Comandante de la URNG, firmante de los Acuerdos de Paz Firme y DuraderaPablo Monsanto: 'Llevamos 25 años sin consolidar la paz. Hoy Guatemala es un barril de pólvora con la mecha prendida'

Gema Delgado 31/12/2021

Jorge Ismael Soto (Guatemala, 1945) tenía 9 años cuando desde su casa, en el corazón de la capital guatemalteca, vio cómo bombardeaban a la población civil. Era el año 1954, durante el golpe de Estado que acabó con el gobierno democrático de Jacobo Árbenz Guzmán. La CIA culminaba así una operación militar organizada durante tres años. Árbenz tenía un programa de nacionalización de los recursos que incluía una reforma agraria y EEUU sintió que podían ser dañados sus intereses económicos a través de la multinacional United Fruit Company. La oligarquía nacional tampoco permitiría que le cuestionaran sus privilegios centenarios en una sociedad tradicionalmente clasista y racista donde los pocos de siempre mandaban y los muchos muchísimos obedecían. Eran los tiempos de la guerra fría y del anticomunismo de McCarthy. Los poderes fácticos no querían que Guatemala se convirtiera en lo que llamaban “una cabeza de playa soviética en América” así que desataron una política de difamación y acoso contra Árbenz que concluyó con el golpe de Estado que lo derrocó. Le siguieron 36 años de terror, sangre, masacres, desapariciones forzosas, asesinatos selectivos, torturas, violaciones masivas y constantes a mujeres… El resultado hizo que Guatemala encabece hoy la triste lista de países con personas asesinadas y desaparecidas por las sanguinarias dictaduras de América Latina. Fue un genocidio que dejó 250.000 muertos, 45.000 de ellos aún desaparecidos. El 90% de las víctimas fueron asesinados a manos del Ejército y de bandas paramilitares relacionadas con el Ejército. Nueve de cada diez víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas, según constató el obispo Juan José Gerardi Conedera en su informe Guatemala nunca más. El informe documentaba más de 54.000 violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura militar. Gerardi lo publicó el 24 de abril de 1998. Dos días después le asesinaron brutalmente. Con la cara irreconocible, le identificaron por el anillo arzobispal. El crimen lo cometieron los servicios de inteligencia del gobierno.

Aquel niño que vivió el golpe de estado contra Árbenz, a los 14 años militaba en la Juventud Patriótica, la juventud comunista. Participó en la lucha estudiantil contra los gobiernos de la época y muy joven aún se unió a la guerrilla con el nombre de Pablo Monsanto. Con 23 años fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala (FAR) siendo así el cuarto y último comandante de lo que fue la primera organización guerrillera en Guatemala. En los años ochenta fundó e integró la comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). El 29 de diciembre de 1996 firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre la guerrilla y el gobierno, un proceso de negociación que duró 6 años durante los cuales se fueron aprobando 12 acuerdos parciales. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por los Acuerdos de Paz. Político en activo, fue candidato a la Presidencia por Alianza Nueva Nación (ANN). Pablo Monsanto es una referencia del movimiento revolucionario y un político con un amplio reconocimiento en los gobiernos y partidos de América Latina. En "Somos los jóvenes rebeldes. Guatemala insurgente" cuenta su historia, que es la historia de Guatemala.

Se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz y Pablo Monsanto ha venido a Madrid para hacer un balance de la implementación de aquellos acuerdos. Lo hizo en un seminario organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y presentado por su Secretario de Estado, Enrique Santiago, quien participó en la gestión y firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, que ahora cumplen 5 años con una batería de medidas sin implementar y continuos asesinatos selectivos a ex guerrilleros y líderes sociales.

La paz es uno de los objetivos de la Agenda 2030. El número 16: Paz, justicia e Instituciones sólidas. La paz, según dijo la ministra Ione Belarra en el seminario, “es el derecho síntesis de todos los demás”.

Pablo Monsanto recordó los antecedentes y el contexto de aquella Paz Firme y Duradera: “Los gobiernos militares fueron sustituidos por gobiernos civiles y los movimientos revolucionarios guerrilleros dejaron de ser la única opción para acceder al poder. Con base en esas consideraciones fue que se llegó después del acuerdo de Oslo al marco sobre la democratización. La comandancia guerrillera revolucionaria optó por la salida política negociada porque creyó que los poderes tradicionales podrían honrar los acuerdos a los que se llegara con el propósito de terminar con el derramamiento de sangre y las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos que llegaron al genocidio”.

GEMA DELGADO: ¿Cómo está Guatemala hoy, 25 años después de la Firma de la Paz Firme y Duradera?
PABLO MONSANTO:
La situación, en general, es peor ahora que hace 25 años, particularmente en relación a algunos problemas históricos que han sido las causas de la confrontación armada y de los graves conflictos actuales. Se logró la paz armada pero la paz social aún está pendiente. Las causas de la guerra siguen vigentes. La corrupción crece en todos los organismos del Estado. Tres ex presidentes han ido a la cárcel. Los mayores retrocesos se han producido con los dos últimos gobiernos, que se han caracterizado por el saqueo y el latrocinio de los recursos del Estado, y por parte de la mafia que controla todas las instituciones gubernamentales.

Hasta se han aprovechado de la pandemia para convertirla en el negocio más importante del actual gobierno y de los poderes fácticos que tienen bajo su control el Estado y el país entero. Los préstamos recientes, que superan los cuatro mil millones de dólares estadounidenses y se suman a la deuda nacional e internacional ya existente, han endeudado como nunca el país, pero no se sabe dónde está ese dinero ni en qué lo han utilizado porque no hay ningún informe de ello.

Hoy el fraude electoral no está en el conteo sino en el funcionamiento de los partidos políticos financiados por empresarios y compañías a cambio de favores: nos han despojado de las tierras para dárselas a los productores de palma, a empresas que utilizan los recursos para construir hidroeléctricas. Nos dejan el 0,2% de lo que sacan del petróleo; y lo mismo pasa con las minas.

G.D.: Guatemala es la economía más grande de Centroamérica pero es el país con la tasa más alta de desnutrición crónica de toda América Latina, y el cuarto del mundo. Según el Banco Mundial, la desnutrición crónica infantil, y con ella el retraso en el crecimiento, afecta al 47% de todos los niños menores de cinco años, al 58% de los niños indígenas. ¿Por qué la riqueza está tan concentrada?
P.M.:
Hoy 270 millonarios poseen la mitad de la riqueza del país mientras que el 60% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, de ellos el 23% vive en la extrema pobreza. Este país de 17 millones de habitantes, tiene 2,5 millones viviendo entre Estados Unidos y Canadá. Con las remesas que envían, que superan los 12.000 millones de dólares, sobrevive el 40% de los guatemaltecos.

El sistema político y económico imperante es en esencia el mismo que se implantó desde 1954, cuando derrocaron al gobierno democrático de Árbenz Guzmán.

El actual gobierno se propuso anular por completo todo lo que tiene que ver con los acuerdos de paz que suponga un freno u obstáculo para aplicar las políticas neoliberales y poder así imponer el modelo extractivista y el despojo de la tierra a las comunidades de los pueblos originarios para favorecer a las empresas extranjeras a quienes entregan las riquezas naturales, ya sean empresas mineras o las dedicadas al cultivo de palma y de caña de azúcar. Ahí están las causas de la pobreza y de la emigración.

G.D.: Cuando comenzaron las negociaciones en el acuerdo de Oslo en 1990, se recogía el reconocimiento y respeto de la identidad de los pueblos indígenas y el acceso y goce a los beneficios de la producción nacional y de los recursos de la naturaleza con base en principios de justicia social. Por lo que acaba de contar, no parece que se esté respetando.
P.M.:
El acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas ha chocado con la situación de discriminación racista que prevalece en todas las instituciones del Estado.

Está claro que se acabó con las masacres, pero los desalojos con exceso de fuerza y violencia en contra de la población, principalmente contra los pueblos originarios, se mantiene con grados altos de violencia, principalmente en contra de las mujeres y los niños.

Se les desaloja de sus tierras comunales y se apropian de los recursos naturales sin ninguna consulta ni autorización previa, violando las resoluciones de la ONU en relación a los pueblos indígenas. Sucede especialmente en toda la zona norte del país, habitada principalmente por los pueblos originarios, que suman más del 60% de la población total del país

G.D.: ¿Qué pasó con respecto al resto de los acuerdos?
P.M.:
El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria no se cumple; el Fondo de Tierra es un bluf. El pacto fiscal no se aplicó. El financiamiento bancario es una burla. No ha habido avances sustanciales en el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y sobre la función del ejército en una sociedad democrática; los militares mafiosos siguen siendo uno de los poderes que controlan el Estado. Se estableció una comisión internacional contra la impunidad (CICIG) pero en cuanto tocó intereses y personas de los poderes fácticos la expulsaron. Se desmontó la mayor parte de las instituciones y organismos vinculados al acuerdo de paz y se han dejado todas las instituciones al servicio de los que gobiernan y controlan el país.

Son ya 25 años sin consolidar la paz. Hoy Guatemala es un barril de pólvora con la mecha prendida.

Publicado en el Nº 350 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2021

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