Querella de Unidas Podemos contra la presidenta del Congreso por prevaricación al quitarle el escaño al diputado Alberto RodríguezAsalto a la democracia

Mauricio Valiente Ots. Coordinador de IU en el grupo parlamentario de UP/ECP/GC 22/10/2021

Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos por Canarias, fue condenado en el Tribunal Supremo por su participación en una movilización social en la que hubo incidentes leves con la policía, nada que no ocurra a menudo en cualquier rincón de nuestra geografía. La acusación se ha sostenido sin pruebas materiales y con testimonios muy pobres. Hasta aquí una evidencia más de la criminalización de la protesta social. Nada nuevo. La parcialidad de los tribunales y la demagogia de las derechas a las que estamos acostumbrados.

Lo sorprendente que hemos vivido en estos días es la manipulación informativa sin precedentes y el intento burdo de destituir ilegalmente a un representante de la ciudadanía. La sentencia del Tribunal Supremo no establece el cese de Alberto Rodríguez en su condición de diputado. La redacción de la condena no genera dudas: 45 días de prisión sustituibles por multa y una pena accesoria de inhabilitación al sufragio pasivo, la imposibilidad de ser elegido en el futuro. Existen tipos penales que pudieran haberse aplicado, como inhabilitación o suspensión en cargo público, que si los hubiera querido utilizar el tribunal lo habría hecho, pero no ha sido el caso. Prestigiosos juristas como José Antonio Martín Pallín y Javier Pérez Royo se han pronunciado públicamente con total claridad en este sentido, con una argumentación que no ha sido rebatida.

En coherencia con el carácter de la condena, la Mesa del Congreso, previo informe del cuerpo de letrados de la institución, aprobó el martes 19 de octubre constatar que no cabía más que tomar nota de la misma. Pero como el objetivo real de toda la operación era bien distinto, el juez Manuel Marchena (candidato del PP en diversas ocasiones para dirigir el CGPJ) insistió ante la Mesa del Congreso de una manera descarada y al margen de cualquier procedimiento establecido sobre “cuando iba a dar comienzo la pena de inhabilitación para el sufragio pasivo”, una maniobra bien acompañada por la gesticulación de los portavoces parlamentarios de la derecha y los altavoces de la caverna mediática.

En este punto es donde la presidenta del Congreso cometió el error de dejarse impresionar y presionar, accediendo a una convocatoria extraordinaria de la Mesa en un asunto que no tendría que haberse abordado de esa forma y dando pie a un aluvión de especulaciones en los medios de comunicación. En todo caso el debate en la Mesa ha sido clarificador, emplazar al juez Marchena a que se aclare, a que explicite lo que pretende, algo que no ha hecho hasta el momento porque es muy consciente de la ausencia de base legal de su aspiración, confiando en que la labor de las derechas bastaría para alcanzar el objetivo de la maniobra.

Nos enfrentamos a un peligroso desafío, a un auténtico asalto a la democracia. Se hace en cada sesión, deslegitimando al gobierno y a la representación mayoritaria en el Congreso. Ceder a las presiones no es la vía. Quien alimenta a la fiera corre el serio riesgo de ser devorado por ella.

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