La justicia como arma política

Partido Comunista de España (PCE) . Secretaría de Justicia 16/10/2021

No creemos descubrir nada nuevo si decimos que en nuestro país la Justicia se ha utilizado y se utiliza como un arma política. Hay que precisar que en algunos momentos se ha realizado esta utilización de forma sutil, y esa sutileza ha podido ocultar esa desviación de su contenido esencial de neutralidad.

Hoy, 2021, esa utilización se hace de manera descarada, y desde hace más de 25 años de una forma casi monopolística por parte del Partido Popular, al menos en lo que al Tribunal Supremo concierne.

La pregunta que podríamos hacernos, una de ellas, es ¿desde cuándo ocurre esto?, y ¿cuál es la razón que lo ha hecho posible? Seguramente no hay solamente una, pero lo que es evidente y efectivamente tiene bastante que ver, es que tras una dictadura donde la división de poderes no existía como tal, y donde se utilizaba la justicia como instrumento de persecución política, en nuestro país no se produjo un cambio radical en la Justicia. Es notorio que en otros países de nuestro entorno sí se dio una desnazificación [1], (Entnazifizierung), más o menos real y efectiva de las estructuras judiciales. El argumento de que eso ocurrió hace más de cuarenta años, y que los jueces actuales no son los de entonces, no es más que un hecho evidente, pero eso no significa que las estructuras, los sistemas de gobierno de estos, el método de acceso a la carrera, y el propio sistema jurídico no hayan consolidado vicios y deformaciones que no son aceptables en un sistema democrático, en un estado social, democrático y de derecho como el nuestro. Es el viejo debate de legalidad y legitimidad, excepcionalidad versus garantismo o constitucionalismo, del de Ferralloli. Y todo ello sin entrar, por no ser el objeto de este artículo en que se pasó del derecho al derecho, del derecho franquista al actual sin más. Es incuestionable que ninguna ley ni sentencia franquista fue anulada tras la llegada de la democracia a nuestro país, ni se dio el derecho transicional que requiere el derecho internacional para pasar de un sistema dictatorial a uno democrático. La verdad, justicia y reparación son asignaturas pendientes del sistema político español.

Por lo tanto, que desde hace 25 años el PP tenga monopolizado el Tribunal Supremo debe entenderse evidentemente con este previo análisis de la falta de una verdadera transición política en la justicia de nuestro país, una falta de verdadera democratización de este poder, que como vemos por la pretensión de una parte de sus componentes, quiere incluso apartarse de cualquier tipo de control democrático al insistir en la elección única de los órganos de ese poder por los propios jueces y juezas.

En el momento que por nuevas mayorías parlamentarias se debe reelegir a parte de sus miembros, como las mismas no son “controladas por el PP”, se bloquea, -cual golpe de estado-, la elección de la composición de la institución de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Y se hace sin rubor, y evidentemente con un fin claro de poder seguir designando jueces para cargos y tribunales, donde el propio PP y los oligarcas beneficiarios de la obra pública tienen que responder de sus delitos de corrupción.

Controlado el CGPJ, controlado el Tribunal Supremo, controlado el Tribunal Constitucional, y eligiendo desde el primero a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, no hay más que mover ficha, está todo el pescado vendido. O mejor dicho, como así se jactó el propio portavoz del PP en el senado en 2018, Juan Ignacio Cosidó, de tener controlada la Sala 2ª por detrás.

Y el problema de ese movimiento de ficha es que el poder judicial (o la jerarquía burocrática y politizada del mismo), puede en este momento, frenar cualquier política que las mayorías democráticas de este país decidan realizar desde el parlamento, políticas legales, pero contrarias a los intereses de las fuerzas reaccionarias y a los verdaderos poderes económicos que quieren seguir mandando en nuestro país en contra de esas mayorías.

Parece que a nadie se le escapa ese peligro antidemocrático, y de ahí que debamos plantearnos desde todos los defensores de la democracia parlamentaria, y la división de poderes, que el poder judicial, tal y como hoy funciona, es un peligro para dicha democracia, y por lo tanto hay que buscar y aglutinar desde el propio poder judicial y resto de interlocutores que intervienen en la justicia, -y por supuesto con el soberano del que emanan todos los poderes, el pueblo- que pasos debemos seguir y convencernos de que es necesario articular todos los espacios posibles de debate y acción para frenar dicho retroceso, de cara a poder conseguir un poder judicial al servicio de esa mayoría y que se garantice su independencia y su neutralidad para cumplir con el fin que se le dio, sin perder su carácter democrático para estar al servicio de su único soberano, el Pueblo.

Que desde las posiciones progresistas y garantistas no se entienda que el poder judicial deba servir de apoyo a las fuerzas partidistas progresistas, no quita para entender que con ese mismo principio no se puede permitir que lo hagan las fuerzas más oscuras y reaccionarias de nuestra sociedad. Toca el momento del compromiso, la situación es insostenible y va a ser necesario el impulso de todos y todas, cada cual desde su posición, pero cada vez de forma más coordinada. Hay que liberar al poder secuestrado y crear los mecanismos para impedir que se vuelva a secuestrar.

Nota:

1. https://bit.ly/393t5Vi

Publicado en el Nº 347 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2021

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