Mediaciones

Medios de injusticia La brecha de clase muestra las mayores ventajas en el mundo del trabajo que tienen los hijos de empresarios y profesionales liberales con igual nivel educativo.

Francisco Sierra 18/01/2019

España es un país de relaciones públicas lastrada por el abuso del capital social. En lugar del mérito debido prevalece la mediocracia, la movilidad según los medios y contactos disponibles. Recientemente, un informe publicado por el diiario.es daba cuenta de la estricta reproducción endogámica de las élites. En España, documentaba el estudio, existe un alto grado de desigualdad en el acceso a la universidad, en la herencia de la ocupación de padres a hijos y en el sueldo entre personas con el mismo nivel educativo. Entre todas las ocupaciones que más se heredan de padres a hijos destacan los empresarios y profesiones liberales (abogados, médicos. Los hijos de jueces, abogados y profesores de universidad tienen entre un 12% y un 20% más posibilidades de acceder a la clase directiva y profesional, que los hijos de albañiles con el mismo título educativo. Estas son las profesiones de los padres que otorgan mayores ventajas a sus hijos por canales irregulares (conexiones, transmisión directa del negocio, información privilegiada sobre procesos de selección y oposiciones), independientemente de las competencias y del principio de equidad y debida transparencia propias de una sociedad moderna. Como resultado, se reproduce la brecha de clase en la que los hijos de profesionales liberales y empresarios obtienen las mayores ventajas en el mercado de trabajo en comparación con hijos de la clase obrera con el mismo nivel educativo. Alguien nacido en una familia de jornaleros en el campo andaluz que aspire a ser juez tiene ínfimas posibilidades comenzando por el hecho de que apenas un 4%. logra acceder a la universidad. Similar suerte corren los hijos de familias de la periferia urbana cuyos padres trabajan en el sector primario (pesca, minería), en la construcción, o en el sector servicios de baja cualificación (empleados domésticos, limpiadores, cocineros y conductores de camiones). Los hijos de padres en estas profesiones alcanzan tasas de graduación universitaria entre el 8% y el 17%, cifras considerablemente por debajo del nivel medio de la población (24%). Mucho se ha hablado de la endogamia universitaria que incluye la herencia del oficio de padres a hijos y de ello bien podemos dar cuenta del franquismo a este tiempo en España, pero poco o nada se dice del mismo proceso en la alta magistratura del Estado. En España, el poder judicial como otros ámbitos de la actividad pública (la carrera diplomática o militar) ha estado reservada en su cúspide a las clases nobiliarias y de la alta burguesía. Crisis como la del Tribunal Supremo se explica en buena medida por esta falta de competencia. Y se agudiza cuando la crítica de la Opinión Publica y los propios medios exponen en el escaparate catódico su inconsistencia. La respuesta de jueces y el poder judicial no es otra que matar al mensajero y negar la propia incapacidad. Bien es cierto que el espectáculo informativo no conoce de normas ni de procedimientos. Prevalece en el populismo mediático la cultura del ojo por ojo, la voracidad deshumanizante como principio y final de toda mediación. Una cultura del insulto y la venganza que tiende a destruir al otro sin conmiseración a base de dichos, indicios y conjeturas. La cobertura de sentencias y conflictos como el de las hipotecas resulta poco o nada proclive a la escucha activa o al diálogo como condición existencial. Por ello los tiempos de la justicia diferida tienden a acomodarse al ritmo de la noticia en una suerte de telerealidad que rezuma violencia simbólica por doquier. Así, el simulacro de nuestra actualidad es la repetición continua de la lucha de clases en la representación del poder como dominio, tanto en la forma de sentencia (siempre performativa) como en el discurso informativo. Casos como el de Gabriel Cruz o Diana Queer dan cuenta de esta lógica devastadora que los medios alimentan por necesidades de rating y una fingida moral de la causa justa. Ahora, antes que toda mediación espectacular, cabe preguntarse si los medios de injusticia no parten de la ausencia de una mediación social equilibrada en el acceso a la impartición de justicia. La arbitrariedad no depende de la conformación del Consejo General del Poder Judicial. Se produce en la Universidad, se despliega en la promoción de la judicatura, y se justifica en los medios, por ello la airada respuesta de los jueces a las críticas ante casos como la Manada. La falta de justicia es una cuestión de medios y de mediaciones. De gente con clase que no tiene miramientos en reproducir sus privilegios instalada en el clasismo y la aporofobia. Por ello la justicia es ciega y la televisión ojeriza. Ver para creer.

Publicado en el Nº 322 de la edición impresa de Mundo Obrero dic 2018 - ene 2019

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