La anemia democrática que padecemos ‘La guerra de los jueces’, el libro de José Antonio Martín Pallín

José Manuel Martín Medem 18/06/2022

Con su libro La guerra de los jueces (1), José Antonio Martín Pallín (2) denuncia “la proliferación de resoluciones judiciales que inciden de manera desestabilizadora en el normal funcionamiento de los tres poderes que constituyen los pilares del Estado social y democrático de derecho”. La judicialización de las contiendas políticas se produce por “las iniciativas de los partidos políticos para instrumentalizar la actividad judicial y la excesiva receptividad en algunas sedes judiciales”.

Según Martín Pallín, “utilizar el proceso penal como un arma contra determinados políticos o sectores ideológicos de una sociedad pluralista conculca el principio de imparcialidad que debe regir la actuación de los órganos judiciales. Estamos contemplando con demasiada y preocupante reiteración procesos judiciales que en ningún caso debieron tener acceso a los tribunales. La lista de dirigentes políticos que han sido condenados por haber ejercido el desempeño de sus funciones es tan llamativa que no tiene parangón en ningún país democrático. Es el resultado de una desaforada intervención del poder judicial aplicando el derecho penal fuera de sus previsiones y al margen de sus limitaciones”.

Recuerda que “los jueces tienen la responsabilidad de rechazar las pretensiones que exceden del campo de sus competencias e invaden espacios exclusivamente reservados a la confrontación y el debate de la vida política” y considera que “la regulación del poder judicial como intérprete de la ley, con capacidad para anular cualquier decisión del gobierno, confiere a los jueces un peligroso y perturbador poder de decisión que les puede llevar a erigirse en un poder superior al del gobierno y de los legisladores”.

“La intromisión judicial en las actividades y competencias de las Cortes Generales y de los parlamentos de las comunidades autónomas vasca y catalana -advierte Martín Pallín- constituye un grave atentado contra la soberanía nacional y el principio de la división de poderes: en definitiva, contra la democracia. Esta desviada actitud judicial ha sido aceptada sin crítica ni rechazo alguno por gran parte de la doctrina constitucionalista y del derecho penal. Se ha tolerado una verdadera subversión del orden constitucional sin reacción política alguna y con el aplauso de gran parte de los medios de comunicación. Se han encendido las luces rojas que avisan de la anemia democrática que padecemos. Hay que extirpar el cáncer que afecta a muchas instituciones antes de que se produzca una metástasis general del sistema democrático”.

En el caso del parlamentario Alberto Rodríguez privado de su escaño, “la sentencia adolece de gravísimas carencias en cuanto al cumplimiento de las exigencias constitucionales que imponen a los jueces el deber de motivar razonadamente por qué el contenido de las pruebas examinadas los lleva a la conclusión de que existe una base, más allá de la duda razonable, para condenar al acusado por un delito de atentado a un agente de la autoridad. Rompe, de manera incomprensible, con el principio de presunción de inocencia. En el fondo se observa una clara tendencia a desvirtuar las manifestaciones exculpatorias del acusado por su habitual participación en reivindicaciones y protestas. Nos encontramos ante una injustificable aplicación del derecho penal de autor inadmisible en una sociedad democrática. Ya veremos cuál es la decisión del Tribunal Constitucional (3) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

(1) LA GUERRA DE LOS JUECES El proceso judicial como arma política. José Antonio Martín Pallín. Catarata.

(2) Forma parte de la Comisión Internacional de Juristas. Fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo y presidió la Asociación Pro Derechos Humanos.

(3) Ernesto Ekaizer dijo en .Radio Euskadi. que el Tribunal Constitucional ya ha decidido devolverle su escaño a Alberto Rodríguez.

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