Miembro de Ecologistas en Acción y activista medioambientalPaca Blanca: “El resort de lujo de Valdecañas es ilegal y tendrá que ser demolido”

Rafa González 19/07/2022

Paca Blanco acaba de cumplir 73 años y lleva más de cuarenta comprometida con los derechos sociales y con la ecología. En Extremadura es toda una institución, pues ha sido el aliento durante décadas de la lucha contra la Central Nuclear de Almaraz. Pero además es alguien entrañable que nunca ha faltado a una lucha si ésta era justa.

Paca ha cargado sobre sus espaldas parte de la lucha contra Valdecañas, un resort de lujo de 130 hectáreas sobre un área protegida de Extremadura que se construyó como parque de recreo para la élite pija del Estado. A sólo 164 kilómetros de Madrid, se levantaron 185 chalets de lujo ilegales, un hotel de cuatro estrellas ilegal, campo de golf de 18 hoyos ilegal, playa privada y un club náutico con 76 atraques ilegales. Todo es ilegal, sentencia tras sentencia así lo ha determinado y tras la última resolución del Supremo parece que al fin se hará justicia. Tendrán que demolerlo.

José María Aznar Jr, hijo del expresidente del Gobierno; Beltrán Gómez-Acebo, primo del rey Felipe VI; el cantante venezolano Carlos Baute; Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del psiquiatra Juan José López-Ibor y sobrino del empresario y financiero Alberto Alcocer; junto a otros empresarios, son algunos de los propietarios de esos chalets.

RAFA GONZÁLEZ: ¿Cuándo y cómo empieza esta lucha?
PACA BLANCO:
Empieza cuando para construir este resort de lujo lo primero que se les ocurre es secar el río Tajo. En 2016 unos piragüistas se dan cuenta de que a la altura de la localidad de El Puente del Arzobispo, en Toledo, el río no tiene agua. Estas personas alertan a Ecologistas en Acción, organización en la que en esa época yo era la Coordinadora de Extremadura. Empezamos a hacer averiguaciones y, efectivamente, habían desecado el Tajo para hacer de una isla una península y así poder construir la carretera que fuera hasta donde se ubicaría lo que hoy es Valdecañas.

R.G.: ¿Cuáles han sido los momentos más duros?
P.B.:
Cuando tuve que cerrar la puerta de mi casa para abandonarla e irme del pueblo. No es que no pudiera soportar el acoso; además es que no me daba miedo de que cuatro individuos me agredieran todos los fines de semana. El temor que tenía es que mi compañero estaba harto y salía con una garrota cada vez que atacaban nuestra casa; temía que un día ocurriera una desgracia. Además, mis hijos querían venir al pueblo a defenderme. En fin, yo veía que aquello iba a pasar de ser una causa justa a algo peor debido al clientelismo y el caciquismo que se vive en muchos pueblos de Extremadura. Así que decidí que lo mejor era marcharnos y nos fuimos a vivir a una caravana debajo de un árbol en medio del campo. Eso fue lo que más me dolió.

R.G.: ¿Quién crees que estaba detrás de esa virulencia con la que te atacaron y en la que te llegaron a tirar cócteles molotov?
P.B.:
Nunca sabremos si obedecían a los propietarios, a los políticos, a los promotores o incluso a la gente del pueblo. Cuando denunciamos la aberración que iban a construir, nos pusieron en la diana, tanto a mí como a mi compañero. Después de cada agresión, informaba al cuartel de la Guardia Civil y le quitaban hierro al asunto: nos decían que serían chavales del pueblo que lo tenían como “una forma de divertirse”.

R.G.: El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el Constitucional y el Supremo han dictaminado que todo es ilegal y que debe de ser demolido. ¿Crees que van a cumplir con la sentencia?
P.B.:
La sentencia tiene que ser ejecutada, no queda otra. Aquí el debate que toca ahora es quién tiene que pagar esto. La Junta de Extremadura es responsable de todo lo que ha ocurrido y, por lo tanto, los políticos que han estado en la Junta, que son del PSOE y del PP, tienen que asumir su responsabilidad y responder con su patrimonio, y si no a la cárcel, como todo el mundo.

R.G.: ¿Qué opinión te merece la actitud de la Junta de Extremadura y del PSOE en todo esto?
P.B.:
He vivido 30 años en Extremadura y he tenido una responsabilidad digamos que política, porque Ecologistas en Acción es un grupo de ecología social, y tengo muy claro que la Junta de Extremadura, con el PSOE a la cabeza, ni son socialistas ni son la izquierda. Pienso que son los señoritos del cortijo que se creen los dueños del territorio.

La Junta de Extremadura tiene una actitud patética con el tema de Valdecañas porque con todas las sentencias en contra que tienen y el tiempo que les han dado para la demolición, siguen todavía presentando recursos por pataleo. Pero han perdido y Valdecañas será demolido.

R.G.: La defensa de los propietarios y la Junta han argumentado una supuesta incompatibilidad de algunos jueces de la sala y dicen que ese terreno nunca había sido zona protegida. ¿Qué recorrido puede tener eso?
P.B.:
Los recursos que están presentando no tienen pies ni cabeza. No pueden decir que no es una zona protegida, porque en la propia página web de la Junta de Extremadura consta como ZEPA. Tampoco pueden modificar la Ley del Suelo de todo el Estado con 15 años de carácter retroactivo para hacer legal lo ilegal. Esta es una de las guerras ganadas en Extremadura, le pese a la Junta lo que le pese.

R.G.: Hemos vivido una grave crisis social en donde miles de decenas de personas han sido desahuciadas de su única vivienda y aquí vemos cómo estas personas de altísimo poder adquisitivo llevan años residiendo sin ningún problema en la urbanización ilegal.
P.B.:
Es una vergüenza. Los compradores de estas villas de Valdecañas sabían que estaban comprando algo ilegal. Han sido compradores de mala fe pero por tener apellidos ilustres no se las desahucia. Teníamos que acabar con esto; no se puede estar desahuciando, mientras aquí sólo se habla de indemnizar a los ricos, que son los ilegales. Y ni siquiera hablan de los trabajadores que hay en el complejo, que no llegan a 12; si hubiera que indemnizar a alguien tendría que ser a ellos.

R.G.: ¿Veremos a los ricos llorar?
P.B.:
Si lloran será poco. Los ricos van a cobrar una indemnización porque Fernández Vara como presidente de la Junta, firmó con el promotor del resort ilegal que en caso de demolición los indemnizaría. Forma parte del escándalo, de cómo los responsables políticos de la región venden esta tierra a los ricachones que se creen que esto es un parque de recreo.

No obstante algún disgusto si se han llevado, piensa que el chalet más barato que se vendía en la urbanización era de medio millón de euros. Habían invertido aquí como segunda -o tercera o incluso cuarta-, residencia para venir algún fin de semana a jugar al golf o darse una vuelta en el lago con su velero y ahora ya no podrán.

Publicado en el Nº 356 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2022

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