamiento, se amplió el servicio militar de los jóvenes que ya lo estaban prestando, lo que es una irregularidad. La normativa legal dice que su tiempo de servicio es de 12 meses, y a los jóvenes les hacen firmar reclutamientos por casi dos años. Creemos que la cuota de reclutamiento es tan alta este año porque no se han podido llenar los cupos debido a la pandemia.

AP: Es importante agregar algo de contexto para no quedarnos en la explicación burocrática. En Colombia las cifras de reclutamiento no obedecen a una decisión soberana del Ministerio de Defensa, sino a una presión internacional. Son un condicionamiento establecido por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, debido a los acuerdos de cooperación técnico-militar que tiene Colombia con este país. Una de las condiciones establecidas por el Plan Colombia para el envío de fondos económicos es que Colombia aumente su pie de fuerza. En 2001, cuando se empieza a implementar el Plan Colombia, teníamos una infantería de cerca de 121.000 efectivos. Al cierre del primer Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2006) está ya como en 170.000, al cierre de su segundo gobierno (2010) ya llega a los 230.000, que es el repunte más alto. Y se sigue elevando, porque se establece que la Fuerza Pública colombiana debe llegar al medio millón de hombres. Actualmente es de 483.000 efectivos. Esta presión hace que ellos tengan que establecer esas cuotas tan altas como 80.000 reclutas este año. Otra razón también es que el Ejército necesita aplicar los recursos económicos para su maquinaria de guerra. Colombia tiene el tercer gasto militar más alto del continente, los soldados ocupan una parte importante de ese presupuesto. Además, la forma que este Estado tiene de decir que garantiza la seguridad es poner soldados en la calle. Incluso ponen a los soldados en la carretera para que levanten el pulgar. Y para eso se usa a los jóvenes pobres del país.

MO: ¿Cómo está regulado el servicio militar en Colombia, a qué está obligado un joven?

AS: En Colombia existe una obligación de definir situación militar, que solamente la tienen los hombres mayores de 18 años. Consiste en un procedimiento donde se examina al joven y se comprueba si acredita unas causales de exoneración, entre las cuales se encuentra ser objetor de conciencia, ser padre, ser hijo único, tener una discapacidad física, ser indígena, etc. Si el joven no acredita una causal de exoneración o de aplazamiento, la única forma de definir situación militar que la ley le permite es mediante la prestación del servicio militar. Lo obligatorio no es prestar servicio militar, lo obligatorio es abordar este proceso. Los jóvenes que quedan exonerados son la parte de la sociedad acomodada que cuenta con los recursos para acceder a un abogado. Es un procedimiento extremadamente dispendioso y con multitud de barreras institucionales.

AP: El servicio militar obligatorio en Colombia se establece en 1907, como estrategia para unificar al país en una lógica institucional muy militarista. Cuando instauraron el servicio militar obligatorio, la gente no iba, por lo que se impusieron sanciones civiles. Se estableció la libreta militar, sin la cual no podías trabajar, no podías viajar, te podían tomar en las calles y llevarte a prisión, y de ahí al batallón. La libreta militar arrebata multitud de derechos y muchos movimientos sociales en Colombia han venido peleando contra esa militarización de la vida civil que implica.

MO: ¿Cómo está regulada la objeción de conciencia en Colombia?

AS: El derecho a la objeción de conciencia aparece textualmente en la Constitución de 1991, en el artículo 18. Entre 1991 y 2009 no se reconocía el derecho de objeción de conciencia frente al servicio militar. En 2009, mediante una demanda de constitucionalidad, se logró que se reconociera que los objetores de conciencia están exentos de la obligación de prestar servicio militar. Entre 2009 y 2017 la forma de que se reconociera a los objetores de conciencia era por medio de una acción de tutela: un procedimiento sumario de protección de derechos fundamentales, en el que quien reconocía a los objetores de conciencia eran los jueces. En 2017 se promulga la nueva ley de reclutamiento que consagra por primera vez la objeción de conciencia y otros apartados como el “servicio social militar”, que es un servicio militar camuflado con ambientalismo y acciones sociales.

El procedimiento de objeción de conciencia contemplado en la ley es diabólico, por varias razones. La misma institución que recluta a los jóvenes es la que reconoce a los objetores de conciencia. Ahí hay una clara situación de conflicto de intereses, y de falta de independencia. Además, para poder acceder a este derecho, los jóvenes tienen que diligenciar previamente una aplicación en internet que no carga. Cuando un joven lleva su declaración de objeción de conciencia a los distritos militares, estos se niegan a recibir la documentación. El proceso está lleno de obstáculos. Un joven que no tenga estudios superiores o al menos capacidad oratoria, lo va a tener muy difícil para ser declarado objetor de conciencia. Si lo consigue, saca su libreta pagando el impuesto. Pero si no es declarado objetor de conciencia, a diferencia de lo que pasaba antes de esta ley, que bastaba una acción de tutela ante un juez, ahora hay que interponer un recurso de apelación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y eso puede durar años, además de requerir un abogado.

MO: ¿Qué tiene que ocurrir en la ley para que el derecho de objeción de conciencia deje de ser papel mojado?

AS: Primero, que a los jóvenes no se les niegue la posibilidad de radicar una petición en las unidades militares, eso es básico en cualquier Estado de Derecho. Segundo, hay que quitarle la competencia a la institución militar de reconocer a los objetores de conciencia. Tercero, los jueces son muy temerosos. Cuando se instalan acciones de tutela como se hacía antes, los jueces se declaran no competentes.

MO: ¿Cuál es el sentido del servicio militar obligatorio?

AP: El servicio militar en Colombia es una de las formas en las que el Estado hace presión para militarizar la vida, no de todos los jóvenes del país, sino de los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. En ninguna parte de la ley dice: “si no quieres hacer la mili, puedes pagar al Ejército para que no te lleve”. Eso es corrupción. El servicio militar es anacrónico, obsoleto, no aporta nada en términos de seguridad, pero además es profundamente discriminatorio: está diseñado para las clases más golpeadas.

Publicado en el Nº 347 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2021

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