Mundo multipolar

De nuevo la doctrina Monroe: objetivos, Venezuela y Cuba Esa doctrina, bajo el eufemismo de “América para los americanos”, daba carta blanca a los EE.UU. para intervenir en toda América Latina.

Willy Meyer 11/04/2019

En América Latina nos quieren imponer el modelo de democracia diseñado por los Estados Unidos, y al que no acepte entrar por ese carril, lo acusan de populista radical, terrorista y dictador.
Hugo Chávez

Para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y, realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía.
Fidel Castro

John Kerry, Secretario de Estado del Presidente Obama, anunciaba en noviembre de 2013, en la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el fin de la doctrina Monroe. Ponía así fin a 190 años de política exterior norteamericana hacia América Latina y Caribe (ALyC), resumida por el presidente Monroe en 1823 con la frase “América para los americanos”, un eufemismo que daba carta blanca a los EEUU para intervenir en toda América Latina. Monroe reconocía que EEUU tenía el “derecho” de extenderse “por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno”.

Desarrollando esa doctrina, otro Presidente, Theodore Roosevelt (1904), concretaba su política del Gran Garrote (Big Stick) declarando, que si una nación demostraba un “comportamiento razonable” y “mantiene el orden y respeta sus obligaciones no tiene por qué temer una intervención de los EEUU”. Asimismo, decía que “la adhesión de los EEUU a la Doctrina Monroe puede obligar a los EEUU… a ejercer un poder de policía internacional”. La política del Gran Garrote legitimó el momento de la expansión imperialista de EEUU.

En los años 70 y 80, esa doctrina tomó cuerpo en la llamada “Operación Cóndor” un plan estratégico de los EEUU que, en colaboración con las dictaduras del Cono Sur de Latinoamérica, desplegó a sus agentes de inteligencia para combatir cualquier tipo de movimientos de liberación y democratización. Fueron los años de plomo de asesinatos, torturas, desapariciones, desestabilizaciones y golpes de estado como el de Chile.

La Administración del Presidente Obama, a través de John Kerry, enterrando esa doctrina, manifestaba que la relación entre EEUU y América Latina no podía basarse en “cómo y cuándo (EEUU) va a intervenir en los asuntos de otros Estados americanos”, sino “de compartir responsabilidades, de cooperar en cuestiones de seguridad y de adherirse no a la Doctrina, sino a las decisiones que tomamos como socios para promover los valores y los intereses que compartimos”. Consecuencia de ese cambio radical, fue el anuncio sorpresivo y positivo de Obama de establecer relaciones diplomáticas con la República de Cuba, rotas desde 1961.

Pero poco ha durado esa rectificación. El Presidente Trump, en la Asamblea General de las NNUU de septiembre de 2108, reivindicaba de nuevo la doctrina Monroe y, meses más tarde, la ponía en práctica contra el Estado soberano de la República Bolivariana de Venezuela aplicando los manuales de los años 70 para organizar golpes de estado, creando el “personaje” de Juan Guaidó y -con el apoyo de los gobiernos de la ultraderecha de Brasil y Colombia-, desestabilizando el gobierno legítimo del Presidente electo Maduro y, siguiendo la pauta de ese manual, desplegando una importante presencia naval y marítima de los Estados Unidos cerca de Colombia y Venezuela.

En paralelo, el Secretario de Estado Mike Pompeo, anunciaba reactivar el Titulo III de la Ley Helms-Burton para permitir a los estadounidenses reclamar propiedades confiscadas y nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución Cubana. Ese Título, que ha estado congelado durante más de 21 años, establece también que cualquier compañía, estadounidense o extranjera, que tenga tratos con Cuba, puede ser sometida a represalias legales así como los buques o aeronaves que entren en territorio cubano.

El título II de la ley Helms-Burton dispone además, el derrocamiento del gobierno revolucionario, la posterior tutela del país a cargo de un interventor estadounidense y el ulterior establecimiento de un gobierno contrarrevolucionario y subordinado a Washington. Tendría como tarea inequívoca, la devolución o pago a los antiguos propietarios de todas las propiedades, que sean reclamadas por antiguos dueños o sus descendientes, hayan sido estadounidenses o no en el momento de las nacionalizaciones.

Esa reactivación de la Ley Helms-Burton, propia de mentes que identifican a la República de Cuba como una posesión colonial, pretende frenar y bloquear el progreso económico, comercial y el desarrollo de la Isla. Se produce, además, en un momento de reactivación del comercio cubano que, con nuevas políticas de protección al comercio internacional, refrendadas en la nueva Constitución aprobada en referéndum el pasado 24 de febrero por el 90% del censo electoral, sitúan a Cuba en un lugar privilegiado para la inversión extranjera.

Venezuela y Cuba son los objetivos de la reedición de la doctrina Monroe que pretende acabar con las soberanías nacionales, con pueblos decididos a defender sus conquistas sociales en la perspectiva del Socialismo.

Publicado en el Nº 325 de la edición impresa de Mundo Obrero abril 2019

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