La Constitución de 1978, en perspectiva histórica Cuarenta años de una dictadura feroz explican que la izquierda considerara la Constitución como un gran logro.

Julián Sanz Hoya. Fundación de Investigaciones Marxistas 20/12/2018

En estos tiempos, en que la derecha sacraliza la Constitución de 1978, envuelta en consignas nacionalistas, y la izquierda ataca la Transición, entre llamadas a “derribar el régimen del 78”, resulta difícil hablar de lo que significó aquel texto desde una perspectiva histórica. Porque esa perspectiva, aplicada al contexto de los años setenta, nos muestra que el PCE estuvo no solo entre los promotores de la Constitución, sino también -y con enorme sacrificio de sus militantes- fue destacado impulsor de las luchas sociales sin las que no se hubiera conseguido nunca, del mismo modo que el PCE, como el PSOE, pero también el PTE o la ORT, pidieron con insistencia el voto favorable en el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978. Nos muestra que, en dicho referéndum, los mayores porcentajes de síes se alcanzaron en los barrios obreros y los de noes (con la excepción del País Vasco) en los barrios residenciales de la burguesía, algo congruente con el rechazo y los recelos ante la Constitución generalizados en la derecha, la patronal, la Iglesia y el Ejército. Esto, que puede resultar chocante para parte de la militancia más joven, hace que sea difícil, sí, pero imprescindible, hablar de la Constitución en perspectiva histórica, teniendo en cuenta el contexto de los años setenta y también el generado por el paso del tiempo.

Probablemente, nuestra visión actual de la Constitución tenga mucho que ver con los relatos mediáticos y políticos sobre “la Transición”, empezando por el relato generado desde el establishment. Un mito en el que el fin de la dictadura y la construcción de un sistema democrático parlamentario parecen haber sido fruto del impulso y la capacidad de unos pocos dirigentes, de unas élites (el Borbón, Fernández-Miranda, Suárez y, como fieles colaboradores, los líderes de la oposición, e incluso los neofranquistas de AP), con un plan trazado y que, con generosos pactos y espíritu de consenso, diseñaron una transición pintada como modélica, pacífica y, cada vez más, de resultados intocables. Quienes nos dedicamos a la historia sabemos que este relato mítico no tiene fundamento en los hechos reales. Sabemos que, sin una fuerte movilización popular contra la dictadura franquista y contra los intentos por perpetuarla reformada tras la muerte del dictador, jamás se hubiera forzado la apertura de un proceso democratizador, ni el gobierno de Suárez hubiera aceptado muchas de las demandas de la oposición -eso sí, con la habilidad de presentarlas en muchos casos como propias-, ni se hubiera llegado a las elecciones de junio de 1977. Como sabemos que no había nada parecido a un plan trazado, ni a un consenso dominando el periodo, y que el proceso de elaboración de la Constitución vino marcado en buena medida por el resultado electoral de 1977 y por las demandas de la oposición democrática. Por ello, resulta cuando menos sorprendente que una parte relevante de la izquierda parezca haber comprado muchas de las claves explicativas sobre la Transición que nos vienen vendiendo los medios y los políticos del statu quo (pacto entre élites, plan, consenso…), solo que añadiendo la evidente violencia que recorrió el periodo y las traiciones como elementos explicativos.

Un repaso a la elaboración del texto del 78, así como a su contenido, permite comprobar que el proceso de redacción fue complejo y que sus protagonistas fundamentales fueron, de un lado, las principales fuerzas del antifranquismo (PSOE, PCE, sectores catalanistas…) y, de otro, UCD, esta última bastante dividida en muchos temas. Se discutió mucho y se debatieron casi todos los temas, incluida la forma monárquica o republicana (cuestión de la que la izquierda no hizo casus belli), la organización territorial, la definición de la nación y las nacionalidades, los marcos económicos y sociales, la educación, el lugar de la Iglesia, el derecho al divorcio o al aborto. Los resultados expresaron hasta cierto punto los equilibrios de fuerzas existentes, aunque algunos historiadores consideran -como lo hizo en su día Solé Tura- que el texto resultante estaba en realidad más a la izquierda que la composición del Congreso (y, más todavía, del Senado). Como es sabido, o debiera serlo, las críticas más duras procedieron de la derecha presente en AP (y en sectores de UCD), además de las fuertes presiones de la Iglesia, la patronal y altos mandos militares para tratar de limitar diferentes aspectos (aconfesionalidad, derechos sociales, descentralización, limitado papel del rey) que se abrían paso. Muchas de tales presiones no surtieron efecto, con la notable excepción de la enfática afirmación de la unidad nacional en el artículo 2º, que se ha atribuido a la intervención directa de los militares. El resultante fue una norma de corte democrático parlamentario, con reconocidas influencias de otras constituciones europeas (la italiana de 1947, en especial, también la germano-occidental de 1949, la francesa de 1958 y la portuguesa de 1976), con unas limitaciones y unas posibilidades no tan diferentes a otros marcos constitucionales de tipo similar.

La consecución de un marco de libertades democráticas tras cuarenta años de una dictadura feroz explica, sin duda, que la izquierda de la época considerase por entonces la Constitución como un gran logro. Algunas de sus limitaciones y sus problemas, que hoy nos parecen más evidentes, entonces no se consideraban relevantes, o fueron obviados por el objetivo principal de recuperar la democracia. Durante algún tiempo, el discurso del PCE y de IU se centró en reclamar que se cumplieran efectivamente los derechos civiles y sociales inscritos en la Constitución, tal y como insistía Julio Anguita. Desde hace tiempo, también ha defendido la necesaria recuperación de la memoria republicana y de la represión franquista, del mismo modo que se ha replanteado el modelo de Estado, la estructura territorial, los privilegios de la Iglesia o la necesidad de blindar los derechos sociales. Paralelamente, la apropiación simbólica de la Constitución por la monarquía y por la derecha, unida al desencanto por los retrocesos sociales y las derrotas de la izquierda, han contribuido a que la militancia se desvinculara cada vez más de un texto que hoy parece usarse solo para blandirlo contra los independentistas, mientras se obvian o vacían las políticas sociales que enuncia o permite su articulado. Hoy, que nos encontramos con la emergencia de la ultraderecha y con el reiterado ataque a avances trabajosamente conquistados, es difícil no pensar que la prioridad deba ser la defensa de los derechos y las libertades fundamentales, que se conquistan con la movilización social y sólo se conservan y amplían con la movilización social.

Publicado en el Nº 322 de la edición impresa de Mundo Obrero dic 2018 - ene 2019

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