Las cadenas rotas

El Talón de Aluminio El Gobierno tiene la facultad constitucional y la obligación moral de intervenir en la actividad económica y por lo tanto en Alcoa a través de la SEPI.

Vanessa Angustia 15/02/2019

Si algo representa el conflicto de Alcoa, es la servidumbre de los sucesivos gobiernos al capital representado en las multinacionales privadas. En 1998, el gobierno de José María Aznar privatizó Inespal y con ella, privatizó y entregó el monopolio de la producción de aluminio primario en España, sector industrial estratégico entonces y ahora, con una demanda mundial del aluminio producido en nuestro país que cada año deja beneficios millonarios a la multinacional estadounidense Alcoa. Aquella venta incluyó cláusulas secretas que establecían bonificaciones eléctricas que han sumado millones de euros en los últimos diez años, subvenciones públicas y un régimen extraordinario de emisiones de CO2.

Lo que entregaba el Gobierno y mantuvieron los siguientes hasta el actual Gobierno socialista fue su responsabilidad respecto al crecimiento de nuestra economía, de un modelo industrial fuerte y con futuro y la protección y generación de puestos de trabajo. El Gobierno tiene la facultad constitucional y la obligación moral de intervenir en la actividad económica y por lo tanto en Alcoa a través de la SEPI, para garantizar tanto el futuro de la producción de aluminio primario como de los puestos de trabajo; debe participar en la empresa, tal y como han hecho ya Alemania, Francia e Italia con la misma Alcoa.

Cuando en noviembre la ministra Valerio rechazaba intervenir señalando que “no estamos en un régimen comunista” declaraba la línea que el gobierno de Pedro Sánchez mantendría en la negociación entre la multinacional y el comité de empresa: abandono de la responsabilidad pública del gobierno y sumisión a las multinacionales eléctricas con una subasta eléctrica del fondo de interrumpibilidad más cara que nunca para la industria electrointensiva y especialmente dañina para la producción de aluminio. Producir una tonelada de aluminio necesita seis veces más energía que una de acero.

Alcoa anuncia el cierre de sus plantas en A Coruña y Avilés y que se va a continuar su proceso de acumulación donde producir sea muy barato en base a la ausencia de derechos laborales y medioambientales. Pretendía extinguir 500 puestos de trabajo y mantener 200 para el funcionamiento mínimo hasta junio de 2019 a la espera de comprador o inversor. No contaban que una vez parados los tanques de electrólisis con el aluminio solidificado son irrecuperables y por tanto la nueva puesta en marcha de las factorías sería costosísima. Alcoa ignora la pérdida de puestos de trabajo indirectos que abandona a casi dos mil familias. Todo esto lo mantienen tras anunciar un incremento de beneficios del 5% en el ejercicio de 2018 y un aumento de su valor en un 27%.

Ha sido la lucha obrera, los trabajadores quienes han ganado tiempo hasta el mes de junio para que el Gobierno actúe y seguiremos luchando con ellos, en las calles y en las instituciones, pues los retos son los mismos que antes del anuncio: nacionalizar nuestros sectores estratégicos contra los monopolios privados, un proceso de reindustrialización que frene la despoblación rural y salve las comarcas tocadas de muerte por el desempleo, que se convierten en el perfecto caldo de cultivo para el populismo de la extrema derecha, la recuperación imprescindible del nexo energético-industrial y la protección de nuestros trabajadores y trabajadoras. El futuro, camaradas, se defiende luchando, contra este “Talón de Aluminio” y contra los que vengan.

Publicado en el Nº 323 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2019

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