Moreno anunció que la seguridad nacional se pactaría con los EEUU. Cambió independencia por vasallajeEcuador: giro neoliberal, persecución política y estado de excepción Para realizar el giro neoliberal, el presidente Lenin Moreno se quitó de en medio a su vicepresidente Jorge Glas: le condenó sin pruebas como a Lula.

Fran J. Pérez Esteban. Responsable de Política Internacional de Izquierda Unida 29/10/2019

Cuando el presidente de Ecuador, Lenin Moreno deje el poder, hecho que ocurrirá pronto, la historia no le absolverá, más bien será implacable con el. El en otra época vicepresidente de Rafael Correa y hoy traidor a la Revolución Ciudadana, para frenar las protestas populares en su contra, acaba de declarar el estado de excepción aplicando una política represiva a sangre y fuego para imponer por la fuerza unos acuerdos con el FMI muy lesivos para el pueblo ecuatoriano.

Candidato del movimiento izquierdista Alianza País, Lenin Moreno ganó las elecciones en abril de 2017 con el 51% de los votos frente al 48% del derechista Guillermo Lasso, banquero y candidato de Creando Oportunidades (CREO). Llegó al poder por tanto para dar continuidad a las políticas públicas que durante 10 años el presidente Rafael Correa había impulsado con la Revolución Ciudadana, logrando unos niveles de desarrollo y de equidad social nunca vistos en Ecuador, sacando a dos millones de personas de la pobreza y levantando escuelas, universidades, hospitales y viviendas sociales para la gente humilde y la clase trabajadora de todo el país.

Lenin empezó muy mal: reuniéndose ya el primer mes y de forma pública, tanto con los grandes propietarios de medios de comunicación privados como con los banqueros, enemigos del presidente Rafael Correa, quien no había aceptado reunirse ni una sola vez con ellos en diez años. Si eso era un mal síntoma, el giro neoliberal en su política social y económica se confirmó: privatizaciones, abandono de las políticas sociales y la redistribución de la riqueza, despidos en empresas públicas, condonación de 4.500 millones de dólares en impuestos a los ricos, etc.

Y en la política exterior, ruptura con la independencia respecto a los EEUU. Si Correa había cerrado la base militar estadounidense de Manta y despedido a cientos de agentes de EEUU empotrados en las estructuras del estado, Lenin escenificó la absoluta sumisión a los dictados de EEUU en junio de 2018 durante la visita del vicepresidente Mike Pence a Ecuador: hizo descolgar para la ocasión una bandera gigante de los EEUU desde el balcón del palacio presidencial ecuatoriano de Carondelet. Puro vasallaje, sin antifaz.

Pronto se comprobaron los acuerdos alcanzados con el imperio: entrega de Julian Assange al gobierno británico violando el derecho internacional y el derecho de asilo; reapertura de la base militar de Manta y creación de otra nueva en las islas Galápagos; anuncio de que la seguridad nacional del país se pacta ahora con los EEUU. Respecto a sus anteriores aliados bolivarianos, Moreno se distanció del ALBA, reconoció sin escrúpulos al autoproclamado Juan Guaidó e incluso retiró la sede de UNASUR cedida por Correa para impulsar la integración latinoamericana.

Persecución a la Revolución Ciudadana

Pero lo más sorprendente fue la persecución política decretada por Moreno contra sus anteriores compañeros de la Revolución Ciudadana. Para realizar el giro neoliberal tenía que quitarse de en medio a su vicepresidente, Jorge Glas, así que a través de un montaje judicial se le acusó de corrupción y se le condenó sin pruebas, como a Lula. Preso político de Moreno, está injustamente recluido en una prisión común de máxima peligrosidad a 100 km de Quito.

Violando abiertamente la Constitución y atribuyéndose competencias que no le eran propias, Moreno nombró a dedo a las máximas autoridades del estado. Dos de los nombrados, la Fiscal General del Estado y el contralor, han emprendido una auténtica caza de brujas contra Correa y los correístas aplicando la doctrina de la lawfare impulsada por EEUU en todo el continente para la eliminación del adversario político.

Decenas de dirigentes del correísmo están siendo investigados administrativa y/o penalmente por órdenes de la Fiscal General y del contralor de Moreno en una persecución injustificable contra los principales cuadros que protagonizaron la Revolución Ciudadana entre 2006 y 2017. Solamente Rafael Correa ha sufrido en dos años 28 denuncias judiciales, la mayoría de las cuales han sido archivadas por falta de base jurídica. Pero mientras, se mantiene en Bélgica y no puede regresar al país porque sería encarcelado de inmediato. La propia Interpol ha rechazado una orden de detención contra Correa señalando que se están violando sus derechos humanos.

En el exilio se encuentran también Ricardo Patiño, quien fuera canciller de Correa, o Fernando Alvarado, ministro de Turismo y Presidencia. O Virgilio Hernández, diputado. O el sociólogo Pablo Romero, jefe de inteligencia de Correa, quien ha pedido asilo político en España. Todos víctimas de la lawfare.

Militarización del país

Desde IU denunciamos la deriva autoritaria y represiva del gobierno Moreno, quien ha decidido pasar a la historia de la infamia. Acorralado por el éxito del paro nacional y por las enormes movilizaciones populares contra un paquetazo neoliberal acordado con el FMI el 3 de octubre, ordenó aplicar el estado de excepción y el toque de queda desde las 15 horas, para reprimir policial y militarmente.

Dicho ‘paquetazo’ incluye 30.000 despidos de empleados públicos, una bajada del salario de los mismos en un 20%, el recorte en 15 días de sus vacaciones (en el sector privado ya es la jungla), así como el inicio de la privatización de las pensiones y de una reforma que precarizará las condiciones laborales.

El aumento del precio de los combustible (un 120% el diésel y un 30% la gasolina) incluida en el paquetazo, fue el detonante de la protesta, pues ese aumento tiene repercusiones en los costos generales de producción y en el transporte, y crea a su vez subida de precios y dispara la inflación. Las estimaciones del prestigioso CELAG (Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) es que esta medida iba a llevar a 300.000 personas a la pobreza. El pueblo lo sabía y se echó a la calle.

Moreno, marioneta del FMI y de las oligarquías locales, ha decidido la criminalización de la protesta social y la militarización del país durante 90 días y la limitación del derecho de reunión y de manifestación. El estado de excepción es una medida desproporcionada, impropia de gobiernos democráticos. Eso sí, Moreno ha aprovechado la crisis para incrementar la persecución política contra dirigentes de la Revolución Ciudadana, como la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, cuya libertad hemos exigido, o la diputada Gabriela Rivadeneira refugiada con 7 compañeros en la embajada de México. Decenas de líderes indígenas y sindicales han sido detenidos.

Según el Defensor del Pueblo el balance de la represión es de 8 personas fallecidas, 1142 detenidas y 1340 heridas. Con ese alto coste, la crisis se ha cerrado en falso con un acuerdo no tan positivo. A cambio de acabar con las movilizaciones, obtener solo la retirada del decreto 883 sobre combustibles (un solo punto del paquetazo) es poca ganancia popular para quien ha estado a punto de derribar a un gobierno que incluso huyó cobardemente a Guayaquil. El movimiento indígena, tan capaz de movilizaciones heroicas como de erróneas negociaciones, se ha conformado con poco.

Pero la ofensiva popular que ha estado en la calle luchando ha sido una suma de movimientos: sindical, estudiantil, feminista, oposición política y movimiento indígena. Y esa lucha no ha terminado. El pueblo ecuatoriano es un pueblo combativo y Lenin Moreno ha cavado su fosa. Desde IU seguiremos apoyando firmemente a la Revolución Ciudadana de Correa y al pueblo ecuatoriano en su lucha por su libertad frente a un proyecto antidemocrático, autoritario y represivo. Volverán los gobiernos del pueblo a gobernar Ecuador. Volverán los gobiernos del Socialismo del siglo XXI.

Publicado en el Nº 329 de la edición impresa de Mundo Obrero octubre 2019

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