Pedimos una política contundente en España para mejorar el control de las aguas subterráneas, cerrar todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a los que violan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad.

El robo en los acuíferos es un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud porque aumenta la concentración de nitratos y arsénico en el agua. Es un saqueo con total impunidad que padecen sobre todo los acuíferos de las Tablas de Daimiel, los Arenales, Doñana y el Mar Menor.

Para extraer agua subterránea es necesario pedir una concesión administrativa que da derecho a un volumen para un determinado fin. Pero lo que sucede en estos cuatro acuíferos es que sistemáticamente y con total impunidad se está regando sin autorización. Los gobiernos central y regionales no tienen la capacidad necesaria para vigilar las extracciones ni los medios suficientes para controlar los recursos subterráneos. Además provocan la sobreexplotación del agua al conceder derechos para el uso del agua por encima de lo establecido en los planes hidrológicos de cada cuenca.

El caso más dramático es el de las Tablas de Daimiel, donde 50.000 hectáreas de cultivos (el equivalente a 60.000 campos de fútbol) se riegan con agua extraída ilegalmente.

En el acuífero de los Arenales, en la meseta castellanoleonesa, se regaron en 2019 con agua extraída ilegalmente 24.000 hectáreas, el equivalente a 30.000 campos de fútbol.

La superficie regada con agua extraída ilegalmente en Doñana (espacio clave para la biodiversidad) es de 5.000 hectáreas, el equivalente a 6.000 campos de fútbol. Al asedio desde el oeste por la agricultura intensiva bajo plásticos se añade la amenaza de los cultivos que se extienden sin control desde el norte.

El colapso ecológico del Mar Menor está provocado por las toneladas de nitratos y fosfatos que contaminan la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva sin ningún control. Se acumulan en el Campo de Cartagena 8.000 hectáreas de regadío ilegal, el equivalente a 10.000 campos de fútbol.