Realojo de 173 familias vulnerables y políticas de inclusión tras 4 años de inacción de la Comunidad de MadridLa Secretaría de Estado para la Agenda 2030 destina 5 millones de euros a la Cañada Real

Lucía Herrera 18/01/2022

Cuatro años después de la firma del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, la Comunidad de Madrid ha anunciado el realojo de 173 familias del asentamiento chabolista. Algunas familias cumplían, en el mes de octubre, un año sin luz. No ha ocurrido hasta que el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, ha movido ficha con cinco millones de euros para el realojo de las familias de mayor vulnerabilidad. En palabras del secretario de Estado, Enrique Santiago, “estas familias necesitan ver solucionados sus problemas y por parte del Gobierno de España se están adoptando las medidas posibles en el marco de nuestras competencias para concretar nuestro claro compromiso político”.

La Cañada Real Galiana, que es el asentamiento informal más extenso de toda Europa, representa una alarmante vulneración de los Derechos Humanos y Sociales por parte de la Comunidad de Madrid, según ha denunciado la propia Organización de Naciones Unidas. Esta se divide en seis sectores diferenciados y está situada a lo largo de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid, siendo competencia de la Comunidad de Madrid. Tras múltiples llamadas de atención, por parte incluso del Consejo de Derechos Humanos, la Comunidad asume en 2017 el compromiso de aportar soluciones al drama de la exclusión sufrida por estas familias que viven en chabolas, en unas condiciones indignas.

Desde el Gobierno de España, y a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se aprobó el pasado 30 de noviembre un Real Decreto. por el que se regula la concesión directa de unas subvenciones por valor de cinco millones de euros. El 60% para el Ayuntamiento de Madrid y el 40% para el de Rivas Vaciamadrid. Con ello, se ha dado a la ciudadanía una muestra de voluntad política para dar soluciones a cientos de personas en situación de vulnerabilidad extrema que viven en la Cañada Real Galiana. Estas subvenciones se financiarán con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 para este año 2021. Así, se impulsan programas de realojo e inclusión social acordes a los objetivos de desarrollo sostenible que España se comprometió a cumplir, como el fin de la pobreza o la creación de ciudades y comunidades sostenibles.

Sin embargo, la inacción de la Comunidad de Madrid, que no ha mostrado ningún interés en cumplir con los compromisos del Pacto Regional en los últimos años, ha provocado el total incumplimiento de los derechos sociales de las personas vulnerables, racializadas y en riesgo de exclusión social de la Cañada Real. Se ha necesitado la supervisión constante y la recriminación por parte de la Agenda 2030 del Gobierno y el Ministerio de Derechos Sociales, que han realizado propuestas a la Comunidad de Madrid y trabajan defendiendo desde el gobierno los derechos humanos en España.

En mayo de 2017, se dio un primer paso en la búsqueda de soluciones para estas familias, con el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017 por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y otras instituciones. Un año más tarde, la Comunidad de Madrid realojaba en la capital a parte de las 150 familias más vulnerables de la Cañada Real. Sin embargo, con el cambio de alcaldía y presidencia del gobierno de la comunidad madrileña, esta zona y sus habitantes han sido completamente abandonados. Sin recursos tan básicos para una vida digna como la luz, electricidad o servicios públicos, estas familias sobreviven en una situación que representa una clara vulneración de los derechos fundamentales de las personas.

CRIMINALIZACIÓN, EXCLUSIÓN SOCIAL Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Titulares se sucedieron a lo largo del invierno de 2020 donde señalaban cómo cientos de familias con menores sufrían las consecuencias del frío y de tormentas como Filomena. La Comunidad de Madrid volvía a ser responsable de una inacción institucional que bloqueaba la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en la zona. El Secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, afirmó ante estos hechos que “no hay excusa que justifique el abandono institucional y criminal al que se está sometiendo a estas personas en situación de vulnerabilidad”.

Incluso se trató, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, de criminalizar a los y las ciudadanas que viven en el asentamiento, , afirmando desde las redes sociales que “en la Cañada Real existen decenas de plantaciones de droga que provocan constantes cortes de luz”. Desde la ONU y su Consejo de Derechos Humanos respondieron así a estas muestras de aporofobia: "Pedimos a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes, a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la pobreza".

En Naciones Unidas ya señalaron esta vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional. Nueve relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificaron este problema de exclusión social de catástrofe humanitaria y de derrota de los derechos sociales. Expertos y expertas de la ONU afirmaban que “los niños y niñas de la Cañada Real Galiana están sufriendo unas condiciones de vida extremadamente difíciles, y su salud está en grave peligro”. A pesar de ello, el gobierno de la Comunidad de Madrid continuó sin aportar soluciones.

DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

Para poder cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, marcados por la ONU, España debe garantizar el acceso a recursos como la vivienda digna a todas las personas, incluidas en la Cañada Real. La voluntad política de Unidas Podemos ha quedado reflejada en las acciones y negociaciones con el gobierno llevadas a cabo, que choca con la inactividad de una Comunidad Autónoma que espera hasta el último momento para buscar soluciones y alternativas habitacionales a personas que en pleno siglo XXI se ven abocadas a vivir en asentamientos chabolistas, sin unas condiciones de vida adecuadas ni servicios públicos que garanticen sus derechos.

Publicado en el Nº 350 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2021

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