Disputa fiscalTrabajadores de hacienda, ciudadanía y lucha de clases La justicia, la igualdad y la progresividad del sistema tributario son un compromiso de la democracia y los trabajadores/as de la Agencia Tributaria han tenido la decencia de denunciar al poder político por incumplir tal mandato.

Ricardo Rodríguez 09/07/2013

Se nos amenaza con una nueva reforma fiscal, que además se asegura será “estructural”. La gente llana de este país ya sabe que cuando los gobernantes dicen reforma hoy en Europa están hablando de un nuevo tajo a sus derechos, y que, cuando a la reforma añaden el adjetivo estructural, es que se anuncia sangre.

Ya se ha nombrado a los expertos del comité que habrá de elaborar la propuesta que responderá, naturalmente, a lo que requiera quien les nombró, o sea el Gobierno, que a su vez cumplirá con los deseos de quienes dan las órdenes que importan, o sea la patronal, la banca, la burocracia de Bruselas…, los que mandan, ya saben. Con estos expertos, al menos, parece que de momento no se comete la desvergüenza de llamarlos “sabios”, como se hizo con los que elaboraron la propuesta de destrucción del sistema público de pensiones (a la destrucción se la denomina hoy en día “sostenibilidad”).

Cierto es que a uno se le ha hecho ya el estómago a no asustarse. Y, en materia de impuestos, el destrozo acometido por gobiernos del PP y del PSOE en los últimos lustros alcanza tales cotas, que podría hasta ocurrir que a algún sandío de éstos se les aparecieran entre las brumas del sueño tímidas ideas de mejora. Ya ha sucedido, de hecho, que se ha introducido, en el Impuesto sobre Sociedades, cierta racionalidad para la aplicación de la libertad de amortización, se ha puesto un límite laxo, pero límite al fin, a la deducción de gastos financieros y se ha suprimido, más recientemente, la deducción del deterioro de cartera en sociedades extranjeras. En la delirante senda de regalos fiscales a los grandes capitalistas que inició el último gobierno de Zapatero, creó una panoplia de deducciones ilógicas e incontrolables que hasta a los asesores del PP les han parecido excesivas.

Cuando hace años algunos ideólogos del PSOE, como Jordi Sevilla o Miguel Sebastián, hicieron campaña a favor de la aplicación de un tipo único en el IRPF, Manuel Lagares, la mayor autoridad en materia fiscal de la derecha española, y desde la semana pasada flamante nuevo presidente de comité de expertos gubernamental, les reconvino desde las páginas de El Mundo y les aconsejó que no fuesen tan deprisa minando la progresividad de nuestro ordenamiento tributario. O sea que coincidía en el empeño con ellos, pero les afeaba el exceso de entusiasmo. Visto el perfil de oposición del incombustible Rubalcaba, habrá que hacer votos a algún dios pagano para que el PSOE no se aproxime más a la propuesta de reforma fiscal de FAES que a la de los más fieles a Rajoy.

Pero el fondo que ha de preocuparnos, más allá de las rencillas ocasionales entre bandas rivales de la oligarquía, es la voladura controlada que desde los años noventa se ejecuta de los pilares del sistema tributario democrático, de unos pilares que se plasman en texto tan poco sospechoso de veleidades revolucionarias como el artículo 31 de la Constitución de 1978. El sistema tributario debe ser justo, basarse en los principios de igualdad y progresividad, y servir para el sostenimiento de servicios públicos universales, gratuitos y de calidad.

Y las consideraciones acerca de los estímulos de la actividad empresarial son secundarias, aparte de una falacia, por supuesto, tal como se anuncian, porque no existe ningún país desarrollado del mundo en el que se haya verificado con hechos que la elevación de la tributación directa retrae la actividad económica, ni tampoco que la reducción de impuestos a las empresas la anime por sí misma. El desmantelamiento salvaje del Impuesto sobre Sociedades no sirvió en nuestro país para hacer más productivas ni más eficaces a nuestras empresas; simplemente engordó beneficios especulativos en una sociedad en la que los mecanismos de control público de la economía se desarmaban dentro de un ciclo patológico de saqueo y agiotaje que al final nos ha conducido a la ruina. Y, ahora, en la ruina, con más de seis millones de parados, un sistema tributario que se soporta sobre las rentas del trabajo y sobre impuestos indirectos y al consumo se revela absolutamente incapaz de hacer frente a la situación.

Y, con todo, no es lo más importante la demostración palpable de que las teorías al uso sobre estímulos fiscales a las empresas sean una patraña. Lo más importante es que la justicia, la igualdad y la progresividad del sistema tributario son un compromiso del contrato social en que se basa la democracia (y hablamos, de momento, nada más que del Estado social que se promete en la Constitución).

La buena noticia es que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestra Agencia Tributaria han entendido que ése es el fin primordial de su labor como servidores públicos. Y han tenido la decencia mínima de denunciar al poder político por incumplir tal mandato en numerosas comunicaciones durante los últimos años. Ante los recientes escándalos fiscales salidos en los medios de comunicación, varias organizaciones representativas de trabajadores de la Hacienda Pública, de los más cualificados a los más modestos niveles, han emitido un manifiesto que merece la pena leer. Es bueno que los empleados públicos adquieran poco a poco conciencia de pertenencia a la clase trabajadora y de ciudadanía, y que la ejerzan.

Las organizaciones marxistas tendrían que comprender las posibilidades que estas muestras de conciencia social ofrecen, tener en mente que la disputa fiscal habrá de adquirir enorme trascendencia en el recrudecimiento de la lucha de clases que se avecina, y actuar en consecuencia.

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