La privatización de correos es un bocado apetecible para quienes hacen negocio con nuestros derechosCorreos como síntoma: la estrategia liquidadora del neoliberalismo para el mundo rural El servicio de Correos, como sanidad, educación, transporte público y los servicios bancarios son fundamentales para mantener vivos los municipios más pequeños.

Eva García Sempere 30/09/2019

Recientemente hemos asistido al levantamiento del mundo rural a cuenta de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), publicado el pasado martes 11 de junio, en el que propone un recorte sustancial de la actividad que realiza Correos en las zonas más despobladas a través de la reducción del número de días de entrega de correspondencia, no fijar un número mínimo de oficinas o puntos de recogida (en Román paladino: cerrar los existentes) y la externalización.

Sindicatos como CCOO y UGT y asociaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han denunciado la irresponsabilidad de este informe liquidador de un servicio público histórico y que goza de alta estima entre las personas usuarias.

Y es que el servicio de Correos es medular para la vertebración territorial y social de eso que llamamos la “España Vaciada”. Junto con otros servicios públicos como educación o sanidad, el servicio de Correos, así como los servicios bancarios, son fundamentales para mantener vivos nuestros municipios más pequeños.

Para cualquier persona, que viva o no en el rural, el servicio de Correos es necesario para recibir notificaciones de toda índole o realizar gestiones cotidianas, y es fundamental que se preste el servicio de manera diaria: ¿qué ocurriría si las comunicaciones administrativas no se realizan en los plazos adecuados? Pues que se perderían prestaciones y medios. Poca, muy poca gente puede permitirse que esto les ocurra, con lo que se aceleraría el vaciado del territorio por migración a zonas donde se garantice de manera diaria este servicio.

Y en el caso de las pequeñas empresas la liquidación de este servicio conllevaría, además, el cierre de miles de pequeñas empresas del ámbito rural que dependen de él para comercializar sus productos.

Lo cierto es que el desmantelamiento de los servicios públicos en el mundo rural no es nuevo: llevamos años asistiendo a la pérdida de calidad o frecuencia, cuando no directamente a la liquidación, de servicios de transporte público, sanidad, educación… hecho que se agudizó con la excusa de la crisis-estafa. Y últimamente planea sobre los municipios la sombra de los últimos golpes: la eliminación de las oficinas bancarias y del servicio postal universal.

Correos es la mayor empresa pública de España, con más de 53.000 empleados y casi 2.400 oficinas. La privatización de este servicio es desde luego un bocado apetecible para quienes siempre están expectantes a hacer negocio con nuestros derechos. Pero no podemos adjudicarle a la Airef la paternidad de esta estrategia liquidadora del servicio universal postal: el desmantelamiento de Correos lleva años de intensidad en el mundo rural. Las 311 estafetas cerradas entre 2012 y 2016 corresponden a “oficinas auxiliares”, que son las que predominan en los pueblos. Pero es que, además, las cifras revelan cómo estos cierres de oficinas auxiliares se han concentrado en las provincias y comunidades de carácter más rural: dos de cada tres oficinas de Galicia, una de cada cuatro en Aragón, el 40% de las oficinas de Castilla y León o, en el caso de Andalucía, es clarificador que casi la mitad de los cierres sea en Granada.

Aquí solo cabe una posición si realmente nos creemos la lucha contra la despoblación:

Aprobar por fin el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, pendiente desde 2011. Incluyendo la garantía de prestación del servicio en zonas en las que existe muy baja densidad de población: el compromiso adquirido a través de la Ley Postal Universal establece que se visite cada uno de los domicilios al menos cinco días a la semana. ¡Qué diferencia con la propuesta de la Airef para las zonas de montaña, por ejemplo, para las que recomienda que el servicio se limite a un día a la semana!

A las políticas neoliberales les sobra la gente que vive en el rural: sus servicios son difíciles de privatizar y que salgan las cuentas de beneficios. Por eso intentan su eliminación, en una suerte de sabotaje social.

Luchar contra la despoblación no es darse golpes en el pecho apelando a un pasado familiar en el pueblo de turno que toque visitar en campaña electoral.

Luchar contra la despoblación es defender de manera implacable el acceso a los servicios públicos. También, por supuesto, el servicio postal universal.

Publicado en el Nº 328 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2019

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