El independentismo se le apareció a la derecha nacionalista como la tabla de salvación para esconder su descarnada política de recortes socialesLa cuestión catalana ahora. Dónde estamos y cómo orientar nuestra acción Los comunistas hemos de intervenir en el diálogo político, directamente y a través de las confluencias UnidasPodemos y CatalunyaenComú con nuestras propuestas federalistas.

Antoni Montserrat. Economista y ex diputado del PSUC 29/11/2019


Tratar la cuestión catalana con los recursos analíticos del marxismo y en concreto las formulaciones leninistas fue un gran mérito del PSUC en el momento de su fundación en 1936 y del PCE, que siempre lo ha defendido desde entonces. De Dolores Ibárruri a Manuel Sacristán, dirigentes del PCE y del PSUC han estado de acuerdo en dos cuestiones fundamentales: la existencia de Cataluña como nación al atribuirle los rasgos de la tradición leninista que caracterizan una nación (historia, territorio, lengua, cultura, etc.) y al mismo tiempo la unidad de la clase obrera en su lucha por la emancipación, tanto a nivel de toda España como internacionalmente. En primer lugar, la unidad de la clase obrera en Cataluña con independencia de su origen, lengua o religión fue lo que permitió postular la voluntad de intervención propia, no supeditada a los partidos burgueses, intervención con un proyecto positivo, no la mera negación de la política que había defendido la tradición anarquista. El PSUC nace con un impulso paralelo al que supuso la creación de las JSU a nivel de toda España, esa voluntad unitaria de los sectores obreros que querían la transformación social. Esa actitud comportó también la lucha contra el falso y demagógico radicalismo de Lerroux en tiempos de la II República, el centralismo, que era factor de división de la clase obrera que solo favorecía a las derechas.

Así lo definimos en el programa del XVI Congreso del PSUCviu.

El PSUC es un partido nacional. Un partido que aspira a transformar la realidad nacional catalana bajo la dirección de la clase obrera para servir a los intereses populares. Es el partido del catalanismo popular, pero no es nacionalista. Ya antes de su fundación en el pensamiento socialista y más específicamente marxista catalán , se había desarrollado la idea de que se necesitaba un Partido Autónomo de la clase obrera, no sujeto al nacionalismo, para defender los derechos nacionales y de clase. En oposición a la tradición apolítica cultivada por la CNT y del interclasismo de los que apelaban a votar a partidos pequeño-burgueses , el PSUC nació como partido nacional en1936, asumiendo los principios leninistas sobre la cuestión nacional y de hecho el propio comunismo como se definía en ese momento. Desde entonces, ha defendido el derecho de autodeterminación, incluida la separación, pero siempre partidario de la unidad con la clase trabajadora en toda España. Esto significa hoy defender la República Federal.

Esta ha sido una de las características definitorias del PSUC a lo largo de su ya larga historia, que le permitió articular la lucha contra el franquismo a nivel de masas. Libertad, amnistía, estatuto de autonomía y coordinación con los otros pueblos de España, eran los cuatro puntos de la Asamblea de Cataluña.

Esta misma concepción siempre nos ha llevado a manifestar que somos un solo pueblo, a defender el idioma y la cultura en las universidades catalanas y para todas las enseñanzas, en la calle, la administración, los medios de comunicación, Así como la igualdad de todas las personas independientemente de su opción cultural y lingüística. La inmersión lingüística en la escuela se ha interpretado interesadamente mal: no se trata de discriminar el castellano, omnipresente en Cataluña, sino de facilitar que todo el alumnado de lengua materna castellana acceda al bilingüismo y que no se formen guetos lingüísticos que pueden ser factor de división artificial entre los trabajadores.

Esa política guió al PCE y al PSUC durante la guerra y bajo el franquismo y orientó una parte de los propios debates constituyentes en 1978, como por ejemplo, la explicitación de la existencia de nacionalidades y regiones en el art. 2 CE78.

Pero como en otros muchos puntos de la Constitución el modelo autonómico no corresponde ya a las demandas de la población. Nuestro modelo federal y republicano está mucho más adaptado a las necesidades actuales. Hemos vivido un proceso de involución del sistema autonómico desde el propio intento de la LOAPA. La progresiva degradación de la autonomía condujo al Tripartito (PSC, ERC, ICV-EUiA) a presentar el nuevo Estatuto. Fue aprobado aquí, luego revisado en su paso por las Cortes, y finalmente votado en referéndum. Fruto de las sucesivas interpretaciones restrictivas del marco autonómico, y sobre todo de la frontal oposición del PP, el Estatuto fue ampliamente recortado incluso en puntos que se admitieron en otras reformas estatutarias. A lo largo de los años el cambio en las funciones y las atribuciones del Tribunal Constitucional fueron contribuyendo a que el debate político se transformase en materia judicial con capacidad de penalización. Esta involución ha afectado al ejercicio de las libertades –afectando a toda la ciudadanía española— como con la ley mordaza y los derechos sociales como con el nuevo art 135 que antepone los bancos y otros prestamistas a las personas. Todo esto es sabido, como lo son las marrullerías de CiU, habitual socia del PP o del PSOE para la gobernación de España.

Contra el recorte del Estatuto surgió una amplia oposición, en la que en principio participamos no solo nosotros, el PSUCviu y las confluencias, sino el propio PSC, hasta que se impuso la consigna de independencia para ese movimiento opositor a la recentralización deseada por el PP. Y la consigna caló en amplios sectores de la población catalana. El independentismo siempre había sido minoritario. Con la llegada de la crisis, el independentismo se le apareció a la derecha nacionalista como la tabla de salvación para esconder su descarnada política de recortes sociales, en sanidad, educación y dependencia y sobre todo en derechos laborales, en alegre coincidencia con la derecha española.

Todo esto es sabido. El conflicto político se ha judicializado al extremo. Y los errores y abusos de los dirigentes independentistas lo han propiciado con la desobediencia expresa y las propuestas antidemocráticas en las sesiones del 6 y 7 de setiembre de 2017, que rompían formalmente el marco estatutario y constitucional tal como denunció Joan Coscubiela. Y por una declaración de independencia jurídicamente confusa e inconcreta, y rápidamente negada y sobre todo por un referéndum no pactado, pero en el que participaron millones de catalanes. Después en las autonómicas se confirmó la mayoría parlamentaria independentista, a pesar del art 155. Y luego irregularidades como el mantenimiento en prisión de dos personas que ni impidieron la acción de la justicia y que han sido acusados de rebelión con el único objetivo de que pudiesen ser juzgados no por el juez natural sino por el Tribunal Supremo. Juan Moreno, del equipo jurídico de IU, ya ha analizado en Mundo Obrero de octubre la incongruencia del proceso y de la sentencia, con unas penas desmesuradas, que ha indignado a una amplia mayoría de la sociedad catalana. Ante esa sentencia ha habido una doble reacción del mundo independentista, la manifestación pacífica, pero siempre con la misma consigna errónea, la petición de independencia –que sólo acepta explícitamente la mitad de la población de Cataluña—, cuando de lo que se trata es de diálogo con los poderes políticos del Estado, que ha respondido solo con represión policial y judicial. Y por otro lado la reacción violenta y aislada, muy minoritaria pero muy televisiva. En el diálogo político hemos de intervenir los comunistas directamente y a través de las confluencias UnidasPodemos y CatalunyaenComú con nuestras propuestas federalistas.

La judicialización de la política es coherente con los esquemas profundos del neoliberalismo: de las tres funciones del Estado, gobierno de las personas, administración de las cosas y producción y reproducción de la fuerza de trabajo, se trata de imponer un control más elevado de las personas (ley mordaza, reforma del Código penal, restricción de las libertades de expresión y manifestación), privatizar al máximo las cosas en busca de nichos de beneficio (en sanidad, en educación, en servicios sociales, con la mochila austríaca y debilitar el papel de los trabajadores directamente en su remuneración y estatuto y en abaratar los costes de la reproducción ( salario indirecto y diferido, mantenimiento de la mujer en posición subalterna).

Por eso CiU reprimió en su día violentamente la concentración pacifica del 15-M en Pl Catalunya o pidió elevadas penas para quienes rodearon con presiónpero sin violencia el Parlament.

El independentismo ha dejado sin salida a una gran parte de la población, especialmente juvenil. La provocación en que ha caído un pequeño grupo infiltrado por la policía (caso Judas) denunciada por el PSUCviu es un ejemplo. Pero más importantes son las noches de barricadas de fuego de la semana de la sentencia. Muestran la irresponsabilidad del gobierno de Torra que usa un doble lenguaje: de día asiste a manifestaciones pacíficas y de noche reprime a los más exaltados enviándoles a los Mossos.

Las barricadas de Barcelona representan un tipo de protesta con el que no estamos de acuerdo ni por su objetivo político ni por sus métodos. El método no es desconocido. Desde la explosión de Seattle 1999 se ha teorizado en clave anarquizante la distinción entre daño a los bienes y violencia contra las personas, y se ha postulado en Génova, con el blackpower, con Anonymous, que en un mundo en que rigen solo las imágenes, solo los daños contra los bienes son noticiables. Pero esto es caer en la misma trampa de la sociedad del espectáculo en que quieren que vivamos. La realidad la construyen las masas, no grupitos aislados, que expresan solo la debilidad del movimiento y acaban siendo contraproducentes.

Por debajo de las barricadas y la guerra de banderas surgen sin embargo elementos de lucha real por los intereses de las clases populares. Así se ve en la vitalidad de la lucha de las mujeres contra la violencia machista o con la de los pensionistas con sus concentraciones semanales y en especial con la gran concentración en Madrid. Y aquí en la transversalidad que está adquiriendo la oposición al proyecto de privatización de los servicios sociales (Ley Aragonès presentada al Parlamento de Cataluña). Aunque sea quizá anecdótico contra esa ley confluyeron el lunes 4 de noviembre la concentración semanal de los pensionistas en Pl. Universitat y la acampada de estudiantes que allí mismo se ha instalado.

Dos grupos a nivel global están luchando contra el neoliberalismo, los perdedores relativos y los perdedores absolutos y una gran parte de los estudiantes movilizados se saben perdedores relativos. No tendrán las mismas opciones que sus padres, aspiran a una nueva sociedad. Para esa nueva sociedad tendrían que aliarse con los perdedores absolutos, ese medio millón de catalanes que está económicamente contra las cuerdas, y con el conjunto de las clases populares. Se trata de que todos los potenciales perdedores y los que ya ahora estamos en situación de regresión de rentas sepamos ver cuáles son nuestros intereses colectivos y nuestra fuerza.

Se ha dicho que resulta incongruente que la rebelión aparezca en las ciudades ricas. En el caso de Barcelona como en el del Madrid del 15-M, por debajo de la renta per cápita o PIB existe una distribución cada vez más desigual de la renta, unos desniveles de servicios y educación, una percepción creciente de injusticia y la expresión de la precariedad y la vulnerabilidad. Pero además en el caso catalán se da una doble discriminación fiscal: por un lado un retraso en las inversiones públicas, que quiso paliar la adicional 3ª del nuevo Estatuto y que el estado ha incumplido, y por otra una aportación fiscal positiva como debe ser pero que coloca al gasto público en Cataluña por debajo del de otras comunidades autónomas (no rige el principio de ordinalidad, aportar, sí, pero no a costa de la población). Caso parecido es el de Valencia. Estos son los problemas reales, apuntados en el Estatuto, pero no resueltos. Para resolver estos problemas y otros parecidos se debe llegar a una solución federal, con competencias claras, que no puedan modificarse sin reforma constitucional y no como ahora en que las competencias se pueden renegociar una y otra vez y se convierten en objeto de regateo entre los partidos. Pero, es más, hay que conseguir también la aplicación plena del principio democrático, con la supresión de la Monarquía, impuesta en su día, y que significaría el final de la transición y la ruptura con los resabios franquistas en nuestro ordenamiento constitucional.

Esta exigencia de renovación profunda de la democracia está ahora enmascarada en el caso catalán por el carácter identitario, divisor, del movimiento independentista. Esta renovación antineoliberal es la que ha aflorado con componentes contradictorios en Ecuador, en Perú, en Chile, en el Líbano, con los chalecos amarillos en Francia. Se suman ahí como en todos los momentos de aguda fricción social elementos nuevos con el resurgimiento de viejas opciones. Nuestra tarea es desvelar lo nuevo y potenciarlo, por ejemplo, la lucha contra la precariedad con el resto de la lucha de clases, la reivindicación antipatriarcal y la lucha contra la emergencia climática.

Se trata, pues, de partir de una realidad, la existencia de la nación en contra de quienes defienden que esta es una pura invención de intelectuales. Las naciones existentes son fruto de una larga evolución histórica que toma cuerpo político en la sociedad capitalista. Nosotros somos internacionalistas, no nacionalistas, en el sentido de que no ponemos por delante de todo la nación, sino las clases sociales, porque el nacionalismo de todo signo, sea español, el más fuerte y estructurado, o catalán, ahora en debate, tienden a enmascarar las relaciones sociales, la lucha de clases. Pero por supuesto creemos que España existe, como Cataluña también. Se trata de articular estas dos realidades. Defendemos que los sentimientos nacionales, como los religiosos o cualquier otra forma de componente de la identidad individual tienen que expresarse libremente pero a diferencia del austromarxismo y algunos autores actuales, los obreros de Bohemia tenían todos el mismo interés, hablasen checo o alemán. También justificamos nuestra posición federalista no en una teoría de la descentralización predicable en cualquier país. Por ejemplo, los Estados Unidos son federales, pero una sola nación. En cambio, Canadá son dos naciones que han encontrado la fórmula para su relación mediante la federación. También es discutible la visión juridicista y libresca de que Cataluña no tiene derecho a decidir su destino porque no es una colonia. En definitiva, como hace la declaración de Granada, los socialistas del PSOE se quedan a medio camino con el peligro de acabar defendiendo la autonomía nacional-cultural, que en el caso de Cataluña llevaría a una separación en dos pueblos distintos. Esta visión no explicaría la separación de Chequia y Eslovaquia, la de Noruega y Suecia o el proceso de federalización de Bélgica. Pero no defendemos la separación sino la solución federal.

En este sentido, el presente debate en Catalunya en Comú se ha centrado en defender que el derecho a decidir debe ejercerse a través de un proceso que culminará en un referéndum vinculante del pueblo de Cataluña. Este proceso implica, en primer lugar, una negociación y un acuerdo con el Estado: estamos en contra de cualquier vía unilateral. Y, en segundo lugar, un debate pausado y sereno en el seno del pueblo catalán, que aplique el consenso a los procedimientos, plazos y derechos de todos los ciudadanos implicados, incluido el carácter vinculante de la consulta. Debemos aceptar que hoy no hay condiciones para esta consulta, y que habrá un largo proceso para lograr un clima de entendimiento que lo haga posible. Entendimiento que tiene que pasar por una evolución paralela del nacionalismo español y de las fuerzas políticas de la izquierda española.

Publicado en el Nº 330 de la edición impresa de Mundo Obrero noviembre 2019

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