Coincidirá con la investigación de Anticorrupción sobre las comisiones por el AVE a La MecaEl juez Marchena será el encargado de decidir si el Supremo admite a trámite la #QuerellaBorbón

Mundo Obrero Redacción 27/12/2018

• El Alto Tribunal informa a los querellantes en una primera diligencia y una providencia que los/as magistrados/as Francisco Monterde Ferrer y Ana María Ferrer García acompañarán al presidente de la Sala Penal a la hora de decidir sobre este tema.

• Esta decisión va a coincidir en el tiempo con otras actuaciones judiciales ya en marcha, entre ellas la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el pago de supuestas comisiones multimillonarias en Arabia Saudí en la construcción del trazado del AVE a La Meca, un asunto sobre el que se hace un relato pormenorizado en la querella.


El propio presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena Gómez, actuará como ponente de la decisión que debe tomar esta instancia judicial en las próximas semanas para aceptar o rechazar la tramitación de la querella criminal registrada ante la misma el pasado 5 de diciembre por Izquierda Unida y uno de sus partidos integrantes, el Partido Comunista de España (PCE), contra el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, y otras ocho personas por la supuesta comisión de 13 delitos.

Así se les hace constar a los querellantes en una primera diligencia y una providencia donde se les informa también que acompañan a Marchena a la hora de decidir sobre esta importante querella los/as magistrados/as Francisco Monterde Ferrer y Ana María Ferrer García.

En la primera diligencia se especifica desde la Secretaría de esta Sala Segunda, de lo Penal, del Supremo que la ponencia le ha correspondido ‘por turno’ al propio presidente Manuel Marchena, una vez ‘consultado el libro de ponencias’.

La querella, cuya firma además de Izquierda Unida y el PCE completa la Asociación Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas (FAI-RADE) va dirigida, además de Juan Carlos de Borbón, sobre su amiga especial y empresaria comisionista Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) general Félix Sanz Roldán, los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, el comisario de Policía detenido José Manuel Villarejo, además del ciudadano y abogado suizo Dante Canónica y Álvaro Orleans Borbón.

En el texto se imputan hasta 13 supuestos delitos, entre ellos los de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.

La decisión que deben tomar a partir de hora los/as tres magistrados/as del Tribunal Supremo y de la que será ponente nada menos que el presidente de su Sala Penal va a coincidir en el tiempo con otras actuaciones judiciales ya en marcha, entre ellas la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción por el pago de supuestas comisiones multimillonarias en Arabia Saudí por las obras de construcción del trazado del AVE a La Meca.

Se da la circunstancia de que en el texto de la querella de IU y el PCE sobre la que ahora tienen que decir los/as magistrados/as de la Sala Segunda del Supremo se hace una relato pormenorizado de estos hechos, tal y como fueron recogidos por los medios de comunicación a raíz de las conversaciones desveladas que mantuvieron en su momento Corinna zu Sayn-Wittgenstein, el empresario Juan Villalonga y el polémico comisario José Manuel Villarejo.

La amiga íntima de Juan Carlos de Borbón explica en esas grabaciones, según lo publicado, que el actual rey emérito y entonces jefe del Estado exigió y habría cobrado una parte sustancial de esas suculentas comisiones que, según se recoge en las conversaciones, habrían ascendido en su totalidad a cerca de 100 millones de euros.

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