Cuando llegó la pandemia, mucha gente se dio cuenta de muchas cosas como que nos habían desmantelado la sanidad pública o que dependíamos hasta de lo más básico de productos fabricados en la otra esquina del planeta. Una de estas cosas fue que la tecnología era, normalmente, importada.

Si nos centramos en este último aspecto, cabría preguntarse por las causas. Una mirada cortoplacista señalaba que uno de los problemas era la falta de financiación. Sin duda este es el elemento clave pero la falta de financiación no se resuelve otorgando más dinero para la investigación. ¿Cómo que no? Pues no.

El problema de la ciencia en España es estructural. Comenzaré diciendo que gran parte del dinero destinado a investigación no va a donde todos creeríamos, no ya solo porque se destinan grandes partidas a investigación en las Fuerzas Armadas y otra gran parte se queda en el tintero sino porque también una buena suma se va en trámites administrativos, tema sobre el que ahondaré más abajo con un ilustrativo ejemplo.

Antes me gustaría señalar una obviedad. La ciencia la hacen personas y para ello es necesario dotarles de medios y valorarlos. Esta valoración social incluye el reconocimiento y creo que la antítesis del reconocimiento social es la precarización. Es aquí donde empezamos a vislumbrar el problema de la ciencia en España. Esta precarización se constata en salarios bajos, extremadamente bajos si los comparamos con otros países, y una enorme inestabilidad con los contratos temporales y la movilidad forzada. Esto conduce al abandono de muchos investigadores o al exilio de otra gran parte. Al final, la carrera investigadora es más bien una carrera de obstáculos.

Se va el talento por las pésimas condiciones laborales
Me gustaría poner un ejemplo de esta situación que ilustra cómo de precario es el sistema, cómo el dinero no va a donde debería ir y donde la gente cree que va cuando se hacen los anuncios en las ruedas de prensa y cómo los organismos públicos de investigación, entre los que incluyo a las universidades, lejos de defender a sus trabajadores se ponen del lado del capital.

En la primera mitad de este año el gobierno anunció a bombo y platillo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España destinaría una importante partida a la investigación. Uno de los objetivos del Plan es “la reforma institucional y el fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”. No voy a entrar en los cambios llevados a cabo de manera sorpresiva y contradiciéndose con lo dicho apenas unos meses antes sobre la carrera investigadora y me centraré en el destino de los fondos del Ministerio de Universidades.

Expondré el caso de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), por conocimiento de causa. En su convocatoria se expone que se destinarán de estos fondos casi 16,5 millones de euros en el trienio 2021-2023 a tres tipos de ayudas diferentes. Una de estas partidas son los contratos posdoctorales Margarita Salas, cuyo objetivo es dotar a los recién doctorados de un contrato con el que iniciar su carrera posdoctoral, existiendo una modalidad en la que los investigadores pueden hacerlo fuera del país y otra en la que los beneficiarios no lo harán. En este último caso, a cada beneficiario le corresponden 33.600 euros. Pero no se trata del salario bruto que percibirán, pues la UAM descuenta de allí, por ejemplo, la cuota patronal, casi un cuarto de la ayuda. De tal forma que el salario bruto anual de un contratado posdoctoral es de 25.570,80 euros.

Aún tiene el descaro la propia Universidad de señalar que el presente contrato está cofinanciado por la UAM. Dada la autonomía universitaria y teniendo en cuenta que no todas las universidades han sido tan cicateras, me pregunto si Amaya Mendikoetxea (rectora), Daniel Jaque (Vicerrector de Política Científica) o alguien del equipo de gobierno tendrán la decencia de dimitir. Ya sé que no.

No descargo tampoco de culpa al Ministerio de Universidades que no luchó por los derechos de los más débiles, imponiendo medidas que dignificaran la situación. Prefirió lavarse las manos y delegar en las universidades cómo gestionar los fondos. ¡Bravo!

No es, sin embargo, el único ministerio al que las condiciones misérrimas le parecen dignas. El Ministerio de Ciencia e Innovación exige que el salario bruto mínimo anual de un Juan de la Cierva-formación (para recién doctorados también) sea de 25.350 euros.

Así las cosas, después de una carrera, un máster (con el Plan Bolonia nos obligaron a pagar más por tener lo mismo que teníamos al separar la formación en dos etapas) y un doctorado, nos peleamos entre nosotros por conseguir alguno de los contratos posdoctorales que salen y nos encontramos con que las condiciones son, llanamente, lamentables.

La pregunta es ¿cómo vamos a posicionarnos como un país puntero en investigación, desarrollo e innovación con los mejores talentos yéndose fuera por las pésimas condiciones laborales o dedicándose a otros oficios por la precarización?

En esta sección

La hosteleria reivindica un trabajo digno: ¡No queremos ser esclavos!El PCE reivindica una banca pública para hacer frente a la exclusión financiera del mundo ruralEl siguiente paso es blindar el poder adquisitivo y vincular los sueldos a la inflaciónRecord histórico de contratos indefinidos y de empleoLa clase trabajadora, el motor de cambio y de futuro para León

Del autor/a

Sequía en ExtremaduraLa precarización en la investigaciónAbandono y destrucción del patrimonio histórico en Extremadura