¿Qué nos jugamos en la próxima reforma laboral?

Ricard Aje. Área Movimiento Obrero PCE 02/12/2021

En estos días que gana intensidad y extensión el conflicto de clase al calor de las huelgas por el convenio del metal de Cádiz o Alicante, el desplante de la patronal del metal en Canarias, la huelga indefinida de Pilkington de Puerto de Sagunto (que puede paralizar la deslocalización y evitar medidas traumáticas), o la concentración de sindicalistas del sector del automóvil convocada por CCOO de Industria en Madrid para defender el futuro del sector, urge acelerar la reforma laboral.

Es fundamental explicar lo que está en juego. Las reformas laborales, especialmente la del PP del 2012, le dieron un poder a la patronal casi unilateral en la negociación colectiva y la reestructuración de las plantillas, debilitando a los sindicatos y la capacidad de intervención de las administraciones públicas, que ha tenido unas consecuencias devastadoras en el empleo, extendiendo una precariedad laboral asfixiante, imponiendo una reducción de los salarios sin precedentes y unas condiciones de vida paupérrimas a la clase obrera.

La patronal y la derecha están preocupadas. Son plenamente conscientes de que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de coalición y liderando las negociaciones de la reforma laboral, pueden debilitar sus posiciones de clase. Ante las presiones de la patronal y la oligarquía, el PSOE -especialmente el sector del área económica del gobierno y su ala más socioliberal-, está temeroso. Además de mirar con recelo la creciente popularidad de Yolanda Díaz por su colosal labor al frente del Ministerio de Trabajo y son conscientes que derogar la reforma laboral del PP le podría favorecer electoralmente. A la vez, el PSOE también teme aparecer como un partido opuesto a sus bases electorales, fundamentalmente personas humildes y de clase trabajadora.

Estos son los motivos de tanta parálisis y dificultad a la hora de desarrollar y aplicar medidas laborales desde el gobierno. Los sindicatos han denunciado reiteradas veces que ya tenían un acuerdo con el primer gobierno en solitario de Pedro Sánchez, para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y que al final no fueron legislados. La derogación de la reforma laboral ha llevado a situaciones de crisis en el gobierno, cuyo punto más álgido se dio (y no por casualidad) en pleno 12 Congreso Confederal de CCOO, cuando Nadia Calviño trató de cuestionar el papel de Yolanda Díaz, e intervenir la mesa de diálogo social y la negociación de la reforma laboral, con el apoyo de Pedro Sánchez, en una torpe maniobra que les salió bastante mal, ya que solo reforzó a la Ministra de Trabajo, que salió vitoreada del congreso de CCOO al grito de ¡presidenta!

Explicando los contenidos de la reforma que se está negociando, encontraremos las claves de tanta preocupación entre las élites económicas y políticas.

Limitar y recuperar la causalidad de la contratación temporal

Uno de los mayores problemas en España es la enorme temporalidad, la gran rotación en los trabajos y la corta duración de los contratos, utilizada de forma abusiva (y muchas veces fraudulenta), para imponer el terror con condiciones draconianas para aumentar el grado de explotación de la clase trabajadora. Los datos tienen tintes dramáticos, ya que somos el país con mayor temporalidad y doblamos la media de la Unión Europea.
Las diferentes reformas laborales de los anteriores gobiernos, han facilitado a la patronal para que utilice impunemente la enorme temporalidad que existe en nuestro país. Para variar esta situación, el Gobierno quiere potenciar la contratación indefinida, limitando la contratación temporal a causas de carácter productivo u organizativo, limitándolo al incremento ocasional imprevisible de la actividad, recuperando la causalidad de los contratos. También se quiere mejorar y potenciar la figura del contrato fijo-discontinuo para los sectores con trabajos de carácter estacional (el campo, el turismo, etc).

Recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa

La reforma laboral del PP del 2012 permitió que los convenios de empresa fueran inferiores al convenio sectorial. Esta reforma, sumada a la enorme atomizacion (en pequeñas y medianas empresas) que hay en España y que es donde los sindicatos tienen más difícultad para llegar y los trabajadores en organizarse, ha sido utilizado por la patronal para montar "sindicatos amarillos", extender en las PYMES convenios de empresa o multiservicios, que empeoraban el convenio sectorial, normalmente mejor, ya que los sindicatos tienen más capacidad de organización y fuerza en la negociación.

La nueva reforma laboral pretende revertir esta situación para volver a la prevalencia de los convenios sectoriales, situándolos como referencia de mínimos, para que los convenios de empresa solo puedan significar mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores (salario, jornada, permisos y cuestiones sociales, salud laboral etc). Reforzando el poder sindical y de los sectores más vulnerables frente a la patronal, para reequilibrar la correlación de fuerzas en la negociación colectiva.

Regular la subcontratación

Otro de los elementos claves de la reforma laboral es la regulación de la subcontratación. Esta figura ha sido utilizada por la patronal para segmentar sus empresas y externalizar partes de su trabajo, con el fin de separar a las plantillas y empeorar sus condiciones laborales al dificultar su capacidad de organizarse, mermar la fuerza y el poder sindical.

Un modelo laboral que acaba muchas veces en cadenas inacabables de subcontratas, donde trabajadores que hacen la misma función y en el mismo lugar de trabajo, lo hacen en condiciones y con convenios diferentes, sin saber quiénes son sus responsables, y generalmente, obedeciendo las órdenes de la empresa matriz (en una clara cesión ilegal de la actividad), que pone en peligro la seguridad y salud de los/as trabajadores/as, e incluso aumenta el riesgo de impago de salarios, cuotas a la Seguridad Social, etc.

La nueva propuesta de reforma laboral quiere limitar la subcontratación a servicios muy especializados y ajenos a la actividad de la empresa principal, que esté al corriente de pago de la Seguridad Social, que prevalezca el convenio de sector o de la compañía principal y solo pueda aplicarse el propio de la subcontrata si garantiza los mismos derechos.

Recuperar la ultraactividad de los convenios

La ultraactividad de los convenios colectivos significa el mantenimiento de las condiciones de trabajo una vez ha expirado su vigencia. De esta manera, el punto de partida de la negociación del siguiente convenio arranca de las condiciones ya consolidadas del anterior. La ultraactividad de los convenios tenía carácter indefinido hasta que la reforma del PP la limitó a un año, dejando desamparados a los trabajadores, lo que ha permitido que las empresas dilaten las negociaciones para que decaigan los convenios y la ultraactividad, para forzar a los sindicatos a negociar en peores condiciones. El Gobierno pretende recuperar la ultraactividad con carácter indefinido, lo que reforzaría las posiciones sindicales y de los trabajadores frente a la patronal.

Dificultar el despido y los ERE, potenciar planes de futuro, el empleo y los ERTE

La reforma del PP facilitó y abarató el despido, aumentando las causas para considerarlo objetivo (con una indemnización menor de 20 días por año trabajado), abaratando las indemnizaciones en caso de despido improcedente (de 45 ó 33 días de salario por año trabajado), incluso eliminando los salarios de tramitación, que son los salarios acumulados entre un despido que ha sido denunciado y una sentencia judicial que da la razón al trabajador.

Otro de los elementos que facilitó a las empresas hacer despidos masivos en la anterior crisis, fue el eliminar la autorización administrativa en los despidos colectivos (ERE), así como en las suspensiones de contratos (ERTE). Está autorización le daba un poder a la administración, y también capacidad de incidencia a los sindicatos, para poder condicionar el mantenimiento del empleo, planes sociales de acompañamiento, de viabilidad y de futuro de las empresas, para oponerse a los despidos.

La reforma laboral del PP dio carta blanca a las empresas para que hicieran restructuraciones salvajes de sus plantillas. En la anterior crisis inmobiliaria y financiera, la patronal recurrió a esta fórmula de despido fácil y barato para reducir plantillas fijas que generalmente estaban organizadas sindicalmente y tenían mejores condiciones de trabajo, como forma de abaratar costes, lo que significó un bestial aumento del paro y un empeoramiento general de las condiciones de trabajo de la clase obrera.

Más allá de la importancia de recuperar el coste de las indemnizaciones por despido con los salarios de tramitación, lo urgente es restringir las causas legales del despido en el Estatuto de los Trabajadores, para que solo sean utilizados como último recurso, se pueden objetivar y verificar. Reforzando la tutela administrativa y sindical, buscando primero medidas de organización interna en las empresas, planes alternativos de viabilidad o futuro, planes sociales, de reciclaje o recolocación de las plantillas, así como utilizar los ERTEs, antes que cualquier medida traumática con el fin de mantener el empleo.

Como podemos ver, nos jugamos mucho. Tenemos una oportunidad histórica, que no podemos desaprovechar, de romper la tendencia de recortes sociales y laborales. Las próximas semanas serán trascendentales. Ya van ganando protagonismo la clase obrera y los sindicatos con sus movilizaciones por la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, que sumado a la presencia en el gobierno de Unidas Podemos y Yolanda Díaz al frente de las negociaciones de la reforma laboral, son la mejor garantía para decantar la balanza a favor de la clase obrera y los sindicatos.

Publicado en el Nº 349 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2021

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