La Policía Federal de Brasil intenta meter en prisión a Dilma Rousseff La expresidenta denuncia el afán del Ministro de Justicia de perseguir a los adversarios políticos.

Gema Delgado 06/11/2019

La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff (2011-2016), destituida por un “Impeachement fraudulento, un crimen sin responsabilidades, como lo reconocen hoy casi todos”, incluido su sucesor Temer, según ella misma subrayó en su conversación con la redactora jefe de Mundo Obrero, sigue estando en el punto de mira del gobierno brasileño. La Policía Federal pidió ayer su detención pero el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, encargado de los procesos relacionados con la Operación Lava Jato (por la que metieron en la cárcel al ex presidente Lula), denegó la solicitud para su temporal detención.

Hace un mes, Mundo Obrero entrevistó a la Dilma Rousseff en la localidad madrileña de Rivas, en el marco de la Fiesta del PCE (MO Octubre 329). Vino para impulsar la campaña por la libertad de Lula y nos contó que en Brasil “tenemos una crisis en el sistema judicial desde que comenzaran a utilizar la justicia como un instrumento de destrucción del enemigo político” y que los procesos judiciales son parte de las guerras híbridas o golpes de Estado del siglo XXI. Nos explicó cómo desde que se rebelara la politización del proceso contra Lula, con la publicación de las conversaciones entre los fiscales y el juez que le encarceló sin pruebas -Sergio Moro, ascendido a Ministro de Justicia-, y tras las crecientes posibilidades de que se pueda invalidar el proceso, el Ministerio Público pidió que el ex presidente Lula cumpla condena en régimen semi-abierto.

Mientras Dilma, por todos los países que ha visitado, ha ido denunciando la corrupción de la democracia brasileña, el neofascismo de Bolsonaro y la implantación del Neoliberalismo, el aparato de Estado ha movido sus hilos para inmovilizarla y meterla también a ella en prisión.

Dilma Rousseff recibió ayer, lunes 5 de noviembre, una notificación de la Policía Federal para que “simplemente” fuera a declarar ante la justicia, pero por la tarde se enteró a través de la prensa de que había además una petición de detención para ella y otros miembros de su equipo de gobierno, según explicaron ayer los portavoces de Dilma en un comunicado.

La citación que recibió Dilma es por un proceso que investiga partidas de dinero a senadores y exsenadores durante la campaña electoral de 2014. El argumento utilizado por la policía para solicitar la detención es que estando en libertad “podían perjudicar la investigación”, a lo que el magistrado respondió que no había indicios de conductas concretas que evidencien la necesidad de una medida extrema.

“La solicitud de prisión es absurda al no estar ella investigada en el proceso y no haber sido llamada a prestar ninguna declaración (…) Es una cortina de humo y revela el esfuerzo inconsecuente del ministro de justicia, Sergio Moro en el afán de perseguir adversarios políticos. Sobre todo, hace visible y palpable el abuso de autoridad” expresan en el comunicado los portavoces de Dilma. También reconocen en este caso “el sentido común y la responsabilidad del magistrado del Supremo así como del propio Ministerio Público”.

El intento de detención no paralizó la agenda de Dilma que ayer mismo denunciaba una vez más al Gobierno de Brasil que “vende el futuro del país con la subasta programada para hoy de varios bloques petrolíferos, la cual será además un daño sin precedentes a la soberanía nacional”. La expresidenta consideró que será una pérdida irreparable “entregar nuestras riquezas naturales a los extranjeros y privar a los brasileños de los recursos que les pertenecen. Un verdadero crimen de daño a la patria, que solo la movilización nacional puede evitar”.

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