Mundo multipolar

Los Estados que reconocieron al “autoproclamado” se encuentran con que éste echa por tierra el relato democrático apelando a una intervención militar norteamericana¿Un frustado golpe cívico-militar en Venezuela sin castigo? Los delitos de rebelión en Francia se condenan con 30 años de cárcel, en España entre 15 y 25, en Alemania de 10 a prisión permanente revisable. Sin embargo, Guaidó está en la calle.

Willy Meyer 01/07/2019

El pasado 30 de abril, se emitía en directo por todos las canales de televisión, radio y medios de comunicación digitales en todo el mundo, la liberación forzada de un preso en arresto domiciliario, Leopoldo López, condenado a más de 13 años por participar e instigar las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 venezolanos y cientos de heridos. Y junto a él, un grupo de militares y el “autoproclamado presidente interino” Juan Guaidó, llamando a la sublevación militar para impulsar un golpe cívico-militar contra el gobierno venezolano.

Las imágenes en directo, mostraban cómo los militares desplegaban armas de guerra, repelían los botes de humo, que las fuerzas leales les lanzaban, a la vez que Guaidó apelaba insistentemente a la sedición y amotinamiento de las Fuerzas Armadas.

El desarrollo de los acontecimientos es conocido. Las Fuerzas Armadas permanecieron leales a su mandato constitucional, los grupos civiles violentos, que se enfrentaron con cocteles molotov a la autoridad armada, no pudieron traspasar los controles, dejando eso sí, un saldo de muertes y heridos.

Desarticulado el golpe, Leopoldo López pedía refugio en la residencia oficial del embajador de España, algunos militares implicados hacían lo propio en distintas embajadas y el “autoproclamado” desaparecía insistiendo en llamadas a la rebelión y días más tarde, a una intervención militar norteamericana contra Venezuela.

Ese tipo de rebelión y traición, en cualquier Estado del mundo, se considera uno de los atentados más graves a la legalidad constitucional y a la soberanía nacional. Así, en nuestro código penal, la rebelión está castigada entre 15 a 25 años de cárcel, en Alemania se contemplan penas de 10 años a prisión permanente revisable, en Francia, con 30 años de cárcel, en los EEUU hasta 20 años de cárcel. En éste último Estado, país promotor, instigador y financiador del frustrado golpe en Venezuela, está considerado un crimen federal cualquier acto que organice, ayude o intente organizar un partido, grupo o conjunto de personas que promuevan o alienten el derrocamiento o destrucción del gobierno. En virtud de esa legislación, en 1981 Oscar López Rivera, líder independentista de Puerto Rico y veterano de la guerra de Vietnam fue condenado a 70 años de prisión por conspiración para la rebelión.

Producido el frustrado golpe militar y las llamadas a una intervención militar extranjera, el escenario, para la Revolución Democrática Bolivariana y para los países, como España, que reconocieron al “autoproclamado” presidente interino Guaidó, ha cambiado radicalmente. De una parte, las instituciones venezolanas que representan la soberanía nacional, tienen el deber constitucional de proceder a la detención y puesta a disposición de la justicia de todos los participantes e instigadores del golpe. De otra parte, los Estados que reconocieron al “autoproclamado” para gestionar unas elecciones democráticas, se encuentran con que, no sólo que no hay ni siquiera indicios de que Guaidó tenga capacidad de gestionar unas elecciones, sino que aparece en una acción que echa por tierra el relato democrático del personaje, agravado por su apelación a una intervención militar norteamericana.

El Grupo de Contacto Internacional, auspiciado por la UE, se encuentra de la noche a la mañana con que su apuesta “democrática”, es un golpista dispuesto a usar la fuerza militar (nacional y extranjera), la violencia, para doblegar a las instituciones y a la soberanía nacional venezolana. El propio ministro Borrell reconocía que se había producido “un golpe militar que nadie puede negar”, distanciándose de la Administración Norteamericana, “el grupo de contacto no está en la misma onda que Washington”. Esas declaraciones tuvieron una respuesta airada del representante del golpista Guaidó en España, al no compartir la calificación de golpe militar que los descubre tal y como son. Siguiendo la consideración de Borrell, es insostenible, desde todo punto de vista, que otro golpista, Leopoldo López, disfrute de refugio en la residencia oficial del embajador de España en Venezuela. ¿Nuestras embajadas receptoras de golpistas?

En esta tesitura, la Revolución Democrática Bolivariana tiene la obligación de defender, con todos sus medios al alcance, la soberanía nacional, las instituciones y a su Presidente legítimo Nicolás Maduro, frente a la conjura golpista diseñada en Washington y ejecutada por el “autoproclamado” Guaidó. En cualquier país del mundo, en Europa y desde luego en España, de producirse un caso semejante, desde el minuto uno, de un intento de golpe cívico-militar, el Estado procedería de inmediato a la detención y puesta a disposición de la justicia de todos los golpistas.

Fracasado el golpe, Guaidó (que sigue disfrutando de libertad), apela como último recurso, ante la lealtad de la Fuerza Armada Venezolana a la soberanía nacional y a las instituciones, a una intervención militar norteamericana al viejo estilo imperial. Frente a esa apelación, las Naciones Unidas, la Unión Europea y todas las organizaciones sociales y políticas defensoras de la Paz y del derecho Internacional, deben movilizarse para impedir un escenario en América Latina y Caribe que nos retrotraiga a los años 70 y 80 del pasado siglo, los años de la “Operación Cóndor” (apoyo de la CIA a las dictaduras de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina), y de los golpes de estado e intervenciones militares norteamericanas en Chile, Nicaragua, El Salvador, Haití, Panamá o Granada.

La Paz, de nuevo está en peligro.

Publicado en el Nº 327 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2019

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