Vicepresidente de FACUA-Consumidores en AcciónRubén Sánchez: “Entendemos que la protección al consumidor es una lucha política” “Hay una falta de independencia: los poderes establecidos se están reuniendo con los banqueros a la par que ningunean a la sociedad organizada”

Gema Delgado 31/12/2018

Rubén Sánchez es la cabeza más visible de FACUA-Consumidores en Acción. Trabaja en la organización desde 1993. Practica el periodismo como activismo político para denunciar los fraudes de las grandes empresas y la banca contra los consumidores. Su denuncia a los poderosos le he creado muchos enemigos. Lo tiene asumido, “es lo que pasa cuando te implicas en política desde los movimientos ciudadanos”, dice. Han desatado duras campañas mediáticas en las redes y en los medios para intentar desprestigiarle y le han intentado llevar a la cárcel. El Partido Popular de Andalucía se sumó a la acciones que emprendieron Ausbanc y Manos Limpias intentando imputarle. No lo lograron. Pero el que sí acabaría poco después en prisión incondicional acusado de extorsión, amenazas y organización criminal fue el propietario de Ausbanc, Luis Pineda.

Rubén ha publicado un libro por entregas en la web y de descarga gratuita. Se llama Timocracia y habla de 300 timos sobre los que estar informado y defenderse. Ya lleva más de 27.900 descargas.

MUNDO OBRERO: ¿Qué diferencia a FACUA-Consumidores en Acción, de otras organizaciones de consumidores?
RUBÉN SÁNCHEZ:
Nosotros, a diferencia de otras organizaciones de consumidores que trabajan desde los despachos haciendo estudios comparativos sobre la calidad de diferentes productos y servicios, cosa que nos parece bien y necesario, somos una organización de la calle que entramos en la lucha ciudadana y en la lucha política porque creemos que es la forma fundamental que tenemos que trabajar para defender nuestros intereses.

Nosotros creemos que la sociedad civil tienen que estar permanentemente interviniendo en política y forzando a los partidos que gobiernan y a los de la oposición a que hagan y reivindiquen cosas en defensa y beneficio de los ciudadanos y, en nuestro caso, como consumidores. Apostamos por salir a la calle a movilizarnos y lo hemos hecho junto a otros elementos de la sociedad civil, sindicatos y partidos políticos que han compartido con nosotros las reivindicaciones.

M.O.: ¿Cómo ha evolucionado la sociedad respecto a la defensa de sus derechos como consumidores en estos años?
R.S.:
Por una parte van los consumidores y por otra la Administración. Cada vez hay más consumidores que asumen que hay que dar la batalla, denunciar y reivindicar. Pero no es porque la Administración haya potenciado esa conciencia crítica sino porque hay organizaciones que hemos conseguido que la información sobre los fraudes y nuestros derechos tengan cierto peso en los medios de comunicación masivos.

Pero la asignatura pendiente es que haya administraciones que de verdad se encarguen de garantizar la protección de los derechos. En este sentido hemos sufrido una involución. En los años 80 se crearon las administraciones de protección al consumidor en el gobierno estatal y en los autonómicos con la noción de que se van a hacer cosas en defensa de los consumidores, que se va a potenciar el movimiento asociativo, etc. Han pasado las décadas y hoy parece que esos organismos están de adorno y son desconocidos por los consumidores. No controlan el mercado como correspondería. No ponen sanciones contundentes cuando se producen fraudes masivos y las grandes empresas en España tienen una sensación de impunidad de que pueden saltarse la legislación sin ningún problema.

M.O.: Timocracia pone el foco no sólo en los abusos de las empresas, que puede formar parte de la lógica intrínseca de un capitalismo insaciable, sino en la responsabilidad de los gobiernos que han permitido y permiten esos abusos, ¿Por qué las distintas administraciones autonómicas y estatal no se atreven a poner freno a los defraudadores?
R.S.:
Puede haber diferentes razones. Una de ellas, como hemos visto en este país, son las puertas giratorias; los políticos responsables de las Administraciones pueden concebir que es mejor no molestar a las grandes empresas porque algún día, a lo mejor, puedes acabar trabajando en ellas, lo cual es una gravísima corruptela.

También puede haber falta de talla política e incapacidad de asumir que cuando están en el gobierno tienen el poder de aplicar las leyes y hacer que los fraudes masivos sean castigados. La Administración autonómica de defensa del consumidor maneja leyes de gran envergadura que van mucho más allá de hacer campañas informativas, gestionar unas subvenciones y sacar a los inspectores a mirar si las tintorerías tienen listados de precios o vigilar los horarios de los centros comerciales.

Y luego, lo que creo que es más habitual, es el ideario político de quien gobierna, ya sea desde una Administración de consumo, el Ministerio de Fomento, el Banco de España o cualquier organismo con responsabilidades de control del mercado, defendiendo la idea de que no hay que molestar a los banqueros, los grandes accionistas de las empresas de telecomunicación, etc, que permitirles que cometan abusos es el peaje que tenemos que pagar para que España tenga una gran banca, un tejido empresarial potente, etc. Esto favorece que haya abusos.

M.O.: Otro sector, con el que nadie se atreve son los bancos... ni siquiera el poder judicial, como se acaba de comprobar en el caso del impuesto de las hipotecas y antes con la cláusula suelo.
R.S.:
Al final, obligan a que todos los temas de consumo se acaben judicializando. Es gravísimo cuando el Tribunal Supremo dicta en 2013 que los bancos se podían quedar con todo el dinero defraudado por las cláusulas suelo porque si se les obligaba a devolverlo podrían tener graves problemas económicos.
Y ahora con el impuesto de las hipotecas acaban rectificando la sentencia del Supremo. Uno se pregunta qué hay detrás de todo esto, qué presiones se han podido dar y por qué un tribunal dicta una sentencia que más bien parece una decisión política. Cuando tienes que modular una sentencia por el impacto económico que tiene para el sentenciado te planteas que eso es propio del poder legislativo o ejecutivo, no del poder judicial. Es escandaloso y arrogante.

M.O.: Entonces, ¿quién va a defender y proteger a la ciudadanía de los abusos de la banca?
R.S.:
Debería hacerlo un poder judicial independiente. Pero también un legislativo y ejecutivo independiente. No deberían responder a los intereses de los lobbies y de determinadas empresas, pero lo cierto es que nos encontramos con la falta de independencia que los poderes establecidos se están reuniendo con los banqueros a la par que ningunean a la sociedad organizada que reivindica que se tomen medidas para que se cumplan las leyes que tienen que protegernos de abusos de esos banqueros.

Los vínculos del poder político con el económico han estado ahí siempre, y el poder político ha estado plegado al económico.

M.O.: La pobreza energética ha ido aumentando en la misma medida que han ido creciendo los beneficios de las energéticas. ¿Cómo se analiza hoy las consecuencias de la privatización y liberalización de la telefonía y las empresas energéticas?
R.S.:
En la última etapa de Felipe González empiezan a ponerse en marcha medidas seudoliberalizadoras que venían de Reino Unido y Estados Unidos con las que se va desmantelando lo público. Y se continúa con Aznar. Se traslada a la ciudadanía la falacia de que las grandes empresas empezarían a ofrecer servicios a los consumidores y que esa competencia entre ellas provocaría que se esforzaran por darnos el mejor precio y servicio posible. Pero el resultado es que son oligopolios, además de no esforzarse en competir cometen fraudes, traspaso de clientes y falsificación de contratos, como hicieron primero con la liberalización de las telecomunicaciones, y con la electricidad.

A eso se sumó la absoluta inacción de los responsables de los gobiernos, que han sido corresponsables de los fraudes por haber mirado hacia otro lado. Entretanto se ha ido desregulando, recortando derechos de los consumidores, o manteniéndolos pero sin querer aplicar las leyes cuando se producen los fraudes. Así se ha privatizado lo público, se ha desmantelado y se ha puesto en manos de grandes empresas de fondos buitres, de dinero extranjero, como Endesa. El resultado es que los consumidores empezaron a pagar mucho más por servicios idénticos.

M.O.: Si la pobreza energética y el enriquecimiento de las eléctricas, -que ganaron 5.600 millones de euros el año pasado-, vinieron de la mano de las privatizaciones, ¿podría venir la solución a través de la intervención de esas empresas, fijando tarifas, por ejemplo, o por la nacionalización de esos sectores estratégicos?
R.S.:
Las Administraciones, tanto la estatal como las autonómicas, tendrían que ejercer un control férreo sobre sectores tan clave como el suministro de la energía, la banca y las telecomunicaciones.

Además de ese control estaría la intervención en precios. Por ejemplo, Telefónica que va a subir el establecimiento de llamada a 40 céntimos cuando en 2006 eran 12 céntimos, ahí hay que valorar una intervención tarifaria y poner topes a precios de determinados servicios de las telecomunicaciones. Igual que en la energía eléctrica. Si al año hay medio millón de familias a las que le acaban cortando la luz por falta de pago, a ese sector también le tienes que intervenir. Además de que han duplicado el precio en 15 años, están por encima de la media europea.

Y si no funcionaran las medidas intervencionistas en los precios, ni las sanciones duras del fraude, entonces podría plantearse la nacionalización.

Publicado en el Nº 322 de la edición impresa de Mundo Obrero dic 2018 - ene 2019

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