Las escuelas de militares latinoamericanos han sido sustituidas por centros de formación de jueces y operadores jurídicos para acabar con gobiernos progresistasEl 'lawfare', nueva forma de injerencia en América Latina contra la democracia La lista de líderes populares y organizaciones antineoliberales anuladas políticamente es cada día más extensa: Lugo, Dilma Rousseff, Lula, Kirchner, Santrich, Correa, Jorge Glas...

Enrique Santiago Romero. Secretario General del PCE y miembro del recién constituido Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD). 30/10/2019

Guerra jurídica o Lawfare es una palabra inglesa formada por las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), que se refiere a una forma de guerra asimétrica, una "guerra jurídica" que utiliza ilegítimamente el derecho interno o internacional con la intención de dañar políticamente al oponente. Se persigue una victoria política en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, victoria que consiste en paralizar política y financieramente a los oponentes, o inmovilizarlos judicialmente para que no puedan actuar políticamente ni alcanzar cargos representativos en instituciones públicas. Lo de menos es la condena penal que se obtiene. Ésta no sería la finalidad de la estrategia sino un medio para desprestigiar, anular e inhabilitar civil y políticamente al enemigo.

El Lawfare se utiliza desde hace algo más de un lustro por las fuerzas conservadoras y la nueva ultraderecha estadounidense –que se ha hecho con la Casa Blanca- con toda intensidad. En el año 2012 el Senado de Paraguay destituyó al Presidente Fernando Lugo responsabilizándolo de una masacre de campesinos organizada por terratenientes; en 2016 el Senado de Brasil destituyó como Presidenta a Dilma Rousseff por un supuesto delito; a principios de 2018 la ex presidenta argentina Cristina Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, lo que le ha impedido volver a presentarse como candidata a las elecciones presidenciales; en enero 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia por corrupción contra Lula Da Silva, ingresando en prisión en abril de ese año con una condena de 12 años y quedando apartado de la carrera presidencial en la que era claro favorito. En abril de 2018 la Fiscalía de Colombia encarcela con fines de extradición a los EEUU al diputado del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de narcotráfico del que no hay indicio alguno en los tribunales colombianos; en julio de 2018 se dicta en Ecuador orden de captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente en diciembre 2017 era encarcelado el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, acusado de corrupción. La lista de líderes populares de izquierda o progresistas anulados políticamente por estas operaciones de guerra jurídica es cada día más extensa.

El Lawfare comenzó a gestarse hace años mientras la izquierda en América Latina conquistaba el poder institucional en un numero importante de países, gracias a un amplio apoyo popular que permitía alcanzar grandes victorias electorales, siguiendo el modelo del Chile de la Unidad Popular y de Salvador Allende.

Mientras se iniciaban y consolidaban estos procesos de victorias populares, las fuerzas conservadoras coordinadas por los EEUU, diseñaban la estrategia de guerra y desprestigio contra las organizaciones y líderes de izquierda que alcanzaban el poder político oponiéndose a los ajustes neoliberales, rescatando la soberanía nacional y poniéndola en común en los procesos de integración de los pueblos latinoamericanos.

El Lawfare ha sustituido la doctrina de la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que guió la actuación de los EEUU contra los avances populares y los gobiernos de izquierda desde la década de los años 60 del pasado siglo.
Las escuelas de militares latinoamericanos han sido sustituidas por centros de formación de jueces y operadores jurídicos, desde las que se organiza y expande la estrategia para acabar con gobiernos progresista y anular políticamente a sus líderes.

Uso alternativo del derecho

Los EEUU y las fuerzas conservadoras aprendieron la potencialidad política del denominado “uso alternativo del derecho”, técnica jurídica que utiliza el litigio estratégico para hacer avanzar la lucha en garantía de los derechos humanos fundamentales negados por los Estados capitalistas. Como cualquier herramienta de avance social, entre sus potencialidades se encuentran su fácil accesibilidad, bajo coste y alta eficiencia, elementos suficientes para atraer el interés de los innumerables centros de pensamiento financiados exclusivamente para observar las luchas y avances populares y a continuación diseñar estrategias para derrotarlos.

El uso alternativo del derecho es lícito cuando es desplegado por la sociedad civil para alcanzar, garantizar o expandir los límites y contenidos de derechos enunciados en las cartas magnas y declaraciones internacionales, pero que no son disfrutados por las mayorías sociales. Su éxito está vinculado a su respeto efectivo a la división de poderes propia del Estado de Derecho, porque las victorias solo son posibles si las instituciones aceptan que los derechos exigidos están recogidos en las cartas de derechos en vigor. Las organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, ponen en marcha esas estrategias jurídicas para conseguir pronunciamientos de las instituciones de Justicia que obliguen a los poderes públicos a garantizar el acceso del pueblo al contenido de los derechos fundamentales.

Pero nunca puede ser licito que estas técnicas jurídicas se utilicen con el fin político de pervertir el funcionamiento del Estado de Derecho, poniendo a las instituciones de Justicia al servicio de intereses políticos de las oligarquías locales o continentales, para conseguir la inhabilitación indebida de los contradictores u opositores políticos, decretando así la muerte política de líderes y organizaciones anti neoliberales.

Golpes jurídicos del siglo XXI

El Lawfare es la adaptación al Siglo XXI de la histórica estrategia de intervención de los EEUU en los asuntos de otros Estados, intervención que ahora se realiza con otra técnica de injerencia en la soberanía nacional de los países de la región, más discreta, sin golpes de Estado militares. La intervención jurídica es una opción igual de eficaz para derrocar a los gobiernos que no se someten a los intereses de las grandes trasnacionales

Esta guerra jurídica implica también un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina iniciados por la construcción de poder popular derivado de las revoluciones democráticas impulsadas por las nuevas fuerzas de izquierda anti imperialista y anti oligárquica. Así, el Lawfare se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.

Publicado en el Nº 329 de la edición impresa de Mundo Obrero octubre 2019

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