Entrevista al abogado de la acusación popular en la querella contra BárcenasEnrique Santiago: “Durante 20 años grandes empresas han tenido capacidad para comprar Consejos de Ministros” “Imputados han declarado, con toda tranquilidad, que no se molestaban en negociar contratos; que negociaban con los ministros directamente los grandes planes de infraestructuras del país”

Gema Delgado 26/09/2013

Mundo Obrero: Ha acusado a Doleres de Cospedal y al PP de encubrimiento por la eliminación de los 2 discos duros de los ordenadores de Bárcenas. ¿qué consecuencias puede tener, por una parte para el proceso, y por otra para los responsables de dicha acción la destrucción de pruebas?
Enrique Santiago:
Las distintas actuaciones de encubrimiento que se están haciendo por parte del Partido Popular (PP) han consistido, hasta ahora, en la destrucción de un disco duro de uno de los ordenadores de Bárcenas y la sustracción y manipulación de otro, así como la desaparición de los libros de visita y las grabaciones de las cámaras de la calle Génova, extremos confirmados por el propio PP al juzgado en contestación del requerimiento que hizo el juez de que entregaran dicho libro y grabaciones, lo que constituye claramente un delito de encubrimiento del artículo 451.2 del Código Penal.

Respecto al encubrimiento realizado por la destrucción de los libros de visitas y la grabación de imágenes, tendremos que determinar en qué momento se han realizado para ver exactamente contra quién ampliamos la querella. El Código Penal fue modificado en diciembre del 2012 cuando se incorporó la responsabilidad penal de partidos políticos

Respecto al delito de la eliminación de los discos duros, desde luego, ampliaremos la querella contra el Partido Popular. Y también contra las personas físicas responsables de esos borrados, que desde nuestro punto de vista es la Secretaría General del PP, cuya responsable es María Dolores de Cospedal, o en su caso a quien ésta indique.

M.O.: A Cóspedal se la está estrechando el cerco, también con el finiquito a Páez y con las declaraciones de Bárcenas ... ¿acabará imputada? ¿Qué podrá suceder con la Secretaría General del PP en los próximos meses?
E.S.:
María Dolores de Cospedal, a pesar de que se incorpora a la Secretaría General del Partido en junio de 2008, en este procedimiento ha tenido una actuación, al menos, de encubridora. Y ya no sólo por la destrucción de pruebas sino también por las negociaciones y acuerdos a los que haya llegado con imputados en la causa, como Bárcenas u otras personas que han declarado en la causa, como Cristóbal Páez, negociaciones en las que parece que lo que han intentado es garantizar el silencio, ya sea de testigos, ya sea de imputados, para que no declararan sobre la veracidad de los papeles y lo que ha venido ocurriendo.

A estas alturas, cada vez hay menos dudas de que la señora Cospedal sí intervino en la negociación con Luis Bárcenas para ponerle ese salario de 18.000 euros al mes con el fin de garantizar su silencio, contrariamente a lo que ella declaró el pasado 14 de agosto. En todo caso, además, no hay que perder de vista de que hay indicios más que razonables de que la señora Cospedal haya participado en supuestos de financiación irregular y posibles delitos de cohecho y prevaricación relacionados con la concesión a la empresa Sufi, del Grupo Sacyr Vallehermoso, de los contratos de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo.

Sobre esto, además de la declaración de Bárcenas, existen documentos firmados de puño y letra por colaboradores directos de la señora Cospedal en el Partido Popular de Castilla-La Mancha; en concreto por el entonces gerente Cañas Cañada, con lo cual todo parece indicar que además de los delitos de encubrimiento Cospedal también ha venido participando en todas las actuaciones de financiación irregular del Partido Popular y de comisión de estos delitos contra la Administración Pública, que son los delitos de cohecho y prevaricación.


M.O.: Toda esta financiación ilegal y delitos de cohecho del PP se han realizando también en el País Vasco, Galicia y Castilla La-Mancha. ¿Hasta dónde crees que puede llegar la responsabilidad en el PP?
E.S.:
Cada día salen más datos. Parece ser que también hubo otra actuación del PP para conseguir una sede en Logroño con dinero procedente de estas donaciones. Lo que es evidente a estas alturas es que el PP ha tenido un sistema constante de financiación irregular vinculado a la obtención de contratos públicos por las empresas que los financiaban y es un sistema que ha venido manteniéndose desde antes del año 90, como así declara Bárcenas. El primer asiento que aparece en esa documentación manuscrita es la entrega de dinero que hace el señor Naseiro a finales de los 80, el tesorero del Partido Popular en esos años, y al que tuvieron que cesar como consecuencia del procedimiento penal que se le abre y que acabó con la declaración de nulidad por parte del presidente del Tribunal Supremo.

Es evidente que ese sistema que viene existiendo desde antes del año 90 es el que heredó Bárcenas y Lapuerta. También el señor Alvarez Cascos en su declaración del 13 de agosto reconoce que durante 3 años él también ejercicio las labores de tesorero, entre 1990 y 1993. De esta forma, no es de extrañar que en los papeles de Bárcenas aparezca no sólo como perceptor de pagos, sino también como recaudador, haciendo entregas millonarias que no tenían una explicación clara hasta que el pasado mes declaró que también ejerció de tesorero. Ahí ya todo encaja. Durante esos 3 años, lo que se refleja en esos papeles es que el entonces también Secretario General del PP recaudaba o recibía las donaciones efectuadas por las diferentes empresas contratistas de la Administración.
También ha quedado evidentemente de manifiesto, tanto por las declaraciones hechas por el personal de contabilidad como por el personal de caja, los tres secretarios generales y el gerente que han declarado, que el PP no estableció nunca un protocolo ni una normativa interna para que se respetaran las normas establecidas en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Políticos respecto a las donaciones efectuadas al Partido Popular.

Las donaciones, aunque sean de un solo euro, no pueden ser efectuadas por empresas contratistas de la Administración, y eso tiene que contralarse, igual que las donaciones anónimas, que tienen que ser anónimas respecto a terceros, nunca para quien recibe la donación. En este caso, es el PP el que tiene que contralar quiénes son los donantes precisamente para verificar dos extremos que establece la ley: el primero, que quien hace la donación no es contratista de la Administración y, el segundo, que en cada momento no se superan los límites por donante que establece la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que eran de 60.000 euros hasta el 2007, y desde entonces de 100.000 euros al año.

La no existencia de una normativa y de unas instrucciones, que eran en estricto cumplimiento de la ley, establece una responsabilidad absolutamente culpable, lo que se denomina en Derecho una responsabilidad in vigilando, que desde nuestro punto de vista deja claramente acreditadas las actuaciones que el PP, como persona jurídica, ha sido consciente en todo momento de que ese sistema de financiación irregular existía.

A parte, hay otros indicios. En primer lugar, cuando se están percibiendo pagos que no se registran a Hacienda, como los que han declarado que percibió el señor Nasarre, o Calisto Ayesa, o Santiago Abascal o una viuda de un concejal del PP en el País Vasco, el señor Jaime Ignacio del Burgo, Cristóbal Paez… todos ellos han reconocido haber recibido estos pagos que ya figuran en los papeles, pagos en negro…, significa que alguien está pagando ese dinero en negro. Eso quiere decir que el PP y sus dirigentes, en la medida en que venían cobrando de forma periódica, especialmente sus presidentes, secretarios generales y vicesecretarios generales, tal como reflejan esos papeles y ha reconocido Bárcenas, evidentemente tenían la obligación de preguntarse o de saber de dónde venía ese dinero negro, que procedía de estas dádivas de las empresas donantes a cambio de contratos por parte de las administraciones públicas gobernadas por el PP.

Esto deja de manifiesto que lejos de lo que han pretendido hacer creer los secretarios generales del PP en sus declaraciones de agosto, el sistema de financiación irregular no es algo que pusieran en marcha y por su cuenta los miembros del departamento de tesorería del PP. Es evidente que es un sistema que se ha mantenido al menos durante 20 años, si no hasta hoy, porque ahí tenemos la declaración de la entrega de 300.000 euros por parte del señor Villar Mir para las elecciones del 18 de noviembre del 2011 directamente al señor Rajoy, aunque éste le comunica que se las entregue al entonces tesorero, Román de Becaría, lo que indica que no sólo había conocimiento en el PP, sino que era el Partido Popular el que organizaba este sistema.

Otra prueba fehaciente de que este sistema fue ideado, desarrollado y mantenido por el PP, es cómo ahora se están aplicando en destruir las pruebas que les está requiriendo el juez y que deberían tener custodiadas, como así declaró, falsamente como hemos visto, la señora Cospedal el 14 de agosto cuando dijo que los ordenadores, de los que han destruido los discos duros, estaban siendo custodiados por el PP, lo que se ha demostrado que es absolutamente falso.

M.O.: ¿Crees que vamos a ver pasar por la cárcel a más gente en los próximos meses?
E.S.:
Desde luego hay indicios muy elevados de la comisión de estos delitos por varios dirigentes del PP. Lo que ocurre, lamentablemente, es que el código penal de nuestro país, así como el de la inmensa mayoría de los países capitalistas, contemplan unas penas reducidas para este tipo de delitos. En este país tiene una condena mucho más alta el atraco con fuerza a la caja registradora de una gasolinera que el de defraudar millones de euros a la sociedad mediante delitos de prevaricación o cohechos como está ocurriendo. Desgraciadamente la pena más alta para estos delitos es de 6 años y esto limita, después del tiempo trascurrido, que los jueces se atrevan a declarar la prisión preventiva. Salvo que se acredite, y creemos que estos días ha quedado acreditado, que se está poniendo en marcha una destrucción de pruebas sistemática. En todo caso, una cosa es la prisión preventiva y otra las condenas que se obtengan en el juicio por esta querella. En ese caso creemos que tanto importantes empresarios de la construcción y de las infraestructuras, como altos dirigentes del PP, deberían ser condenados y en función de la pena ingresar en prisión.

Pero nosotros venimos insistiendo que lo grave no es sólo las ilegalidades cometidas por dirigentes del PP o por el partido. Lo más grave es la participación activa de numerosos altos cargos de empresas privadas de la construcción y las infraestructuras. Lo que los papeles de Bárcenas muestran, y lo que vamos conociendo, ponen de manifiestos que en estos 20 años las grandes empresas de este país han tenido capacidad para comprar sistemáticamente consejos de ministros, consejos de gobierno de comunidades autónomas y órganos de gobierno de Ayuntamientos.

No es casualidad que los pagos que aparecen reflejados en los papeles de Bárcenas cuando se efectuaban esos cobros por dirigentes del PP, en la mayoría de los casos no eran sólo dirigentes del PP sino también miembros del consejo de ministros, y que luego tomaban decisiones en función de esos pagos.

Y no hay que perder de vista que otro elemento de ilegalidad absoluta es el hecho de que personas que han desempeñado el cargo de ministros o secretarios de Estado, hayan percibido otro tipo de cuantías económicas distintas a las de sus salario como ministros o como diputados o senadores, que son las únicas que la Ley de Incompatibilidades de altos cargos de la Administración permite a los miembros del gobierno. Es decir, esos pagos, independientemente de la cuantía, ya están vulnerando la ley de incompatibilidades de altos cargos.

Ante todo esto, nosotros esperamos que haya condenas a los corruptores, presuntamente las grandes empresas que han venido pagando, y a los corrompidos, presuntamente los dirigentes del PP que aparecen en la documentación y que se sentaban en los órganos de gobierno que hemos dicho.

M.O.: ¿Cuál es la alternativa de IU frente a estas extendidas prácticas de corrupción, prevaricación y financiación ilegal?
E.S.:
Desde luego hay que modificar el Código Penal, contemplar el delito de financiación irregular de Partidos Políticos y, por supuesto, endurecer todos los denominados delitos de cuello blanco. No olvidemos que en origen de la crisis económica que estamos viviendo está no sólo unas políticas de renuncia del Estado a recaudar a quienes más tienen, sino también se debe a una renuncia a castigar este tipo de delitos. Las prácticas de estas grandes empresas han supuesto desembolsos absolutamente innecesarios destinados a construir aeropuertos sin aviones, estaciones de AVE sin pasajeros, autopistas de peaje sin coches, desembolsos inmensos que se han detraído de presupuestos que podían haberse destinado a educación, sanidad, cultura o servicios sociales.

La descapitalización del sistema bancario está producida por el estallido de la burbuja financiera. Y unos de los que más ha contribuido a que esa burbuja fuera aumentando hasta su estallido han sido estas grandes empresas de construcción que tenían un interés absolutamente desaforado, y por lo que estamos viendo nunca quedaban saciadas. Hemos asistido a declaraciones de imputados en la causa en los que con toda tranquilidad declaran que ellos no se molestaban en negociar contratos con ministros, que ellos lo que hacían eran negociar directamente los grandes planes de infraestructuras, como declaró el señor Villar Mir, cuando dijo que él directamente se sentaba con el señor Jaume Matas, cuando era ministro de Medio Ambiente, para hablar, discutir decía él, del Plan Hidrológico Nacional.

Hay un elemento también muy llamativo que es la existencia de la Comisión de Infraestructuras en el PP, que no es una comisión estatutaria. Es una comisión que funcionaba entre empresarios donantes y miembros del PP, ¿expertos en infraestructuras? Pues podría ser, pero lo que está acreditado ya es que en esa comisión participaban el tesorero y el gerente del PP, el señor Lapuerta y el señor Bárcenas, que no eran expertos en infraestructuras, sino en la recaudación ilegal de fondos para el PP. En esa comisión de Infraestructura era donde claramente, según declaró Bárcenas y reconoció uno de los grandes empresarios que declaró como imputado en la Audiencia Nacional, se definían las políticas de infraestructuras que se llevarían a cabo en todo el país si ganaba el PP. Eran los empresarios los que, a través de sus dádivas, determinaban qué infraestructuras, innecesarias en muchos casos, se iban a hacer.


M.O.: ¿Después de la destrucción de los discos duros, en qué medida queda a expensas de la voluntad de Bárcenas la aportación de nueva documentación?
E.S.:
Creemos que ya está acreditada la veracidad de buena parte de los llamados “papeles de Bárcenas”. No sólo por las declaraciones de testigos, algunos dirigentes del PP en activo... sino también por algunas pruebas documentales y por el rastro que va dejando el dinero. La propia Unidad de Investigación de Delitos Financieros y Económicos de la policía judicial ha determinado claramente la correlación existente entre los pagos hechos por empresarios, que aparecen en los papeles de Bárcenas, y los ingresos que se hacían en la cuenta oficial del Banco de Vitoria donde se recogían las donaciones del PP. Establece que las sumas de los ingresos troceados, para no superar la cifra de los 60.000 euros, coinciden con los pagos hechos por los empresarios. La contabilidad oficial del PP se ha convertido en una de las mayores pruebas de cargo contra el PP; en sus registros contables y en los movimientos bancarios acreditan la veracidad de los pagos recibidos por el actual presidente del Senado, el señor Pío García Escudero, a pesar de que él también lo negó en su declaración como testigo. La destrucción de los ordenadores supone un delito de encubrimiento, pero en absoluto va a obstaculizar la causa.

En los próximos días ampliaremos la querella también contra el resto de empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas y contra los que ahora no nos habíamos querellado porque entendimos que con todo lo que se ha instruido en estos últimos 6 meses, desde que Izquierda Unida interpuso la querella, ha quedado absolutamente acreditado la veracidad de los papeles por lo que ahora procede imputar al resto de empresarios que aparecen haciendo esos pagos.

M.O.: Ha denunciado públicamente que medios como El País evitan nombrar la acusación de Izquierda Unida en la querella contra Bárcenas. ¿Cuál ha sido el papel de IU en este proceso y cuál ha sido el de otros partidos políticos como el PSOE?
E.S.:
Izquierda Unida siempre ha entendido, desde el principio, que había que crear una coalición política y social para emprender el trabajo en esta querella porque creemos que los querellantes deberían representar, como acusación popular, los intereses de toda la sociedad. Por eso nos parecía básico que la acusación se ejerciera no sólo por IU sino por otros colectivos que representan importantes sectores de la sociedad, especialmente colectivos ecologistas, como Ecologistas en Acción y la federación de Los Verdes, porque han sido las organizaciones ecologistas las que han venido denunciando en solitario política, socialmente y en los tribunales, estos despilfarros en infraestructura, que ahora vemos a qué se debían. Igual que organizaciones de juristas, como la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación Justicia y Sociedad, que han venido combatiendo contra este tipo de delitos económicos que causan grandes prejuicios a la sociedad.

IU y el resto de querellantes hemos conseguido que se judicialice esta causa. Hasta que IU pone la querella, la Fiscalía se había negado a judicializarla. No veía motivos y se limitó a abrir unas diligencias informativas que no tienen ningún efecto judicial, no paralizan la prescripción de los delitos, desde nuestro punto de vista para simplemente aplacar la opinión pública.

Un elemento importante: entre el 20 de enero, día que El País publicó los papeles de Bárcenas, y 28 de febrero, en que nosotros presentamos la querella, la inacción de la Fiscalía de no judicializar el caso ha permitido que prescriban o puedan prescribir delitos relacionados con entregas de 330.000€ realizados 10 años antes en esos 30 días.

Si no hubiéramos interpuesto esta querella, probablemente se habría estado mareando la perdiz, se habría estado dejando pasar los plazos y se hubiera iniciado una investigación seria como la que ahora se está haciendo. Además, es la acusación representada por IU la que está presentando sistemáticamente las solicitudes de diligencias que posteriormente son aprobadas por el juez y que están permitiendo avanzar la investigación. Desgraciadamente la Fiscalía u otras acusaciones no son tan activas.

A nuestro juicio, en las acusaciones de otras formaciones políticas se trabaja más con criterios mediáticos que jurídicos, buscando titulares sin que necesariamente haya detrás un trabajo jurídico y de investigación serio. Sin embargo, es evidente que muchos medios de comunicación, entre los que cabe destacar El País, hacen auténticos malabares para evitar nombrar a la acusación de IU, aunque son consciente de que es la acusación de IU y del resto de organizaciones la que ha conseguido que esta acusación llegue a este proceso judicial e impulsado la causa.

Publicado en el Nº 264 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2013

En esta sección

Pablo Iglesias participa en la Fiesta del PCEDiputadas de IU y Podemos reflexionan sobre el actual estado de la confluencia políticaPaco Segura: “Con sólo reducir las emisiones de CO2 no se arregla el mundo, lo que hay que cambiar es el modelo”El Comité Central del PCE apuesta por fortalecer el proyecto de unidad popular que hoy representa Unidas PodemosEnrique Santiago insta al PSOE a “dejarse de amenazas” y a “sentarse de una vez a negociar de verdad, porque aún no han empezado”

Del autor/a

Libertad para LulaPaco Segura: “Con sólo reducir las emisiones de CO2 no se arregla el mundo, lo que hay que cambiar es el modelo”El Comité Central del PCE apuesta por fortalecer el proyecto de unidad popular que hoy representa Unidas PodemosCarmen París: "La jota es el único género musical común a todos los pueblos de la Península Ibérica"El PCE e IU reciben al Partido Comunista de Vietnam y estrechan relaciones en su lucha contra el Neoliberalismo