Los incumplimientos del gobierno andaluz en Memoria Democrática La memoria democrática es una de las líneas políticas estratégicas para VOX por lo que exigieron presidir la comisión de cultura que tiene dichas competencias.

Ana Naranjo Sánchez. Foro por la Memoria de Córdoba 03/10/2019

Desde el arranque de la legislatura el nuevo ejecutivo andaluz proclamaba cumplir sus obligaciones en materia de memoria democrática, en un intento de normalizar uno de los focos mediáticos de esta nueva legislatura tras la entrada de la extrema derecha como sostén del gobierno de las derechas en la Junta de Andalucía.

La memoria democrática es una de las líneas políticas estratégicas para VOX en Andalucía por lo que exigieron presidir la comisión de cultura del parlamento andaluz tras redirigir allí el nuevo ejecutivo las competencias en materia de memoria democrática, perdiendo así el realce institucional que anteriormente tenían al estar situadas en la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Comenzaba así a resituarse este nuevo gobierno conservador en materia de memoria democrática. La nueva consejera, Patricia del Pozo, con voz cálida nos ofrecía buenas palabras pero ninguna iniciativa desde diciembre, sino más bien al contrario.

En el primer presupuesto aprobado por las tres derechas hemos visto reducido un 10% las partidas ya de por sí raquíticas en materia de memoria democrática. Donde más disminuye la financiación o directamente se elimina es en la investigación histórica de la Guerra Civil y la Dictadura, imposibilitando de esta manera el derecho a la verdad que tenemos los españoles y españolas, el derecho a conocer nuestro pasado para poder construir nuestro presente y futuro. Es una de las decisiones más graves de las derechas de Andalucía poniendo en marcha así unas líneas de actuación basada en la “memoria humanitaria” que nos aleja del contexto histórico en el que se produce el fracasado golpe de estado y la guerra civil, y que equipara a víctimas y verdugos. La memoria de la República, de la resistencia y de la lucha obrera organizada queda fuera de esta “memoria humanitaria” con la que la derecha española pretende aparentar que sigue las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos y desapariciones forzosas de la legislación internacional cuando su iniciativa política es una burla a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin investigación histórica no podremos nunca introducir la memoria democrática en las aulas, algo imprescindible para alejar los relatos de la propaganda franquista que todavía permanecen en instituciones actuales (basta recordar algunas sentencias judiciales).

Desde que se constituyó el nuevo gobierno andaluz los incumplimientos sobre la Ley de Memoria Democrática de Andalucía se incrementan en unos casos y en otros permanecen desde el anterior ejecutivo del PSOE.

Mientras seguimos esperando el desarrollo normativo de la LMDA, que es el Decreto sobre recuperación de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo en fosas comunes y por el que se regulan tanto los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía como un Censo oficial de víctimas para poder contabilizar el genocidio en Andalucía y poder facilitar la identificación de los asesinados...entre otros aspectos. Este desarrollo normativo es fundamental para poder esclarecer en la medida de lo posible la magnitud de la represión franquista y para reconocer públicamente a aquellos que dieron su vida por los valores democráticos.

En la actualidad no se tienen en consideración los procedimientos ni los protocolos oficiales ante la aparición de nuevas fosas -sirvan como ejemplos los casos recientes de Castilleja del Campo y de Carmona, en la provincia de Sevilla-; no se responde a los compromisos de cofinanciación de los trabajos en fosas ya iniciados, cuyos costes están siendo asumidos íntegramente por Ayuntamientos y/o Diputaciones: Nerva (Huelva), Pico Reja (Sevilla), Cementerio de San José (Cádiz) o Cementerio de la Salud (Córdoba).

El traslado de los restos y pruebas genéticas se está haciendo sin ningún control público. Hacíamos desde Adelante Andalucía una pregunta parlamentaria para conocer cuántas pruebas de ADN se habían realizado en 2018. Nos sorprendíamos todos -incluidos periodistas- con los datos que nos ofrecían “un total de 57 analizadas y 70 en proceso”, en esos datos venían incluidas exhumaciones como la de El Madroño de 2014. Pruebas que se realizan de manera poco transparente, mal publicitadas y que se demoran en plazos inasumibles.

Entre otras medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas reconocidas en la LMDA están los Lugares y Senderos de la memoria, figura que ha quedado paralizada por el gobierno andaluz que desde su investidura no ha sumado ninguna nueva declaración, lo que se suma al lamentable estado de conservación de los ya declarados e inscritos en el inventario por la inacción de los poderes públicos.

Seguimos igualmente esperando la Creación del Instituto de Memoria de Andalucía recogido en la LMDA así como la creación de un grupo de trabajo o comisión independiente para elaborar un informe en favor de la verdad, reparación y garantía de no repetición sobre la represión franquista en Andalucía, y que en su momento constituirá la aportación desde Andalucía a la necesaria y futura Comisión de la Verdad estatal.

Mención de honor dentro de los incumplimientos de la ley andaluza para el capítulo de la retirada o eliminación de los elementos considerados contrarios a la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía recogido en la LMDA, que dispone que las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía.

Uno de las actuaciones más polémicas del nuevo gobierno se ha producido en relación a la exaltación de figuras vinculadas al franquismo del callejero de Córdoba. Tras pactar PP, Cs y VOX, la primera medida que adoptó el nuevo gobierno de la ciudad fue revertir los cambios en el callejero que cumplían con la LMDA del anterior gobierno municipal, medida que contó con la complicidad pública de la consejera Patricia del Pozo que nos sigue avergonzando a los y las cordobeses.

La mejor prueba para conocer la voluntad política en torno a la memoria democrática del gobierno andaluz es que no hay ni una sola sanción aplicada entre las que se reconocen en la LMDA desde su entrada en vigor a pesar de sus constantes incumplimientos.

Publicado en el Nº 328 de la edición impresa de Mundo Obrero septiembre 2019

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