Los minutos de silencio se convierten en gestos hipócritas para tapar las responsabilidadesIVECO, un nuevo “caso” de la alianza criminal entre patriarcado y capital

Anabel Segado. Secretaría Movimiento Obrero del PCE 10/07/2019

Hemos vuelto a matar a una mujer. Verónica, 32 años y dos hijos, trabajadora de Iveco y compañera del Sindicato CCOO, que alerta de las causas, de las negligencias cometidas y de las responsabilidades que hay detrás de esta muerte evitable.

Esta vez, el suicidio de una mujer por sufrir la violencia de su ex pareja, primero; de sus compañeros de trabajo, después; y de los responsables de su empresa, IVECO, que a pesar de tener protocolos contra el acoso y la violencia de género en el ámbito laboral, no los aplicaron, como está poniendo de manifiesto la Federación de Industria de CCOO. Imaginemos que esto hubiera pasado en una pequeña empresa; porque es fácil imaginar que esté pasando y no sea noticia.

Violencia del miedo a que la empresa no te ayude, no actúe como está obligada, o peor aún, ejerza más violencias. Violencia después, cuando los medios tratan de analizar exhaustivamente “el caso”, y en los titulares aparece que el video fue grabado “cuando estaba soltera”.

Una sociedad en la que la mayoría de hombres (incluso niños) reciben y comparten contenido pornográfico como algo socialmente aceptado y normalizado. Por lo general, son imágenes de mujeres desconocidas, pero cuando la mujer objetualizada es identificable, se la priva también individualmente de sus derechos y se la culpa por haberse tomado imágenes, por haberlas compartido con su pareja (o quién con ella decida), por no haberse opuesto… afirmaciones que buscan la responsabilidad en la víctima, y que la vuelven a convertir en víctima del debate social.

Nadie tiene derecho a difundir intimidades de otra persona; y hacerlo con el objetivo de causar un daño, menos aún. Todas estas conductas están tipificadas como delito y, desde luego, habrá que investigar las responsabilidades penales.

El entorno laboral en el que Verónica ha sufrido lo ocurrido, muestra además que el deterioro de los derechos básicos y de las relaciones laborales está sustentado en la normalización de la desigualdad y en la falta de aseguramiento real del ejercicio de los derechos colectivos e individuales, de todo tipo. Y no existe derecho si no se puede ejercer.

Los planes de igualdad y los protocolos frente al acoso, que se han venido gestando en algunas empresas, gracias a las organizaciones sindicales y a su obligada implantación en empresas de 250 trabajadores o más, (y no siempre y costando mucho esfuerzo), se convierten en papel mojado ante su inaplicación o negligencia, y más aún con una Inspección de Trabajo sin los recursos y medios necesarios para hacerlos cumplir.

Y si a esto sumamos la cantidad de empresas que ni siquiera vienen obligadas a tener dichos planes, y la desregulación y desprotección que supone la alarmante precariedad que sufrimos los trabajadores en general, y las trabajadoras en particular, y más aún los sectores ocupados mayoritariamente por mujeres, que niegan incluso la posibilidad de organización sindical, el panorama es tan desolador como urgente revertirlo.

Los minutos de silencio se convierten en uno de los silencios cómplices, gestos hipócritas que sólo pretenden tapar las responsabilidades políticas detrás de cada muerte. Es necesario que nos organicemos contra esta lacra. Es necesario que nuestras organizaciones sociales, sindicales y políticas tengan la fuerza precisa para combatirla.

Necesitamos medios, recursos, y que dejen de tener resultados fallidos. Porque en este caso, aún cuando la empresa disponía de ellos, fallaron. Nadie los puso en práctica.

Publicado en el Nº 327 de la edición impresa de Mundo Obrero junio 2019

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