Medios de comunicaciónDemocratizar los medios de comunicación como en América Latina La nueva Ley de Comunicación de Ecuador reparte equitativamente las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales.

José Manuel Martín Medem 26/07/2013

Mientras el gobierno de Grecia cerraba por decreto el servicio público audiovisual, en Ecuador el Parlamento aprobaba una nueva ley que democratiza el acceso a los medios y a la información. En Grecia y en España se elimina o se reduce el servicio público, se bloquean las iniciativas sociales y se bendicen los negocios que someten la información a los intereses del gran poder económico y político. En América del Sur, los nuevos gobiernos (menos los aliados de Estados Unidos: Colombia, Chile y Perú) están democratizando los medios de comunicación como política estratégica para mejorar la calidad de la democracia.

La nueva Ley de Comunicación de Ecuador, que se parece a la de Argentina (la mejor del mundo), reparte equitativamente las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, establece una autoridad independiente (con capacidad sancionadora) para vigilar el cumplimiento de la legislación en los tres sectores, prohíbe que los bancos y las grandes empresas sean los dueños de la radio y de la televisión, impide que un grupo de comunicación pueda tener más de una emisora de alcance nacional, no permite que las grandes corporaciones internacionales controlen los negocios ecuatorianos de la información y de la publicidad y obliga a que se garantice que una parte de la inversión en anuncios beneficie a los medios de iniciativa social. Además, considera un delito el linchamiento mediático, entendiendo como tal la agresión sostenida y coordinada, mediante mentiras o manipulaciones, contra personas u organizaciones para destrozar su imagen y credibilidad. Lo que en España hacen los oligopolios de la radio y de la televisión contra los sindicatos y los movimientos sociales más combativos.

Cuando en España reclamamos la democratización de la legislación electoral, hay que exigir también la democratización del acceso a los medios de comunicación como condición imprescindible para que todas las voces tengan idénticas oportunidades y todos los votos valgan lo mismo. La política de empobrecimiento de la inmensa mayoría para aumentar el enriquecimiento del gran poder es también una agresión contra la democracia e incluye el control de los medios de comunicación para impedir el conocimiento y el debate sobre las alternativas contra el bipartidismo político y económico. La reducción del servicio público, el bloqueo de las iniciativas sociales y la concentración de los negocios de la radio y de la televisión en muy pocas empresas impiden una auténtica democracia.

UNA NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN PARA ANDALUCÍA

Hay mucho que aprender de América Latina. Necesitamos el reparto equitativo de los medios entre los tres sectores (público, social y comercial) y una legislación que garantice el servicio público, proteja a las iniciativas sociales y vigile a los negocios mediante una autoridad audiovisual independiente. Hay que desarrollar el derecho de acceso para que todos tengamos espacios gratuitos de libre disposición en las radios y en las televisiones de servicio público. Es un mandato de la Constitución, incluido por ley en las obligaciones de RTVE y de todas las emisoras de las comunidades autónomas, pero que permanece bloqueado (¡desde 1978!) por la complicidad de los dos grandes partidos y de los nacionalistas vascos y catalanes.

La única manera de avanzar es demostrando que sí es posible democratizar los medios de comunicación con un gobierno que tenga esa voluntad política. Nuestra gran oportunidad es una nueva ley de comunicación para Andalucía en sintonía con las que están desarrollando los mejores gobiernos de América Latina. Una ley que reparta equitativamente las licencias (es una competencia de las comunidades autónomas), que garantice un servicio público de calidad, pluralista y bien gestionado, que favorezca la consolidación de las iniciativas sociales y que reduzca el poder de los negocios. Una ley que establezca el control de un Consejo Audiovisual independiente que, además de vigilar el cumplimiento de la legislación, asegure que se cumple el mandato constitucional del derecho de acceso. Habría que considerar también la posibilidad de repartir la publicidad de servicio público (la de las administraciones) de manera que no se concentre en unos pocos medios privilegiados y ayude a los medianos y a los pequeños, lo que sería muy importante para las iniciativas digitales que resisten con muchas dificultades.

Mientras tanto hay que defender el servicio público en las comunidades autónomas. El gobierno del PP cambió la legislación para controlar RTVE y privatizar o eliminar el resto del servicio público. El argumento económico (que no hay recursos para el servicio público como consecuencia de la crisis) resulta insostenible porque las radios y las televisiones sólo necesitan el 0,5% de los presupuestos de las comunidades autónomas. Nuestro servicio público de la información (tan necesario como la educación, la sanidad, la justicia y la seguridad) es el más barato de la Unión Europea: sólo nos cuesta diez céntimos de euro por persona y día. Su eliminación en las comunidades autónomas, que ahora depende de la decisión de cada gobierno, va en contra de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos que establece la Constitución. Es como si cada gobierno pudiera decidir si mantiene o elimina la Seguridad Social.

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