Crímenes de lesa humanidadLa nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas Nuestro concepto de la justicia, en el aniversario de la muerte de Grimau, no puede ser otro que el de exigir la anulación de todos los procesos y sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y por los Tribunales especiales del franquismo.

Virginia Díaz Sanz. Vicepresidenta Foro por la Memoria 20/04/2013

Como sobradamente es conocido por todos, el golpe militar de 18 de julio de 1936 supuso la subversión, por la fuerza de las armas y de la represión, de todo el sistema político, jurídico y social, que tenía su marco en la Constitución de 1931. Por eso, nuestro punto de partida es que las leyes de la II República nunca fueron derogadas, ya que su legalidad fue sustituida por un conjunto de Ordenes y Decretos primero, y de Leyes después, radicalmente nulas de pleno derecho al tener su origen en un acto ilegítimo que usurpó la soberanía popular.

Tras el golpe, un bando de guerra constituyó la jurisdicción militar para ejercer la persecución penal contra los republicanos y antifascistas. Esa jurisdicción militar fue mantenida por la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 y por el Decreto Ley de 18 de abril de 1947; el primero “condensaba” los bandos y medios excepcionales dictados desde el 18 de julio y el segundo establecía la pena de muerte para numerosos delitos.

Los Consejos de Guerra continuaron funcionando hasta el juicio de Julián Grimau. Los Tribunales militares tenían una estructura jerárquica a las órdenes de los generales golpistas que no tenían formación jurídica alguna y en donde no existían garantías procesales de ningún tipo; en realidad, no existía estructura procesal alguna. La sentencia era ratificada por la autoridad superior y firmada por el jefe de Estado. El último Consejo de Guerra que sentenció a muerte a Julián Grimau el 20 de abril de 1963 abrió paso a los Tribunales de Orden Público (TOP), y las leyes que se aplicaron para su condena eran las leyes de la guerra prolongadas, como los Consejos de Guerra, para condenar a Grimau por un delito de “rebelión militar continuada”.

Los Consejos de Guerra eran juicios sumarios, donde las garantías procesales y los principios que rigen el derecho penal -y que recogía la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente entonces-, eran vulnerados en aras de la “rapidez y ejemplaridad” del procedimiento militar. El año de la detención de Grimau (1962), fueron constantes los Consejos de Guerra que implacablemente condenaban a muerte a los detenidos, aunque luego muchas de estas condenas fueron conmutadas por la pena de treinta años de prisión.

El juicio a Grimau

A Grimau lo detuvieron el 7 de noviembre de 1962 y lo llevaron a la Dirección General de Seguridad sita en la Puerta del Sol de Madrid, a cuyo frente se encontraba Arias Navarro (el “carnicero de Málaga”, por su actuación durante la Guerra Civil). En el Archivo Histórico del Partido Comunista existe una copia de la declaración firmada por Grimau ante la Policía Político Social que lo interrogó y torturó. Según el documento, él declaró lo siguiente: “Me llamo Julián Grimau García. Soy miembro del Comité Central del Partido Comunista de España y me encuentro en España cumpliendo una misión de mi partido”.

Durante el tremendo interrogatorio al que fue sometido, se produjo un hecho que refleja la brutalidad y el ensañamiento con que fue tratado. El episodio dio la vuelta al mundo y sirvió como escaparate de lo que seguía ocurriendo en nuestro país, años después de terminar la guerra, y de la salvaje represión que seguía practicando el régimen impuesto por las armas a los españoles, con la complicidad silente de las potencias “democráticas” europeas. Grimau fue defenestrado por la ventana de la habitación del primer piso donde estaba siendo salvajemente torturado, cayendo al callejón de San Ricardo. De las fracturas y lesiones que se produjo en la caída hubo de ser sometido inmediatamente a una operación de fractura de cráneo en el parietal izquierdo, además tenía las muñecas rotas y paralizadas las piernas.

Los medios de comunicación publicaron la detención y el “posterior intento de suicidio” el día 9, dos días después de su detención. De entre el grupo de abogados comunistas hubo un gallego que tuvo la valentía de asumir la defensa de Julián Grimau: don Amandino Rodríguez Armada. Sus escritos se encuentran, también, en el Archivo Histórico del PCE y ponen de relieve el empeño con que peleó y luchó por la causa de Grimau. Junto a él estuvo siempre José Jiménez de Parga, también militante entonces del PCE.

El sumario fue instruido por el Coronel de infantería Enrique Eymar que era quien determinaba, con Capitanía General, si el proceso pertenecía a la jurisdicción ordinaria o a la militar. Todos los acusados de “rebelión militar” eran procesados por la jurisdicción militar. El juez instructor no sólo instruía la causa, también certificaba la ejecución; y todas las ejecuciones de penas de muerte de la primera Región Militar (que entre los años 40 y 50 se cuantifican en miles), fueron certificadas por Eymar.

Al ser causa militar, no podía ser defendido por un abogado civil, con lo que nombró para su defensa, al capitán interventor del ejército de tierra Alejandro Rebollo Álvarez-Armandi quien se implicó hasta el fondo en la defensa de Grimau (lo buscó José Jiménez de Parga).

Todos los miembros del Tribunal iban uniformados y portaban sable y no conocían el sumario, ni tan siquiera el acta de acusación, pues fueron avisados el día anterior de que formarían parte del Consejo de Guerra. Meses después del juicio, el ejército descubrió que el vocal ponente no tenía título alguno en Derecho; ello tuvo su origen en el procedimiento judicial que se tramitó en el Juzgado de instrucción nº 2 por la querella que interpuso un ex diputado del Colegio de abogados de Madrid, don Antonio de Cases Martínez del Rincón. Con este motivo, la viuda intentó un recurso de revisión que ni siquiera fue admitido a trámite.

Los hechos que se imputaron a Grimau en la farsa judicial fueron que estuvo al frente de una Checa sita en la Plaza de Berenguer el Grande de Barcelona, en noviembre de 1936, como miembro de la Jefatura Superior de policía Barcelona, donde practicó terribles torturas y asesinatos.

La realidad es que en “La Causa General”, no aparece la existencia de las llamadas checas en la Plaza de Berenguer el Grande y Julián Grimau tampoco está mencionado. El juicio duró cuatro horas y la sentencia, que no era recurrible, se dictó ese mismo día. El viernes el Consejo de Ministros votó la confirmación de la sentencia y, en la madrugada del día 20 Julián Grimau era fusilado, pese a la inmensa campaña internacional que se hizo para intentar parar el aberrante crimen.

Con la democracia se intentó un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo, al amparo del apartado cuarto del art. 954 de la LECr, que fue desestimado pero donde hubo tres votos particulares. Uno de ellos fue el de José Jiménez Villarejo que lo fundamentó en el hecho de que la falta del título del vocal ponente era causa de nulidad de la constitución del Consejo de Guerra y, consecuentemente, de la sentencia que dictó. Además añadió que: “ante un hecho tan estremecedor para la conciencia jurídica parece evidente que la justicia demanda de nosotros que digamos, al menos, una palabra serena de reparación: la que consiste en reconocer desde esta suprema instancia judicial que aquella muerte, anunciada en su día públicamente como cumplimiento de una sentencia, no fue en verdad el triste pero legal desenlace de un proceso sino un acto despojado de todo respaldo jurídico, un hecho máximamente reprobable por su absoluta contradicción con el derecho”.

Las muertes y las cárceles con las que el franquismo sembró nuestro país tras el golpe militar de 18 de julio de 1936, constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos que se perpetraron a lo largo del tiempo hasta los años de la transición posteriores a la muerte del dictador.


Crímenes de lesa humanidad

La planificación del exterminio de toda aquella parte de la población civil española que no acatara los imperativos del nuevo orden nacional-católico, y que simplemente hubiera tenido alguna vinculación con la República está constatada documentalmente desde las primeras instrucciones y bandos de guerra dictados tras el golpe del 18 de julio 1936. Así, la instrucción reservada nº1 de Mola -dictada en el mes de julio, antes del 18- ya hablaba de que “la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo”. El bando de guerra de Queipo de Llano, de 19 de julio, autorizaba a matar al portador de un arma sin autorización militar. El de 26 de julio ordenaba pasar por las armas sin formación de causa “a los directivos de organizaciones marxistas o comunistas en aquellas localidades donde hubiera muerto algún defensor del alzamiento, y si no existiesen esos directivos ejecutar al mismo números de afiliados arbitrariamente elegidos”.

Las distintas leyes derogatorias del orden constitucional legalmente establecido –el de la República- y las nuevas que se promulgaron, así como las de creación de tribunales especiales con vulneración de todo tipo de garantías y derechos a que hemos hecho referencia anteriormente, completan el mapa de lo que llamamos la existencia de la planificación para acabar físicamente con una parte de la población civil.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene tipificados como delitos y crímenes de lesa humanidad: el exterminio, la deportación y el traslado forzoso de la población, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del Derecho Internacional, la tortura, el ataque contra una población civil ocasionando asesinatos y muertes. Exactamente todo aquello que sufrieron los españoles en la longa noite del franquismo.

Por ello, la primera cuestión que debería haber abordado la Ley de Memoria, si de verdad pretende recuperar la dignidad y la memoria colectiva y el resarcimiento de las víctimas, debería haber sido la declaración de nulidad absoluta de los procesos y sentencias dictados al amparo de leyes nulas de pleno derecho según del Derecho internacional y la propia Declaración
de Derechos Humanos y según, también, las propias leyes y disposiciones de la República, único marco normativo legal durante los años del franquismo.

El fusilamiento de Julián Grimau fue uno más de los crímenes de Estado que perpetró el régimen franquista. Una vez más, y con motivo del aniversario de su asesinato, en Julián Grimau se representan las miles de víctimas torturadas, asesinadas, encarceladas y desplazadas a manos de un régimen ilegal, infame y sanguinario.

Decía T. Adorno que la recuperación de la memoria (en todos sus aspectos) se convierte en un imperativo ético: (la memoria es) tomar conciencia crítica del pasado y conceder justicia a las víctimas.

Nuestro concepto de la justicia, en el aniversario de la muerte de Grimau, no puede ser otro que el de exigir la anulación de todos los procesos y sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y por los Tribunales especiales del franquismo. Nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con todos los luchadores y con todas las víctimas del franquismo y nuestra democracia no será completa sin cumplir ese imperativo ético que conlleva un deber y una obligación de restitución de la dignidad y de la memoria de todos aquellos que dieron su vida por una República social y democrática. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifranquista y sólo desde este punto de partida, podremos construir la III República.

Referencias bibliográficas:
- RODRIGUEZ ARMADA, Amandino; NOVAIS, José Antonio. ¿Quien mató a Julián Grimau?. Madrid, 1976
- CARVAJAL, Pedro. Julián Grimau. El último muerto de la guerra civil. Madrid, 2003.

Publicado en el Nº 259 de la edición impresa de Mundo Obrero abril 2013

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