Una democracia sin defensa contra cloacas y mentiras

Pascual Serrano 22/07/2022

El ambiente político y periodístico está ocupado en la reciente filtración de una conversación entre el comisario Villarejo con el presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia, Mauricio Casals, y el periodista Antonio García Ferreras. En ella se trata un supuesto escándalo de corrupción contra Pablo Iglesias que OK Diario publicó el 6 de mayo de 2016 por el que el presidente venezolano Nicolás Maduro había pagado 272.325 dólares al líder de Podemos a través de un banco situado en el paraíso fiscal de Islas Granadinas.

Aquella exclusiva fue difundida en La Sexta mediante una entrevista del director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, al director de OK Diario, Eduardo Inda.

La información resultó ser falsa y en la grabación de Villarejo el comisario informa al empresario de Atresmedia y a Ferreras de que todo era un burdo montaje. Como en otras ocasiones, el modus operandi consistía en que un grupo operativo de la policía, la denominada policía patriótica, elaboraba informes escritos con pruebas falsas, la mayoría sin sello ni firma, con los que pretendían incriminar a determinados dirigentes políticos o partidos. Aunque no tuvieran mucho recorrido en los tribunales al descubrirse su falsedad, su utilidad consistía en el impacto mediático que provocaba su previa filtración a determinados medios de comunicación.

Ya entonces Podemos presentó una denuncia contra los medios que publicaron esa información falsa pero fue archivada. La existencia de esos chuscos “informes” policiales ha servido en varias ocasiones como coartada salvadora para los medios de comunicación, al poder argumentar ante la justicia que la trama falsa no procedía de ellos sino que les llegó de la citada policía patriótica.

El debate ahora se centra en el enfrentamiento entre Pablo Iglesias y el periodista García Ferreras en torno a lo indignante y poco profesional que suponía permitir a Eduardo Inda utilizar el plató de LaSexta para difundir su bulo contra Iglesias, a sabiendas de Ferreras de que la información era insostenible a la vista de la conversación que había mantenido.

Como es lógico, la misma indignación que tiene el ex líder de Podemos la tiene una gran cantidad de ciudadanos, no necesariamente seguidores de su partido. Sobre todo, al tratarse de una cadena de televisión y un periodista que suele alardear de profesionalidad en su programa y una cadena que se presenta con una cierta impronta de izquierda.

El elemento en el que yo me quiero centrar es que, a diferencia de otros conflictos, de otros comportamientos ilícitos o inmorales, en lo referente al periodismo y a la difusión de informaciones falsas, una vez más, la impunidad es absoluta. A pesar del daño que puede haberse hecho a un proyecto político en un momento electoral clave mediante la difusión de una mentira que llega a millones de personas, a pesar de que la noticia, difundida un mes antes de las elecciones generales de 2016, podía muy bien haber afectado a un resultado electoral y por tanto condicionar nada menos que nuestro poder legislativo, a pesar de la violación del derecho de esa millonaria audiencia a una información veraz, consagrada en la Constitución, todos tenemos la seguridad de que no habrá ninguna consecuencia legal. El detalle de si los periodistas Inda o Ferreras formaban parte intencionada de la trama falsaria, como indican las grabaciones, es irrelevante para la Justicia, no se sentarán en ningún banquillo en ningún caso. Por supuesto, tampoco los directivos de las empresas de comunicación.

Que haya cloacas policiales del Estado operando contra proyectos y líderes políticos es tremendo, que haya periodistas y medios de audiencias masivas en complot con esas cloacas lo es más, pero que contra todo eso, una vez que ha salido a la luz, nuestra democracia no tenga herramientas para hacer justicia contra los culpables es todavía peor. Es la muestra de que no ha habido un fallo en el sistema o una violación de las reglas, es la prueba de que la democracia no está preparada para defenderse. Y una democracia que no tiene defensa contra todo eso ya no puede considerarse democracia.

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