La Unión Europea da un portazo a los Derechos HumanosAcuerdo ilegal UE-Turquía para expulsar personas refugiadas El gobierno español se encuentra entre los veinte países de la UE que ya han ofrecido la asistencia de funcionarios para aplicar las expulsiones masivas.

Mauricio Valiente Ots 09/05/2016

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Unión Europea adoptó un acuerdo que contempla la expulsión a Turquía de los inmigrantes y refugiados que hubieran atravesado este país en su ruta para alcanzar protección internacional o mejores expectativas de vida. A cambio, los gobiernos de la UE se comprometen a acoger un número similar de personas refugiadas sirias establecidas en Turquía, así como el otorgamiento de un conjunto de ventajas económicas y políticas. La canciller alemana, Angela Merkel, ha jugado un papel destacado en la negociación del acuerdo, en el que el gobierno turco, encabezado por el conservador Recep Tayyip Erdogan, ha conseguido reforzar su posición a costa de vender su papel de gendarme.

El contenido del acuerdo no es ninguna novedad radical. Al contrario, es una nueva expresión de un modelo de externalización de fronteras que la UE y sus países miembro han aplicado anteriormente con Libia, Mauritania, Marruecos... En el caso de este último país, el acuerdo con España de 1992, para devolver inmigrantes y refugiados, es un precedente bien conocido, con multitud de incidentes que han provocado los cambios de humor de las autoridades marroquíes. De esta forma el país de tránsito cobra su papel de gendarme a cambio de ayuda oficial, preferencias económicas o para que se haga la vista gorda a la represión, ya sea en el Sáhara Occidental, en el Kurdistán o con sus propias poblaciones en la violación de sus derechos humanos.

Por supuesto la OTAN seguirá jugando su papel en el operativo de control de fronteras, como en los otros espacios marítimos donde actúa con total opacidad, algo totalmente ajeno a su mandato pero muy eficaz para los intereses de quienes ponen en marcha los operativos.

Es lamentable que la UE haya demostrado mayor voluntad política en unos días que toda la que han demostrado durante años en acoger a las víctimas de un conflicto en Siria, que ha generado casi siete millones de personas refugiadas, la mayoría en los países de su entorno como Líbano, con graves carencias en la situación económico y social de su propia población. A pesar de todas las grandilocuentes declaraciones, la realidad de la actuación ha sido la de mirar hacia otro lado, evitar compromisos concretos y dejar a cada Estado miembro operar de forma separada.

Si bien el acuerdo no es una novedad, sí lo es la dimensión que ha alcanzado la actual crisis en la UE. No sólo es la deriva xenófoba y extremista de la mayoría de los gobiernos de países del este que forman parte de la misma, como el húngaro dirigido por Viktor Orban, sino las acciones unilaterales de gobiernos con una tradición asentada de asilo y acogida de inmigrantes, como los de Dinamarca o Suecia, aplicando medidas contra las personas refugiadas y la libre circulación en el interior de la UE. De esta forma no nos enfrentamos ante un caso más en la política de externalización de fronteras, sino al fracaso de la política de asilo e inmigración de la UE, incapaz de desarrollar una estrategia de acogida y diplomática común, coherente con los valores que dice defender.

Porque el acuerdo es ilegal; como lo han recordado organizaciones de derechos humanos y el propio ACNUR. Es contrario a la Convención de Ginebra de 1951 y a toda la normativa europea que conlleva la obligación de atender a las personas refugiadas, tramitar de forma individualizada sus peticiones de protección y la prohibición de las expulsiones colectivas. A pesar de los cambios de última hora y los matices, el contenido del mismo es inequívoco. La UE da un sonoro portazo; no es la primera vez, pero ahora, el golpe asestado afecta a su frágil superestructura democrática, al socavar los cimientos del edificio. Desde luego que las primeras en comprobar los efectos de esta decisión serán las personas refugiadas, las que de forma más directa y dramática están sufriendo las consecuencias del desplazamiento forzado, pero nos acabará afectando a todos los que vivimos en la UE con un lógica que anuncia más recortes de derechos, aumento de la xenofobia y fortalecimiento de los extremismos de derecha.

El domingo 20 de marzo entró en vigor el acuerdo con un escenario de caos y terror generalizado, como han denunciado las organizaciones de derechos humanos que atienden a las personas refugiadas. Por ejemplo, en la isla de Lesbos, según denuncia CEAR tras una visita sobre el terreno, el anterior campamento de Moria se ha convertido en un centro de régimen cerrado custodiado por la policía donde se obliga a posibles solicitantes de asilo a subir esposados a los barcos sin informarles de su destino. Unos traslados que se hacen según la nacionalidad de las personas y sin tener en cuenta que los afectados pueden ser víctimas de algún tipo de persecución y por tanto merecedoras de protección internacional.

A lo anterior se añaden los impedimentos crecientes a las organizaciones sociales y al personal voluntario para atender a las personas refugiadas, como lo vienen haciendo desde hace años, los únicos que han dado una lección de humanidad en esta crisis. Todo apunta a un nuevo proceso de criminalización, identificando a quienes ayudan de forma desinteresada con las mafias, como ya se ha hecho en varias ocasiones, para de esta forma neutralizar un testigo incómodo o al menos limitar su capacidad de actuación.

Al mismo tiempo se agrava la situación en la frontera cerrada de Idomeni, entre Grecia y Macedonia, donde desde hace un mes y medio permanecen más de 10.000 personas durmiendo en tiendas de campaña, a la intemperie, en medio del lodazal y en condiciones infrahumanas (un capítulo del penoso éxodo que hemos contemplado desde el verano pasado), así como la de los más de 50.000 solicitantes de asilo que se encuentran actualmente atrapados en Grecia, muchos de ellos hacinados en hangares, antiguos puertos y aeropuertos.

La UE cuenta con mecanismos legales suficientes, como la directiva de protección temporal en casos de afluencia masiva de personas refugiadas, para atender este tipo de situaciones; en su día, se llevaron a cabo operaciones de este tipo con personas desplazadas de Bosnia y Kosovo, si ahora no se hace es por ausencia de voluntad política o, lo que es mas grave, por incapacidad ante las decisiones unilaterales de los Estados.

Lo más sorprendente es que el Gobierno español “en funciones”, ha dejado de estar en funciones para aprobar un acuerdo inmoral e ilegal de este tipo, máxime con un expreso mandato contrario del Parlamento y a pesar de las declaraciones de su presidente Mariano Rajoy, también en funciones, que ha mentido de forma deliberada. Además, el gobierno español no se ha limitado a votar a favor de la medida, sino que se encuentra entre los veinte países de la UE que ya han ofrecido la asistencia de funcionarios para aplicar las expulsiones masivas. Una vergüenza y una razón más para echar a un gobierno que no merece ninguna confianza.

Las organizaciones sociales han desarrollado una activa campaña en defensa de lo que califican un pasaje seguro, una reivindicación básica para garantizar el acceso a la protección internacional, con concentraciones en muchas ciudades; esta reivindicación tan básica pone en cuestión lo esencial de una política fracasada y egoísta. No es solo solidaridad, es el país y la Europa que queremos construir. Nunca avanzará una Europa social y respetuosa con los derechos humanos si no es capaz de mantener con coherencia sus principios, el Derecho y la solidaridad internacional.

Publicado en el Nº 295 de la edición impresa de Mundo Obrero abril 2016

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