Las cadenas rotas

El 95% de las personas migrantes se queda sin votar desde la reformaLos derechos rogados La imposición de rogar el voto complica el derecho a ejercerlo a una población española migrante politizada de inicio sobre las causas y culpables de su exilio forzoso.

Vanessa Angustia 07/04/2019

La imposición de rogar el voto fue la falsa salida pactada a principios de 2011 por PSOE, PP, CiU y PNV alegando que resolvería la demanda de modificación del censo de voto en el extranjero que hasta ese momento se realizaba volcando los datos del padrón sin revisión y actualización, con datos de personas ya fallecidas o errores de domicilio entre otros, abriendo las puertas al fraude. Digo falsa salida, porque la reforma no garantizaba la solución, pero a cambio sí complicaba el derecho al voto, obligando a solicitarlo para poder ejercerlo a una población española migrante en ascenso en torno a la precariedad y la crisis y por tanto politizada de inicio sobre las causas y culpables de su exilio forzoso, muchas no se registran en los consulados por miedo a la pérdida de derechos o porque su situación también es de incertidumbre en el país al que se han ido. El censo de personas inscritas en el CERA (Censo Electoral de los Residentes Ausentes) en las elecciones del 20D de 2015 era de 1.924.012 personas, menos de 74.000 ejercieron su derecho. En 2008, 383.016 personas de un censo de 1.201.433 lo hicieran. El 95% de las personas migrantes se queda sin votar desde la reforma.

La reforma coincide con el incremento de las personas que emigran desde nuestro país, por culpa de las políticas austericidas, el paro, la ausencia de políticas públicas de creación de empleo en torno a los servicios públicos, un sistema de I+D+I sin futuro, la desindustrialización y su fase de deslocalización y un largo etcétera. Si se reconoce la causa, se reconoce el efecto y de nuevo el bloque reaccionario se blindó ante el aumento de una emigración que no ve aún la posibilidad de retorno y supera los 2.500.000 de personas que identifican la causa y actúan de forma contestataria: el 30,20% del voto exterior en las elecciones generales de 26J fue a Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea, situándonos como la fuerza más votada entre nuestras migrantes.

Ha sido política de clase la que causa la situación y lo es más, la gestión en torno a las políticas de retorno. No es casual que de nuevo las élites y los sucesivos gobiernos desde 2011 hayan centrado el discurso en “el retorno del talento”. Aunque la crisis ha forzado la salida de todo tipo de perfiles, las inscripciones más numerosas en los consulados son de personas entre los 25 y los 44 años, con perfiles relacionados con la sanidad, la educación y la investigación, sectores públicos a los que en España se recortaba, pero también una elevada cantidad de personas entre los 25 y los 35 años, lo que parece indicar un gran número de trabajadores y trabajadoras que en nuestro país nunca consiguieron una primera oportunidad en el mercado laboral independientemente de su nivel de formación y cualificación.

El derecho al arraigo es incuestionable, como también lo son el derecho a escoger a tus representantes y el derecho ciudadano a ser contemplado en las políticas públicas. Cuando todos esos derechos se ruegan, no se puede hablar ni de participación ni de democracia. Cada día las camaradas y compañeros y compañeras en el PCE e Izquierda Unida en el Exterior trabajan en ello y asumimos el reto: eliminar el voto rogado, recuperar el derecho al voto municipal a las personas inscritas en el CERA, mejorar las condiciones de los recursos económicos, técnicos y humanos en nuestros consulados, ampliar los plazos son medidas imprescindibles para su derecho a la participación. El retorno, el derecho a volver, sólo lo garantizarán las medidas estructurales de reforma en torno a nuestro modelo económico y productivo.

Publicado en el Nº 325 de la edición impresa de Mundo Obrero abril 2019

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