La actitud a adoptar ante la vulneración de nuestros derechos fundamentales no debería ser nunca la resignación y el silencio¿Cómo enfrentar la dinámica de criminalización de la protesta?

Ricardo Sixto Iglesias. Diputado de Izquierda Unida. Portavoz en la Comisión de Interior del Congreso 19/10/2012

Hace ya mucho tiempo que los analistas económicos estaban  descontando un escenario de conflicto social en España ante la evolución de la situación nacional e internacional. A fecha de hoy esa opinión es compartida ya por la inmensa mayoría de la población. Según una reciente encuesta más del 90% de la población ya asume que habrá manifestaciones masivas y más de un 80% piensa que podrán darse episodios más o menos violentos, pero lo más importante es que casi el mismo porcentaje comparte los argumentos de las convocatorias, aunque de estos hay para casi todos los gustos. Así pues el río baja muy revuelto, las aguas van a subir más todavía este otoño y eso ya lo tiene todo el mundo asumido. Frente a ello el Gobierno viene adoptando una posición que tiene varias líneas de actuación. Las protestas convocadas formalmente por sindicatos, partidos, etc, tienen y tendrán un tratamiento de bajo nivel para asegurar que tengan un bajo impacto mediático independientemente del volumen de manifestantes que recojan. De este tratamiento de bajo perfil se exceptúan las huelgas, que reciben la misma receta que determinadas movilizaciones que o bien no han sido comunicadas formalmente o bien su convocatoria corre a cargo de entidades poco definidas o difusas. En estos casos la política a seguir es la del amedrentamiento de la población para evitar su posible participación.

Las repetidas declaraciones criminalizando las manifestaciones y huelgas, difundidas repetidamente por diversos dirigentes populares, corre pareja a la estrategia de mostrar mano dura por parte de las fuerzas antidisturbios y a la de imposición de multas. Paralelamente se está desarrollando una importante labor de “inteligencia militar” que complementa por un lado los seguimientos policiales y la investigación de personas que participan en asambleas y manifestaciones y, por otro lado, una ya abiertamente admitida por los responsables públicos, labor de infiltración de elementos policiales en los tejidos asociativos y en las propias manifestaciones.

¿Cómo tenemos que enfrentar esta dinámica de criminalización de la protesta? Las acciones serán diferentes según las provocaciones que se reciban. Bastante clara aparece la respuesta frente a la imposición de multas por el simple hecho de participar en una protesta pacífica y que no ha alterado el orden público. Son multas manifiestamente injustas que deben ser recurridas y en última instancia objeto de una campaña pública de objeción a su pago, porque se imponen por orden de responsables políticos discrecionalmente. Por otro lado las actuaciones policiales que se extralimitan, deben ser denunciadas en todo caso tanto por las personas que las sufren como por quienes sean testigos. 

En los últimos días hemos visto en Madrid intervenciones policiales totalmente injustificadas, hasta tal punto que se ha hablado de investigaciones internas para depurar responsabilidades. Confieso mi enorme escepticismo ante las mismas. Pero lo más sorprendente es que ante los episodios de brutalidad policial las personas agredidas decían que no pensaban denunciar porque lo veían como una acción absurda e inútil: ¡denunciar a la Policía una agresión de un policía!

La actitud a adoptar ante la vulneración de nuestros derechos fundamentales no debería ser nunca la resignación y el silencio o solamente la denuncia a través de medios de comunicación o internet. La opción más útil, antes incluso que la denuncia pública, es la de denunciar ante el juzgado lo sucedido, presentando las pruebas de identificación de los infractores y los testimonios precisos. Es ciertamente complicado reunir la suficiente sangre fría cuando estás siendo objeto de una agresión injustificada para pedir la identificación de un agente, o reunir los testigos para identificarlo por cualquier procedimiento posteriormente, pero es el mejor camino a seguir para que quienes tienen la porra muy suelta acaben aprendiendo que su puesto de trabajo peligrará si se extralimitan en sus funciones.

No obstante está resultando una vía importantísima para el crecimiento del rechazo social ante las actuaciones policiales desmedidas que internet se llene de vídeos claramente ilustrativos de los desmanes. Gracias a ello la entrada brutal e injustificada de policías en los andenes de la estación de Atocha el pasado 25 de septiembre, o la actuación de policías infiltrados encapuchados en las manifestaciones ha despertado muchas conciencias e indignado a mucha más gente todavía.

Pero junto a la amenaza de la violencia, la idea fuerza que de forma más insidiosa se trata de colar en la mente de la ciudadanía que sufre la crisis del sistema es la de que la protesta “no sirve para nada”. Quizás eso tenga cierta razón en el caso de algunas huelgas que se están convirtiendo en poco útiles por la vía de la obligatoriedad y el pacto de los servicios mínimos, solamente comprensibles en servicios realmente esenciales como urgencias médicas o incendios… ¡y para de contar! Para cuando intenten argumentarnos que nos quedemos en casa, que no vale la pena salir a protestar porque nada se consigue, habrá que recordarles que los grandes y pequeños cambios en la historia sólo se han producido a través de la protesta y de la lucha.

Publicado en el Nº 253 de la edición impresa de Mundo Obrero octubre 2012

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