La impunidad del homenaje militar al genocida general Cascajo en CórdobaClaveles y muertos

Pablo Rabasco. Profesor de historia en la Universidad de Córdoba 06/11/2021

Las banderas y estandartes ya estaban en su sitio, la tropa firme, a la espera. En formación, los miembros de la Brigada Guzmán el Bueno, en la zona donde yacen los caídos del bando nacional durante la guerra civil en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud, esperaban la llegada de los altos mandos, encabezados por Ignacio Olazábal, el general jefe de la brigada y comandante militar de Córdoba y Jaén. El acto consistió en la lectura de un soneto rindiendo honores a los caídos del bando nacional que allí yacen y en la colocación de unos claveles rojos adornados con un lazo con los colores de la bandera de España en cada una de las tumbas.

A escasos cinco metros la fosa común recientemente abierta donde se calcula que puede haber más de 400 personas asesinadas por los fascistas. Cordobesas y cordobeses detenidas/os por las calles, subidos a un camión y asesinados brutalmente. Sus familias no han podido nunca reunirse junto a una tumba un día como el de difuntos. Muchas familias siguen yendo a las cunetas. Ningún mando militar dirigió ni una palabra sobre la fosa común, ni un gesto hacia la tierra amontonada a escasos metros.

Pero algo ocurrió antes. Los altos mandos, en su camino hacia la zona donde yacen los militares caídos, hicieron una parada en una tumba apartada, situada fuera de la zona delimitada. Se cuadraron y depositaron dos claveles rojos en la tumba del genocida general Cascajo, máxima autoridad militar en Córdoba durante la guerra civil y responsable, según los últimos estudios, del asesinato de entre 9.000 y 30.000 cordobesas y cordobeses. Cascajo no fue un caído por la patria, falleció el 3 de abril de 1953. Su brazo derecho, el asesino y torturador, comisario político y guardia civil Bruno Ibáñez (conocido como Don Bruno) era el ejecutor de las condenas a muerte que firmaba Cascajo. En los días del golpe de Estado militar, el sanguinario Cascajo mandaba ejecutar a más de un centenar de cordobesas/es al día de entre los listados que les entregaban empresarios y autoridades eclesiásticas de la ciudad.

El acto organizado por los militares lo era por los caídos por la patria y, más allá de que podamos establecer una discusión siempre compleja que tratase de explicar el hecho de que en el Cementerio de la Salud se hiciera ese acto dedicado a los militares fascistas que lucharon por el final de la democracia en España, lo cierto es que no debería quedar impune el homenaje al mayor genocida de la historia de Córdoba en el siglo XX, que además no fue un caído por la patria.

Ninguna institución, civil o militar, puede rendir homenaje de forma pública a un genocida fascista. El ejercito español es una institución que desarrolla sus funciones dentro de una democracia constitucional donde ya hay una ley que sanciona los actos contrarios a la memoria, que son “los efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo, o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial".

Se cuadraron y rindieron homenaje a su tumba.

No les temblaron las manos cuando colocaron los claveles.

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