Una empresa enemiga de los trabajadores en el marco de la UE de los monopoliosRyanair cierra bases y deslocaliza trabajadores para burlar la legislación laboral española En Polonia se permite que la tripulación de cabina de pasajeros trabajen como autónomos sin vinculación laboral con la aerolínea, igual que los riders

Olga Sainz de Aja. Abogada
Roberto Barrios Gil 06/03/2020

Una fotografía de Ryanair siempre sale movida, ya que es un modelo de negocio en constante mutación del que se obtienen ingentes beneficios explorando los recovecos y las lagunas de las leyes europeas y copándolos de fraude e impunidad.

No fue hasta el mes de enero del año pasado que el Tribunal Supremo, en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de septiembre de 2017, reconoció a los trabajadores de Ryanair en España la aplicación de nuestra legislación. Sólo veinte días antes se firmaba un acuerdo de desconvocatoria de huelga por el que la empresa ya se había comprometido, entre otras, a aplicar la legislación española a todos sus trabajadores y a reformular su ilegal modelo de negocio de contratación para respetar las ya de por sí muy escasas leyes españolas.

La empresa se comprometió a negociar un convenio colectivo que regulase bajo la norma española las relaciones con los trabajadores, así como a sustituir su práctica de contratar trabajadores a través de empresas pantalla, formulando la subcontratación en los supuestos permitidos por el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (ET), sin incurrir en cesión ilegal de la mano de obra. Es decir, que se comprometían a cumplir la ley.

Escasamente un año más tarde, no hay convenio, siguen operando a través de “agencias” de contratación ilegales en España, y hay más de trescientos trabajadores despedidos en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que a todas luces lo que subyace es una nueva reformulación del negocio y marca comercial, así como la voluntad de quebrar la unión sindical de los trabajadores.

La cesión ilegal que se da entre las mal llamadas “agencias” Crewlink y WorkForce, también irlandesas, y Ryanair (que contrata a su personal en toda Europa a través de éstas) ha sido constatada por siete Inspecciones Provinciales de Trabajo en nuestro país. Sin embargo, no se ha instado desde el Ministerio de Trabajo a regularizar los contratos y que sean los trabajadores quienes elijan si quieren integrarse directamente en la plantilla de Ryanair. Una conducta muy diferente a la que se tuvo hace años con AirEuropa, obligando a regularizar en menos de una semana casi 2.000 contratos de trabajo; resulta tangible el poder de la sacrosanta conectividad que blande Ryanair contra España y Europa, tolerando nuestras instituciones el monstruo trasnacional al que nunca debería haberse alimentado.

Boicoteando un convenio colectivo

Tampoco existe ningún tipo de convenio ni acuerdo que regule las relaciones laborales, dado que la empresa ha venido reiteradamente negándose a constituir la comisión negociadora para este convenio, y ello a pesar de que los trabajadores eligieron a sus representantes el pasado 1 de julio. Para escapar a la negociación del convenio se ha pretendido imponer que se negocie en Irlanda, corriendo los trabajadores con todos los gastos de dichos desplazamientos, y que sea negociado en inglés. ¿Cómo registraría el Ministerio español una norma en un idioma no oficial? Sería imposible.

Es sin duda muy beneficioso para la compañía aérea que mejores resultados económicos arroja en Europa mantener a los trabajadores fuera de la legalidad de los países en los que establece sus bases. Así no pagan el salario mínimo ni por las guardias que realizan en tierra, exclusivamente pagan a los trabajadores por las horas de vuelo sin tener ningún salario base. No existen para estos Tripulantes de Cabinas de Pasajeros (TCPs) las pagas extraordinarias, tampoco la prevención de riesgos laborales, no tienen siquiera la propiedad de sus exámenes médicos puesto que la empresa les obliga a cedérsela.

En este escenario de flagrante incumplimiento de las leyes españolas, Ryanair anunció en los medios de comunicación que iba a realizar un despido colectivo para cerrar las Bases de Girona, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife y comunicó la misma intención a los Sindicatos en el mes de julio.

Pasando del Ministerio de Trabajo

Como reacción a la amenaza de cierre de bases por un motivo meramente temporal y totalmente ajeno a las singulares bases españolas que se han cerrado, se convocó huelga para los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 ,27 y 29 de septiembre de 2019, cuyo objetivo era evitar el cierre definitivo de las bases. En el seno de las negociaciones de dicha huelga, la Dirección General de Trabajo (DGT), dependiente del Ministerio de Trabajo, propuso a Ryanair que dejara sin efecto las cartas que había notificado a los trabajadores anunciando el ERE y creando un grupo de trabajo entre las Administraciones Públicas con la empresa y que ésta se sentase a negociar un convenio con los representantes elegidos, procediendo éstos a desconvocar la huelga. La empresa, instalada en la negativa a toda negociación, rechazó la propuesta del Ministerio español y dedicó todas sus energías a boicotear la huelga con graves vulneraciones a los derechos de los trabajadores.

En represalia por la convocatoria de huelga, Ryanair comenzó con sus habituales amenazas y métodos de extorsión: el máximo responsable de recursos humanos publicó un video con los nombres, apellidos y la base en la que trabajaban los miembros del Comité de Huelga, pidiendo a la plantilla que les obligasen a su desconvocatoria. Es más, trabajaron duramente para conseguir delatores en cada una de sus bases. Como no funcionó la estrategia con unos trabajadores que llevan tres años luchando por tener los mismos derechos que el resto de trabajadores españoles, comenzaron los despidos y las sanciones contra los miembros del Comité y contra todo aquel que ejercía el derecho de huelga sin tolerar injerencias. Las coacciones a la plantilla fueron constantes durante el mes en que se produjeron los paros. Tampoco ayudó al seguimiento de la Huelga el Decreto de Servicios mínimos del Ministerio de Fomento, que concedía a Ryanair operar el 100% de los vuelos en las Islas Canarias, las mismas que han cerrado unos meses más tarde deshaciéndose de la totalidad de la plantilla.

Habiendo anunciado el Despido Colectivo de más de 300 TCPs en el mes de julio, en octubre, y tras la convocatoria de Huelga, Ryanair inició los trámites formales para el despido y el cierre de las bases de Girona, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Con ello reducía una plantilla de más de 1.800 TCPs en España a una plantilla de unos 1.400 trabajadores.

Las causas organizativas y productivas alegadas por Ryanair se han motivado esencialmente en el retraso del pedido de los aviones MAX, el alto coste del combustible a Canarias, así como los horarios intempestivos en los que la propia compañía decide operar para reducir sus costes. Durante el mes que duró la negociación del expediente de despido, la única postura de la empresa era el cierre irrevocable, ofreciendo a un aproximado del 13% recolocaciones en otras empresas del grupo y todas ellas fuera de España.

Juego de los trileros

Sin embargo, Ryanair no va a dejar de operar en las bases españolas que ha cerrado sino que va a sustituir a través de sus marcas Laudamotion y MaltaAir. Con la primera ya han comenzado a abrir bases españolas y ya operan vuelos a y desde Lanzarote, una de las bases cerradas cuyos trabajadores han sido despedidos. La inoperancia de la Unión Europea permite la generación de estos compendios trasnacionales, sin que los Estados Miembros realicen actuaciones efectivas para garantizar mínimas condiciones a los trabajadores.

Estos cierres se producen con la final pretensión de deslocalizar las bases y aprovechar las lagunas en las legislaciones de los Estados Miembros. En tanto en cuanto la Unión Europea es la unidad de los intereses capitalistas y los monopolios, articulándose de tal manera que se hace difícil la unidad de los trabajadores, existirán monstruos amamantados al calor neoliberal que aplican manu militari su propia ley en nuestros países, ignorando los Parlamentos, los Ministerios, las resoluciones judiciales y, en definitiva, pasando por encima de todo y de todos para conseguir más y más beneficios.

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EL MODELO POLONIA Y LEY DE LA SELVA

La apertura de bases para operar a las Islas Canarias desde Polonia y Hungría significa para Ryanair un nuevo abanico de posibilidades para mantener e incluso empeorar las indignas condiciones a la plantilla de TCPs. En estos países, donde sí interesa a la empresa aplicar las leyes nacionales, se permite la contratación de tripulantes de cabina como trabajadores autónomos sin relación laboral con la compañía aérea. Qué mejor que no tener coste laboral directo para una empresa que ya se dedica a la subcontratación ilegal. Es el modelo de los riders aplicado al sector aéreo. Siendo conscientes de que es el peor escenario que podemos plantearnos, ¿qué sucedería ante un accidente aéreo en aviones de Ryanair con TCPs autónomos? Esos trabajadores, posibles víctimas del accidente, ¿deberían indemnizar a los pasajeros y sus familias?

Este espigueo -palabra con la que se conoce la utilización de una legislación nacional mientras se toma parte de otra legislación de una nación diferente a mejor conveniencia de la empresa-, si se permite como nuevo modelo productivo, despoja a todos los trabajadores europeos de sus derechos, y lo que es aún más peligroso, es susceptible de extenderse, deslocalizando ya no la producción sino la propia formalización de las contrataciones aprovechando el “espacio económico común”.

Publicado en el Nº 332 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2020

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