Utilizaban a la administración pública madrileña, realizando un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes socialesIU trabaja en la acusación popular contra la corrupción organizada del PP La Audiencia Nacional tendría que ser un verdadero tribunal de investigación y enjuiciamiento de los grandes delitos económicos y de corrupción.

Enrique Santiago Romero
Juan Moreno Redondo. Abogados del equipo jurídico #QuerellaBarcenas/Lezo 02/06/2017

Habría que combatir la corrupción, en especial en este tipo de tramas cuasi mafiosas, con los medios empleados contra otro tipo de organizaciones criminales: escuchas, interceptación de comunicaciones, registros.
En las últimas semanas, tras el arresto de varios dirigentes y ex cargos públicos del Partido Popular (PP), se ha ido conociendo la existencia de una presunta organización criminal de la que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sería el capo di capi. Se utilizaba el poder político de este partido en la Comunidad de Madrid, a través del Gobierno regional y distintas empresas de carácter público, como el Canal de Isabel II (CYII) o ICM, para obtener de forma ilícita distintas contrataciones públicas a favor de empresarios. A cambio, estos empresarios abonaban importantes comisiones económicas, en dinero negro, tanto a las personas que formaban parte de dicha organización criminal, como también presuntamente, al propio Partido Popular.

Este es el motivo que nos ha llevado a buena parte de las organizaciones que están manteniendo la acusación popular en la conocida como Querella Bárcenas, ligada a los papeles del extesorero, así como otras nuevas, a presentar una nueva querella en la que se recogen y documentan muchos de estos hechos. A la querella se han sumado distintas organizaciones que han venido trabajando en el marco de la Plataforma contra la Privatización del CYII. Las organizaciones firmantes de la querella son: Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, Equo, Paz con Dignidad-OMAL, ATTAC-Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Anticapitalistas, Corazón Verde de Chamberí y la Federación Los Verdes.

La intención de todos estos colectivos es poder ejercer la acusación popular, esto es, un seguimiento independiente y vigilante de la instrucción, sobre todo ante la alarma e indignación social generada al ver que importantes sectores de la política, la empresa, la fiscalía y algunos medios de comunicación presuntamente se han conjurado para saquear bienes públicos. En este caso utilizaban a la administración pública madrileña, realizando un expolio que luego se traduce en falta de recursos públicos y recortes sociales. Sin olvidar la alarma que genera que el propio portavoz parlamentario de PP en el Congreso de los Diputados haya manifestado la pretensión del PP de limitar el ejercicio de la acusación popular.

La Cosa Nostra

Entre las operaciones de índole criminal que la red ha llevado presuntamente a cabo, destacan las actividades en el extranjero de sociedades vinculadas al CYII (se compraban sociedades con un elevado sobreprecio que luego revertía en forma de comisión o soborno), la adjudicación irregular de contratos dentro de la empresa pública Mercasa, la evasión fiscal y blanqueo de capitales mediante el uso de paraísos fiscales, el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras como la construcción del tren a Navalcarnero, la adjudicación irregular a familiares o amigos de obras de ejecución como la disparatada instalación de un campo de golf en el madrileño barrio de Chamberí (declarada ilegal por la justicia) o la desviación de fondos públicos desde la agencia madrileña de informática, ICM, para el pago de gastos electorales del PP.

Cabe señalar el presunto papel nuclear y de auténtico capo del expresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del Partido Popular de Madrid, Ignacio González. También destacan Pablo M. González, hermano del expresidente y directivo de la empresa pública Mercasa, Edmundo Fernández Sobrino, ex presidente de INASA, sociedad dependiente de la sociedad de capital público CYII, o Ildefonso de Miguel, exgerente del CYII, sin olvidar a José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la agencia de informática de la Comunidad de Madrid ICM. A todos ellos se les imputan un buen número de delitos dentro de la querella que acaba de presentar la acusación popular. Del mismo modo se pide la imputación de destacados empresarios, como a Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, o Javier López Madrid, consejero delegado de OHL, por reiteración delictiva.

La acusación popular también pide en su querella que se investigue el desvío de fondos públicos desde ICM para el pago de gastos electorales del Partido Popular (566.497,58 € en 2012 y 121.000 € en 2013). Esta petición resulta muy relevante porque desde finales de 2012, con la nueva redacción del Código Penal (recogida en la L.O. 7/2012, de 27 de diciembre), los partidos políticos pasan a ser, como personas jurídicas, plenamente responsables penales de actuaciones como la descrita. Por ello, como se argumenta en la querella, se pide la imputación del PP por un delito contra la hacienda pública (estos fondos eran opacos al fisco) y por delito electoral, toda vez que buena parte de los fondos ilícitos se empleaban en las campañas del partido, tanto de Madrid como nacional. Además, se aportan argumentos para imputar por cohecho, estafa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales a esta organización.

La posible imputación de Esperanza Aguirre

También parece evidente que la actual cúpula del Partido Popular ha estado maniobrando para encubrir los delitos cometidos por Ignacio González y sus cooperadores. Para nuestra acusación popular existen elementos suficientes para que este delito de encubrimiento se impute a Esperanza Aguirre, además de otros destacados miembros del partido. Y es que existen abundantes indicios de que la expresidenta tenía supuestamente pleno conocimiento de la información que manejaban los extesoreros Lapuerta y Bárcenas, quien incluso trataron de recuperar la mordida que Villar Mir pagó por la construcción frustrada del tren a Navalcarnero, así como del exalcalde de Leganés. Del mismo modo, Esperanza Aguirre fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su Secretario General al tiempo que ella era presidenta del PP de Madrid. Del mismo modo, en la querella se argumenta su posible papel como cooperadora en los presuntos delitos fiscal y electoral del PP.

Debemos recalcar la necesidad de combatir la corrupción, en especial en lo concerniente a este tipo de tramas cuasi mafiosas, con los medios que se emplean para la investigación contra otro tipo de organizaciones criminales, haciendo uso de todo tipo de posibilidades de escuchas, interceptación de comunicaciones, registros, siendo deseable que se actúe con determinación y contundencia para perseguir este tipo de organizaciones criminales que hasta hace poco han actuado con total impunidad dada su convicción de que el estado capitalista no perseguiría de forma decidida sus actividades criminales. A la vez, no podemos dejar pasar la oportunidad para exigir, amen de la necesaria restructuración y mutación que precisa la Audiencia Nacional, que por parte de este órgano judicial se vaya tomando plena conciencia de la necesidad de que lo que es hoy la Audiencia Nacional se convierta en un verdadero tribunal de investigación y enjuiciamiento de los grandes delitos económicos y de corrupción que se producen a lo largo y ancho de nuestro país.

En definitiva, al igual que en el caso Bárcenas, nos esperan varios años de difícil trabajo de investigación e impulso de las pesquisas, trabajo que no podrá ser del todo eficaz sin el apoyo y denuncia política que se debe realizar desde los movimientos sociales y las instituciones. La lucha contra la corrupción organizada nos corresponde a todos, cada cual en su ámbito de actuación, y la suma de este esfuerzo de denuncia no será en vano.

Publicado en el Nº 307 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2017

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