Publicado en el Nº 246 de Nuetra Bandera | Marzo 2020El mundo del trabajo, el movimiento obrero y los retos del nuevo Gobierno

Enrique Santiago Romero. Secretario General del PCE 30/03/2020

Este artículo ha aparecido en el número 246 de marzo de 2020 de Nuestra Bandera, revista de debate político y teórico del PCE, número dedicado al concepto de trabajo y la clase obrera en la España de hoy.


Durante el mes de febrero concluyó su visita a España el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, el australiano Philip Alstron. Su informe ha sido demoledor, vergonzante, para un país que presume de estar entre las diez principales economías del mundo.

En los últimos años, en España ha aumentado la pobreza hasta alcanzar una de las peores situaciones de la Unión Europea, mientras que se han incrementado los beneficios de los ricos y las empresas, quienes además pagan menos impuestos que antes de la última recesión. El relator afirma que hay dos Españas muy diferentes: una, la que conoció como turista, que es un país rico culturalmente, diverso, próspero… y otra, la que acaba de conocer como relator de la pobreza, en la que ha visto un país con «un porcentaje inusual de población que vive al límite y tiene dificultades para sobrevivir».

En 2018, más del 55% de la población tenía dificultades para llegar a fin de mes. El 26,1% de los habitantes de España y el 29,5% de los menores se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y el 5,4% sufre privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la Unión Europea, y sobrepasa el 30% para los menores de 25 años.

Para el experto, «los niveles de pobreza en España reflejan decisiones políticas» adoptadas durante la última década. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante subieron menos de un 2%; a la vez, se ha decidido recaudar menos impuestos, lo que impide al Estado dedicar recursos a protección social.

Las medidas aplicadas tras la última crisis han dejado atrás a la mayoría de las personas trabajadoras, que ahora no tiene garantizado salir de la pobreza ni siquiera teniendo un empleo, a la vez que encuentran más dificultades para acceder a mecanismos de redistribución y compensación social al tener que recurrir a servicios públicos fragmentados que han sufrido serios recortes después de 2008.

El diagnóstico del relator se resume en pobreza generalizada, alto nivel de desempleo, dificultades de acceso a una vivienda y un sistema fiscal injusto. A ello se le añade unas relaciones laborales que, tras las reformas de los años 2010 y 2012, han eliminado o debilitado los escaso mecanismos con que contaban los trabajadores para limitar la voracidad empresarial a la hora de recortar derechos.

La reforma del año 2010 fue llevada adelante por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) cuando el desempleo alcanzaba un 20,30% en España —la tasa más alta desde hacía trece años—, con el iluso y erróneo convencimiento de que las políticas de desregulación y pérdida de derechos permitirían que los inmensos beneficios económicos obtenidos por los sectores de la economía improductiva y especulativa, que se habían beneficiado de las políticas económicas neoliberales, se dirigieran a la creación de empleo. Esta reforma laboral se centró en el abaratamiento del despido mediante la generalización del contrato con indemnización por despido de treinta y tres días o la posibilidad de despedir con solo veinte días de indemnización cuando una empresa alegara pérdidas económicas. A ello se acompañaron medidas de mayor control sobre los trabajadores y desempleados, como si acaso los escasos salarios y las reducidas prestaciones por desempleo fueran responsables de la crisis económica. Se facilitó el despido por faltas al trabajo, así fueran justificadas, y el uso generalizado de contratos con reducción de jornada, permitiendo en la practica la multiplicación de salarios inferiores al mínimo legal, medida que no fue acompañada de la puesta en marcha de mecanismos de control eficaces para evitar el fraude empresarial. También se debilitó la negociación colectiva —concretamente la parte social o laboral— permitiendo el «descuelgue» o posibilidad de que las empresas no apliquen determinadas cláusulas pactadas en los convenios colectivos.

Las políticas de desregulación y pérdida de derechos laborales fueron endurecidas durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), con la aprobación de la segunda reforma laboral, en el año 2012. Con los índices de desempleo más altos de la historia, un 26% de la población activa, casi seis millones de personas, tras la reforma laboral del año 2010 era evidente que las políticas económicas neoliberales y sus correlativas laborales de desregulación y pérdida de derechos de las personas trabajadoras eran incapaces de mejorar el empleo y la calidad de este, especialmente los niveles de ingresos de la clase trabajadora. Ni se acababa con la degradación de un Estado social en vías de extinción ni se invertía la situación desesperada de empeoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo. Los datos objetivos y empíricos, racionales a fin de cuentas, no son suficientes para gobernantes al servicio o sometidos a sectores económicos sustraídos al control del Estado por mor de la desregulación neoliberal que, obviamente, no van a perder ninguna oportunidad de incrementar sus beneficios por el hecho de que cada vez más personas sufran unas condiciones de vida indignas, pura pobreza, en uno de los países más desarrollados del mundo.

Esta segunda reforma laboral facilitó aún más el despido centrándose en el abaratamiento de los pocos contratos indefinidos, así como aumentando las causas de despido objetivo no solo a la acreditación de pérdidas económicas, sino a la «previsión» de tenerlas en el futuro, o simplemente por acreditar reducción de ingresos. Se introdujeron más medidas para facilitar el despido por absentismo laboral, incluida la legalización del despido por ausencias debidas a baja laboral por enfermedad. Se abarató la contratación mediante la reducción de cotizaciones sociales empresariales y la aprobación de nuevas bonificaciones a las empresas. Pero, sin duda, el contenido más pernicioso de esta reforma laboral fue la práctica anulación de la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos y la representación de los trabajadores, despareciendo cualquier vestigio de equilibrio social entre las partes y siendo sustituido el ius variandi empresarial —capacidad legal de dirigir el proceso productivo— por un auténtico imperium —una capacidad arbitraria e ilimitada de organización de las relaciones laborales—, ahora permitido gracias a la aprobación del «descuelgue convencional», es decir, la desvinculación empresarial del convenio que regule su sector y poder decidir el empresario unilateralmente las nuevas condiciones de trabajo. Además, se otorgó prioridad a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior y se puso fin a la ultraactividad indefinida de los convenios. Otra de las medidas fue la rebaja salarial generalizada, permitiendo a los empresarios modificar el sueldo de sus trabajadores sin previo acuerdo. También se suprimieron los incentivos existentes desde 2006 para los contratos por reincorporación de las mujeres tras el permiso por maternidad y desaparecieron las bonificaciones empresariales a la Seguridad Social para los contratos indefinidos de las mujeres que regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad o una excedencia por cuidado de hijos. Finalmente, la aprobación de distintas medidas para la aceleración de la puesta en marcha de expedientes de regulación de empleo (ERE) y la limitación de la intervención de la Administración pública para verificar el cumplimiento de los requisitos para su aprobación dieron como resultado la proliferación de despidos colectivos. Como se puede apreciar, buena parte de las medidas contenidas en estas reformas laborales, especialmente en la de 2012 de Mariano Rajoy, no eran estrictamente económicas o laborales, sino más bien políticas, al tener como uno de sus objetivos el debilitamiento de los sindicatos y en general de la representación de la clase obrera en las empresas y centros de trabajo. Es decir, buscaban la consolidación de un nuevo marco de relaciones laborales, puramente neoliberal y desregulado, donde la arbitrariedad y unilateralidad empresarial prevalecieran tras debilitarse hasta desaparecer la capacidad de intervención de la clase trabajadora para regular las condiciones y relaciones de trabajo. La oligarquía y las fuerzas políticas de la derecha que la soportan nuevamente obviaban principios básicos constitucionales, a pesar de estar todo el día haciendo falsa ostentación de su supuesta defensa de los valores constitucionales.

En este caso ignoraron el artículo 37 de la Constitución, que establece la garantía al derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

La desaparición de la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales respecto a los convenios colectivos de empresas, la desaparición de la ultraactividad de los convenios una vez expirado su plazo de aplicación sin haberse negociado uno nuevo, las facilidades para el «descuelgue» empresarial del convenio en vigor, la generalización de la subcontratación, la temporalidad y eventualidad en la contratación, el abuso de los contratos de jornada reducida, las facilidades y abaratamiento al despido son medidas que finalmente han tenido como resultado que cada vez más personas trabajadoras cobren escasamente el salario mínimo o sueldos muy reducidos en el caso de trabajar una jornada completa, o bastante menos en los casos de contratos de jornada reducida, condiciones que hacen imposible llevar una vida digna, llegar a final de mes o sostener a una familia.

En enero de 2020 finalmente en España se puso en marcha el primer Gobierno de coalición de fuerzas de izquierdas tras la II República. Más de ochenta años después del Gobierno del Frente Popular, el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha posibilitado la entrada en el Gobierno con cinco ministros y ministras, por primera vez desde la aprobación de la Constitución de 1978, de una fuerza de izquierda transformadora y alternativa a la izquierda de la socialdemocracia. El PCE se enorgullece de ello y de que dos de estos ministros y ministras sean militantes comunistas: el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha situado como prioridad reformar las leyes laborales para recuperar los derechos perdidos por la clase trabajadora a consecuencia de las reformas laborales de 2010 y 2012.

De hecho, las primeras medidas ya adoptadas por el nuevo Gobierno, por impulso del Ministerio de Trabajo y con el aval de un acuerdo entre sindicatos, Gobierno y organizaciones empresariales —recuperando así un dialogo social que no existió durante los Gobiernos de mariano Rajoy—, ha sido la subida del salario mínimo interprofesional de un 6%, a lo que ha seguido una subida salarial a empleados públicos con recuperación de la capacidad adquisitiva perdida en los últimos años, y una subida de las pensiones de jubilación para 2020 por encima del incremento de IPC anual de 2019.

El acuerdo programático alcanzado entre Unidas Podemos y el PSOE para poner en marcha el Gobierno de coalición incluye expresamente la derogación de la reforma laboral de 2012, además de establecer como principales y urgentes objetivos derogar el despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, eliminar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo recuperando la ultraactividad, limitar los «descuelgues empresariales» de los convenios y derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. También se contempla la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, previo diálogo con los agentes sociales y puesta en marcha de un grupo de trabajo para su redacción integrado por expertos del ámbito académico y profesional. El nuevo Estatuto de los Trabajadores deberá recuperar los derechos laborales y sociales arrebatados a la clase trabajadora durante los últimos años e incluso incorpora mecanismos de exigibilidad automática de los derechos sociales, económicos y laborales propios del mundo del trabajo. El acuerdo programático también contempla modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios ajenos a la actividad principal de la empresa, la continuación de la subida paulatina del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio en España, aproximadamente 1.240 euros, y otras medidas sobre políticas activas de empleo, causas de despido y potenciación de la formación profesional, con el fin de reducir sustancialmente el desempleo juvenil y mejorar las condiciones salariales y laborales de la juventud en España. Probablemente las fuerzas del capital no van a poner fácil el trabajo del Gobierno de coalición ni el cumplimiento del programa acordado, en especial en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y la recuperación de los derechos de la clase obrera. El último Gobierno de coalición de fuerzas progresistas fue interrumpido en 1936 por un golpe militar, seguido de una guerra y de una dictadura militar de cuarenta años. El contexto ha cambiado y no es probable una repetición de esta situación, pero la oligarquía actual es la heredera de las derechas que provocaron el golpe del 36 y lo que vino después, y su escaso apego a la democracia es evidente. Conjurar estos riesgos exige activar la vía democrática de la organización de las movilizaciones sociales y sindicales que acompañen nuestra acción de gobierno, movilizaciones que son la única herramienta que puede ganarle este pulso a las fuerzas del capital. Para ello es necesario que las organizaciones sindicales de clase sean conscientes de que deben combinar el dialogo social y la reivindicación sociolaboral con la capacidad de movilización sindical. No es lo mismo abordar una mesa de diálogo con la clase trabajadora desmovilizada que con cientos de miles de personas trabajadoras movilizándose contra la deslocalización industrial, el cierre de industrias electrointensivas, el vaciamiento de la España interior o el fortalecimiento de la función de los sindicatos en la negociación colectiva. Incluso para el actual Consejo de Ministros y Ministras será más sencillo aprobar varias de las medidas incluidas en el acuerdo programático de Gobierno de coalición —aquellas que sin duda contarán con la oposición de las oligarquías y las fuerzas de la derecha— con el clamor a favor de la clase trabajadora organizada y movilizada en las calles. Por ello, saludamos la medida adoptada por Comisiones Obreras a finales del año 2019 de constituir una primera caja de resistencia de un millón de euros para dar apoyo a las hipotéticas huelgas laborales que sea necesario poner en marcha en 2020 para acompañar el proceso de recuperación de derechos laborales y sindicales que debe emprender el actual Gobierno de coalición.

No olvidamos que uno de los principales objetivos políticos en la actual coyuntura, para las organizaciones que pretendemos representar a la clase obrera, es dar un impulso a la tarea de construcción de bloque social a través de la organización del conflicto social y el incremento de la movilización sindical, social y popular, exigiendo el cumplimiento y puesta en marcha de las medidas acordadas en el acuerdo programático alcanzado. El Gobierno no puede ser exclusivamente de las fuerzas políticas que lo componen, sino que debe ser asumido por la clase trabajadora como propio, incorporándose a las tareas de su defensa y de exigir su cumplimiento. Necesitamos trascender urgentemente el actual estadio de coalición electoral de Unidas Podemos y, como hemos acordado innumerables veces en el Partido Comunista de España (PCE) y en Izquierda Unida, impulsar el proceso de convergencia política del que resulte el movimiento político de amplia base social que nos permita construir una mayoría social que sustente este Gobierno y nos proyecte a una más amplia mayoría electoral.

Esta necesidad política la hemos identificado y señalado en las últimas reuniones del Comité Central del PCE, situando como tareas inmediatas construir una sólida base político-organizativa de Unidas Podemos que aumente su apoyo social y electoral, y así nos permita superar las contradicciones propias de la tarea de gobierno y solventarlas a favor de la clase trabajadora. Y, en especial, crear alianzas con las organizaciones sociales y sindicales y las expresiones organizadas del conflicto social para lograr el acompañamiento social y popular a la tarea política de gobierno, es decir, a las tareas y movilizaciones necesarias para el cumplimiento y puesta en práctica del máximo de contenidos del acuerdo programático alcanzado para su implementación por el Gobierno de coalición.

El papel que el PCE ya viene realizando en esta nueva etapa debe priorizar estrechar las relaciones de las organizaciones sindicales, CC OO especialmente, pero también otros sindicatos como la UGT, la CGT o la Intersindical, con el espacio UP.

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