Bustamante destaca en el Pleno las “políticas expansivas, sociales y de protección” que impulsa Unidas PodemosSalvar cientos de miles de pymes y tener récord de empleo Medidas concretas desarrolladas los dos últimos años a través del escudo social del Gobierno de coalición

Izquierda Unida Federal 30/06/2022

El diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante ha hecho esta mañana un amplio repaso en el Pleno del Congreso de las políticas impulsadas por Unidas Podemos y puestas en marcha a través del Gobierno de coalición para responder a las demandas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en nuestro país frente a los problemas de la crisis económica.

Bustamante ha destacado esta “serie de políticas expansivas, sociales y de protección” que “han permitido salvar a cientos de miles de pymes y tener unas cifras récord de empleo, a pesar de la profunda crisis económica derivada de la pandemia”. Incidió en que “son ejemplo del compromiso de Unidas Podemos y de nuestro espacio político también en el Gobierno con los trabajadores y trabajadoras, y con las pequeñas y medianas empresas”.

El diputado de IU por Sevilla defendió la posición de su grupo durante el debate de las enmiendas provenientes del Senado a la proposición de ley de modificación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.

Antes de entrar en materia directa, Bustamante destacó que las pequeñas y medianas empresas “son vitales para la economía española, ya que representan el 99,8% del tejido empresarial y también 66,4% del empleo”.

Desde esta perspectiva, señaló la “vulnerabilidad que tienen estas empresas ante las situaciones de crisis económicas”, de ahí su defensa de las medidas de protección puestas en marcha por Unidas Podemos durante esta legislatura “a través del escudo social”. Esta actuación “contrasta con las políticas neoliberales que aplicaron los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP en la anterior crisis económica derivada de la quiebra de Lehman Brothers, que supusieron millones de despidos y el cierre de miles de empresas”.

Miguel Ángel Bustamante repasó someramente los principales ajustes y recortes que desde 2010 estrangularon a la economía y a las familias. Entre ellos están el decreto de ajuste de mayo de ese mismo año “que rebajó el sueldo de los trabajadores públicos” o las reformas laborales de 2010 y 2012 “que dieron lugar a la precarización del empleo, a facilitar el despido y supusieron la convocatoria de tres huelgas generales”.

Se acordó también de las reformas del sistema público de pensiones de 2011 y 2013 “que aumentaron la edad de jubilación, menguaron la capacidad adquisitiva de los/as pensionistas mediante el índice de revalorización que introdujo el PP” así como de los ajustes y recortes en los servicios públicos (Educación, Sanidad o Dependencia) “que hicieron que los niveles de empleo de 2010 no se recuperaran hasta 2017 y supusieron una quiebra en el tejido productivo español”.

“En contraste a estas políticas neoliberales -expuso-, con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno esta legislatura se ha hecho frente a una caída del PIB del 10,8%, frente al 3,8 que fue la caída máxima en la anterior crisis, y se ha articulado un escudo social de protección al trabajo, a las familias y, por tanto también, a las pequeñas y medianas empresas”.

Así, recordó cómo a través de los ERTE’s “se han movilizado miles de millones de dinero público y han pasado de ser un mecanismo de extinción de empleo a uno de protección”. En concreto, ha servido para proteger “a 3,6 millones de trabajadores y trabajadoras, junto a las ayudas por cese de actividad a los autónomos y autónomas para proteger a 1,5 millones de personas más”.

Recordó que a día de hoy “tenemos más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, todo un récord, y los niveles de paro son los más bajos no ya desde antes de la pandemia, sino de los últimos 15 años. Hablamos de niveles de desempleo de 2007. Estas medidas de protección dan lugar a que el empleo se recupere por primera vez por encima de la economía”.

También “se ha subido el salario mínimo (SMI) desde los 735 a los 1.000 euros”, beneficiando a millones de trabajadores y trabajadoras, mientras “los economistas neoliberales nos habían dicho siempre que subir el SMI era perjudicial para la economía y que no se iba a contratar y, sin embargo, hemos visto como han subido las contrataciones y las pymes se han beneficiado de la mayor capacidad de compra de la mayoría social”.

Bustamante enumeró también cómo los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022 “son los más expansivos y sociales de la historia” y cómo “se ha recuperado también el poder adquisitivo de las pensiones con la derogación del índice de revalorización, que hacía que las pensiones subieran el 0,25% y no lo que realmente subían los precios”, como impuso el Partido Popular.

No olvidó señalar también “el trabajo que se está realizando desde la Agenda 2030 para que las pymes y los pequeños ayuntamientos puedan acceder a los PERTE’s”.

Sobre la ley sometida a debate, valoró que “es positiva” porque “aumenta la transparencia en la contratación pública, regulando la publicación de estadísticas sobre el porcentaje de participación en los contratos públicos asignados a las pymes”.

Consideró “positivo” que se “aumente la transparencia en la contratación pública, porque posibilita la realización de diagnósticos para el diseño de políticas públicas y su evaluación, y puede desarrollar también que las empresas de menor dimensión puedan tener una mayor participación en el suministro de bienes y servicios al Estado”.

No obstante, apuntó que esta iniciativa “también tiene límites”, ya que “no se plantean cláusulas para la contratación desde lo público de las pequeñas y medianas empresas, o medidas de impulso”.

“Entendemos que si de verdad queremos impulsar la participación de las pymes y facilitar su entrada en los procesos de adjudicación de las administraciones habría que abordarlo también en una ley de contratos del sector público”, propuso.

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