La nueva Ley General Audiovisual, un peligroso paso atrás La FeSP considera que esta norma tiene graves carencias sobre el carácter público del servicio y niega la creación de un Consejo Audiovisual

Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) 17/06/2022

La Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) manifiesta su crítica y rechazo a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que tramita el Senado tras haber sido aprobada por el Congreso.

Esta ley empeora la del año 2010, que ya era muy deficiente, por las siguientes razones:

1.– Omite la definición de misión de servicio público esencial para todos los prestadores, tanto públicos como privados, y lo consagra como servicio de interés económico general.

2.– Vuelve a negar la creación de una autoridad audiovisual independiente que controle el cumplimiento de la ley en todos los medios de comunicación, y delega esa tarea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un órgano que ya ha demostrado su ineficacia para llevarla a cabo.

3.– No regula el tercer sector de la comunicación audiovisual, una iniciativa social que complementa al sector público y al comercial. Entre esos tres sectores se deben distribuir de manera equitativa las licencias de emisión.

4.– Mantiene la posibilidad de privatización de un servicio público esencial como es la información, e incluso de su eliminación, en las comunidades autónomas.

6.– No garantiza una financiación estable y suficiente para RTVE y el resto de medios públicos, incluida la agencia de noticias EFE.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) considera que la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual vulnera gravemente el derecho a la información de la ciudadanía, un derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución y en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP emplaza al Gobierno y a los grupos parlamentarios a reformar esta ley antes de su aprobación definitiva, para ponerla al servicio de la ciudadanía y no de los grandes monopolios audiovisuales, que es lo que implica el texto aprobado por el Congreso de los Diputados.

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