Editorial

La Policía y la Guardia Civil deben garantizar las libertades, no pedir que se limiten

Mundo Obrero Redacción 29/12/2021

En 2015 España asistía atónita cada semana a la celebración de un Consejo de Ministros en cuyo orden del día aparecía, sistemáticamente, un nuevo recorte de derechos. Rajoy, con sus viernes negros, nos decía que, para salir de la crisis económica, había no solo que reducir los servicios públicos sino además endurecer las normas de seguridad para impedir que nos quejáramos.

Ni derechos ni protesta. Así llegó la apodada Ley Mordaza, creada para que el derecho a manifestación y reunión del pueblo español tuviera límites y sanciones que desincentivasen la protesta contra el gobierno del Partido Popular.
Seis años más tarde Rajoy ya no gobierna y quienes ocupan los sillones de ministras/os se comprometieron, por separado y conjuntamente, a derogar aquella norma regresiva. Hoy ese compromiso está en el Congreso de los Diputados en forma de ponencia, pactada por los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno y que pronto pondrá fin a los aspectos más lesivos y antidemocráticos de la actual Ley de Seguridad Ciudadana.

Enrique Santiago y Rafael Simancas han sido los diputados encargados de esta tarea, ambos secretarios de Estado. El primero de ellos, también Secretario General del PCE, ha tomado la iniciativa de hacer pedagogía y explicar de forma profusa en nombre de Unidas Podemos en qué consiste esta reforma. Del PSOE nada se sabe.
La visibilidad de Enrique Santiago en este asunto le ha situado en la diana de los ataques más furibundos de unos derechizados sindicatos policiales que se han lanzado en tromba contra la legítima función de las diputadas y los diputados para hacer, derogar o cambiar las normas que regulan la convivencia en nuestro país, compromisos además refrendados en la urnas por el pueblo español.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen el deber de la neutralidad y de ser leales a quienes democráticamente han ganado las elecciones. Los sindicatos policiales tienen sentido en la medida en que sus condiciones laborales deben ser defendidas pero tras ellos no pueden situarse en posiciones casi de insumisión.

La policía y la Guardia Civil están para garantizar que los ciudadanos vivamos en libertad y no para pedir que nos quiten libertades.
Esta posición de reacción ante una reforma que piden, no ya los socios de gobierno, sino el Consejo de Europa, la Comisión Europea y el Tribunal Constitucional, que exigen a España devolver los niveles de calidad democrática previos al gobierno de Rajoy, ha contado con el aplauso fervoroso de la derecha y la extrema derecha. Casi sin reflexión alguna sobre las consecuencias, los partidos ultras se echan en brazos de cualquier cosa que suponga desestabilizar al gobierno aunque por delante se lleven los aspectos más básicos de la convivencia. Les da todo igual.

Cabe recordar a los sindicatos policiales que ha sido este gobierno el que les ha subido el sueldo un 23,5% desde 2018 y les ha apoyado siempre en sus justas reivindicaciones de equiparación salarial con otras fuerzas del orden. Que Vox o PP les jaleen, que usen su himno como ladrillo, como forma de reventar la convivencia dentro del Congreso de los Diputados, no es más que un intento de patrimonializar para la extrema derecha algo que debe ser de todos los españoles.

Jupol, Jusapol y Jucil deben ser conscientes de los efectos que esto tiene: que más de media España no se sienta representada ni en su Policía Nacional ni en su Guardia Civil. A los policías nacionales y guardias civiles con pudor democrático: ¡No lo permitáis!

Publicado en el Nº 350 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2021

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