La tierra es un derecho de todos y todas, y no una mercancía de los mercadosIU apuesta por una reforma agraria integral con un reparto justo de la tierra Defensa en Europa por Izquierda Unida de una política agraria y de desarrollo rural que favorezca a quien trabaja y vive en el campo

Antonio Romero Ruíz. Coordinador de la Red de Municipios por la III República; Presidente de honor del PCA; ex parlamentario IU
Keila Fernández Martínez. Licenciada Filosofía. Miembro Cte. Provincial PCE Granada 22/05/2014

La propiedad de la tierra en Andalucía está hoy más concentrada y en menos manos que en el año 1930, según el Instituto de Estadística de Andalucía dependiente de la Consejería de Economía en un trabajo denominado el “Sector primario andaluz en el siglo XX” figuran unos datos sorprendentes en Andalucía en el año 1930, 5.400 fincas tenían una superficie de 3.377.515 hectáreas que son el 43,24% de las tierras de Andalucía y en los años 2.000, 5.980 fincas cuentan con una superficie de 4.181.873 hectáreas el 55,05% del total de tierras agrarias que hay en Andalucía que suman 7.595.609 hectáreas.

Los gobiernos que ha tenido Andalucía, los gobiernos que ha tenido España y los gobiernos que ha tenido Europa no han movido un dedo hasta ahora para abordar la Reforma Agraria, hemos retrocedido incluso como muestran los datos expuestos.

Podemos poner en marcha una Agricultura moderna en el siglo XXI lo que es incompatible con una estructura de la tierra donde predomina el latifundismo, fenómeno único en Europa, el Banco Público de Tierras y la política y la creación de cooperativas con un enfoque integral y con un horizonte de soberanía alimentaria y de industrialización de los productos agrarios, crearíamos empleo y se repararía una injusticia histórica.

Apostamos por favorecer a la ganadería y agricultura familiar, no especulativa y que queda claramente menospreciada con la PAC que Arias Cañete, ex ministro de agricultura, nos lega antes de su paso al Europarlamento.

Es necesario impulsar una nueva Política Agraria Común capaz de distribuir las ayudas de forma justa y priorizando a quien trabaja la tierra, ya que hasta ahora el 80% del total de las subvenciones quedan en manos del 20% de los beneficiarios, en su mayor parte grandes empresas y terratenientes. Igualmente hay que insistir en prioridades como la de abastecer con alimentos sanos y suficientes, defender la agricultura familiar y la equidad en la distribución de la renta, y proteger el medio ambiente.

Desde IU ya hemos mostrado nuestro total rechazo a la reducción del 15% en la PAC, buscamos mejorar las ayudas directas y proponemos que la misma favorezca a las familias y no a los grandes terratenientes (propuesta de IU que no fue aceptada ya en la negociación de la actual PAC). También hemos rechazado el tratado de libre comercio que la UE, con el amparo de PP y PSOE que, además, lo olvidan en sus campañas, tiene previsto firmar con EEUU y que supondrá el fin de nuestra agricultura al ser imposible competir con una agricultura extensiva y transgénica como la americana.

Desde IU proponemos un enfoque de la PAC destinada al control de la producción e instauración de mecanismos de regulación de los mercados agrícolas que permitan:
- precios agrícolas estables y remuneradores (con el establecimiento de un precio agrícola mínimo);
- rentas remuneradoras para los agricultores y ganaderos;
- y una protección frente importaciones a precios bajos con un nivel variable de protección arancelaria ligada al costo de producción europeo.
Exigimos un cambio radical de la manera de conceder las ayudas, para que se centren en las pequeñas explotaciones y en aquellas regiones desfavorecidas agro-climáticamente con gastos de producción más elevados.

La propuesta de la Comisión Europea es decepcionante porque, no solo no solventa los problemas principales del sector agrícola y ganadero europeo (como la volatilidad de los precios, el déficit ganadero de proteínas o el actual desacople extremo de las ayudas) sino que los agudiza al profundizar en los principios de desregulación y desprotección que los ha generado. No contempla los mecanismos de regulación del mercado y profundiza en la mercantilización de la agricultura, supeditando la producción agrícola europea al comercio internacional.

No aborda el problema de los precios agrícolas ni la situación de crisis que vive el sector agrícola con una renta media un 50% inferior de la renta media europea lo que, en buena medida, lleva a que desaparezca una explotación agrícola en Europa cada dos minutos. Es inaceptable conceder ayudas según la capacidad de producción de la tierra y no según lo producido, eso es regular a favor del comercio internacional y no según la demanda de la población y los agricultores y ganaderos. Esto implica una total deslegitimación de las ayudas públicas.

Por tanto es necesario implantar nuevos criterios laborales y medioambientales, evitando las ayudas a las exportaciones a menor precio del coste de producción.

El proyecto de IU propone fomentar formulas de comercialización más directas y adaptar las normas sanitarias, actualmente industriales, para los productos elaborados en las explotaciones agrícolas campesinas. Nos centramos en la soberanía alimentaria y el derecho al alimento y por tanto, en la agricultura campesina (pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, modelo agrícola familiar...) que ha demostrado ser la que mejor puede garantizar el acceso al alimento de la población. La alimentación básica debe de ser producida localmente, y se ha de dar prioridad al empleo rural.

Por tanto proponemos una reforma agraria integral y modulación real de las ayudas al sector olivarero. Y abogamos también por un modelo sostenible, que beneficie a las explotaciones pequeñas y medianas y a las cooperativas; ponerle coto a los márgenes de ganancia de los intermediarios; más investigación; una nueva ley de aguas; seguridad alimentaria y rechazo a los transgénicos, y una «reorientación» de la PAC con una modulación real de las ayudas al olivar en función de su interés social y medioambiental o del empleo que genere.

Hay que señalar y a los grandes propietarios de tierras que no cultivan sus fincas y que, además, reciben ayudas de la Unión Europea (UE). Apostamos por la creación de nuestro proyecto de Ley de Banco de Tierras y Semillas, que conllevaría que todas las tierras públicas andaluzas se pongan al servicio de los trabajadores, que la mayor parte de los que quieren trabajar la tierra pues sean los dueños de ella, para luchar contra la lacra del paro, que busca un cambio de modelo productivo, que se apoye en el sector agroalimentario, implicando una importantísima apuesta por la agricultura.

La tierra es un derecho de todos y todas, y no una mercancía de los mercados. Las cooperativas agrarias deben ser uno de los caminos para una reforma agraria integral de la tierra.

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